Preocupa el avance del delito en las rutas: crece la atención sobre la piratería del asfalto

La Mesa Interempresarial contra la Piratería de Camiones volvió a reunirse en un contexto de creciente preocupación por el delito organizado en las rutas argentinas.

Integrada por representantes de empresas, operadores logísticos, aseguradoras, funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad, la Mesa busca impulsar estrategias coordinadas para prevenir y sancionar los robos de mercadería en tránsito, un fenómeno que impacta de lleno en la economía formal y en la seguridad vial.

Durante el encuentro, se discutieron las últimas resoluciones vinculadas a la persecución penal del crimen organizado, como la recientemente publicada Resolución 2725/2025 de la Procuración General de la Nación, que amplía herramientas para los fiscales en delitos complejos. Según uno de los participantes, “lo interesante es que incluye a la piratería del asfalto como parte del entramado delictivo transnacional, con estructuras jerárquicas, lavado de activos y comercialización ilícita”.

El debate se centró también en la creciente visibilidad de empresas involucradas, de forma directa o indirecta, en la venta de mercadería robada. “La responsabilidad de las personas jurídicas empieza a estar más en la mira. Ya no hablamos solo de monotributistas con una factura trucha: hay sociedades formalmente constituidas que entran en el circuito ilegal”, se advirtió durante la reunión.

Nuevas herramientas para controlar y trazar los movimientos en ruta

En paralelo, se abordó el avance del Registro de Autorización de Conductores (RAC), una herramienta digital que permite a las empresas designar y controlar qué choferes están autorizados a manejar sus vehículos. Esta medida, impulsada desde el Gobierno nacional, busca reducir la informalidad y facilitar los controles en ruta. “Es un paso importante para empezar a separar la paja del trigo. Necesitamos saber quién está realmente habilitado para conducir”, afirmó un referente del sector.

Los representantes del ámbito judicial valoraron el potencial del RAC no solo para mejorar los controles operativos, sino también para aportar a las investigaciones penales. En caso de siniestro o robo, el sistema permite verificar rápidamente si quien conduce está debidamente autorizado, lo que agiliza la respuesta de las fuerzas de seguridad y puede aportar información clave para el esclarecimiento del hecho.

Otro punto clave fue el traspaso progresivo de competencias de control en rutas nacionales desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hacia Gendarmería Nacional, en el marco de una reorganización que incluye también a la CNRT. Si bien la implementación plena está prevista para 2026, se espera que durante los próximos meses comiencen los ajustes necesarios para reforzar los controles preventivos.

En ese sentido, se subrayó la importancia de contar con protocolos unificados y criterios claros de actuación. “Gendarmería va a tener un rol central. Lo fundamental es que haya coordinación con las fuerzas provinciales y con el sistema judicial, porque si no, el control se vuelve ineficaz”, planteó uno de los presentes.

Conciencia, prevención y articulación público-privada

La articulación público-privada también estuvo presente en el análisis sobre el uso de tecnologías para la prevención. Se destacó el potencial de integrar cámaras de seguridad privadas a los sistemas de monitoreo de los municipios y las fuerzas de seguridad, así como de habilitar canales de comunicación directa entre empresas de rastreo satelital y el 911, especialmente en casos de robo o siniestro en tránsito.

“Ya hay estaciones de servicio, colegios y otras instituciones que están vinculadas al sistema de cámaras de la Ciudad de Buenos Aires. El desafío ahora es federalizar ese modelo y sumar al sector logístico. Cada cámara puede ser una herramienta de prevención”, comentó uno de los especialistas.

Además, se remarcó la necesidad de actualizar los registros estadísticos sobre este tipo de delitos. En muchos casos, los robos de mercadería en tránsito no figuran específicamente como “piratería del asfalto” en las bases de datos judiciales, sino bajo otras figuras penales como robo agravado o asalto en banda. La Mesa se propuso avanzar en un trabajo conjunto con fiscales provinciales y fuerzas de seguridad para mejorar la trazabilidad de los casos y lograr una caracterización más precisa del fenómeno.

Por último, se subrayó que si bien los avances tecnológicos y normativos son importantes, el cambio cultural también es fundamental. “No se roba lo que no se vende. Hay que atacar la demanda y trabajar en la concientización. Esto no es solo un problema del transporte: es una cadena que involucra a muchos actores”, concluyó uno de los participantes.

La Mesa Interempresarial volverá a reunirse en septiembre, con el objetivo de presentar un informe actualizado con estadísticas, propuestas y medidas concretas para seguir enfrentando uno de los delitos más complejos que afectan al sistema logístico argentino.