
La medida de fuerza prevista para este jueves 10 de abril promete impactar de lleno en la logística y el comercio exterior. Al ya anunciado paro del transporte de cargas se suma la adhesión del Sindicato Único de Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) y de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), extendiendo el alcance del reclamo a las operaciones vinculadas a los intercambios comerciales internacionales.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), integrada por gremios clave como Dragado y Balizamiento, La Fraternidad (ferrocarriles), Camioneros y Aeronavegantes, entre otros, confirmó que “todos los medios de transporte” estarán afectados durante las 24 horas que dure el paro. De esta manera, el jueves se espera una interrupción total en el movimiento de cargas y pasajeros, tanto por tierra como por aire y agua.
A este escenario se suman las protestas de los trabajadores aduaneros, quienes ya iniciaron hoy, miércoles 9 de abril, una movilización que también incluye la paralización de actividades administrativas en las aduanas del país. La medida se extenderá hasta mañana, afectando directamente la gestión de importaciones y exportaciones argentinas.
Un conflicto de larga data
El conflicto con el sector aduanero no es nuevo. Desde comienzos de año, SUPARA ha llevado adelante varias jornadas de paro, incluyendo las del 20 y 21 de febrero, el 25 y 26 de marzo, y recientemente el jueves 3 y viernes 4 de abril. En todas estas fechas, además de la ausencia de personal, se sumaron apagones informáticos en las dependencias aduaneras de todo el país, dejando virtualmente paralizadas las operaciones. Para este paro, se espera que esta modalidad se repita, aumentando la tensión y el impacto económico.
Detrás de la protesta hay un reclamo central: la actualización salarial. El gremio sostiene que el poder adquisitivo de los trabajadores se ha deteriorado gravemente frente a la inflación y que las paritarias se encuentran estancadas desde hace meses. Además, los representantes sindicales rechazan la exigencia oficial de levantar una medida cautelar que resguarda la estabilidad laboral de los aduaneros como condición para avanzar en las negociaciones. Consideran que dicha condición representa una amenaza directa a la continuidad de los puestos de trabajo.

A mediados de marzo, el Gobierno había intentado desactivar el conflicto abriendo una “Mesa de Diálogo”. Sin embargo, los encuentros no lograron destrabar la situación. Las posiciones se mantienen firmes y la falta de avances profundizó el malestar dentro del sector aduanero.
Impacto generalizado
Si bien el conflicto puede parecer sectorial, sus consecuencias alcanzan a toda la economía. La paralización de las operaciones aduaneras implica la demora en la autorización de despachos de mercaderías, afectando tanto la importación de insumos críticos como la exportación de productos argentinos. Esto no solo encarece los costos logísticos y genera faltantes de stock, sino que también pone en riesgo la competitividad de las empresas que dependen de tiempos ajustados para cumplir con sus compromisos internacionales.
Así, el paro previsto para este jueves se configura como uno de los más fuertes del año, combinando la fuerza de los gremios del transporte con la presión estratégica del personal aduanero. En este contexto, la actividad económica se encamina hacia una jornada prácticamente paralizada, a la espera de que las partes retomen el diálogo y encuentren una salida al conflicto.
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