
El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, detalló la forma en la que opera la estructura dedicada a las actividades de lavado de dinero denominada El Caballito.
“Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal y hacían las operaciones falsas para justificar la emisión de facturas falsas”, comentó el funcionario el 1 de junio. Cabe destacar que previamente las autoridades informaron la desarticulación de la estructura.
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Luego del diseño y la comercialización de los esquemas constituían empresas fachada, luego realizaban las deducciones legítimas por clientes reales y posteriormente distribuían los beneficios.
Además, las averiguaciones de las autoridades permitieron identificar que el grupo al parecer operaba con 15 empresas y asociaciones civiles. Dichas entidades cuentan con domicilios fiscales, principalmente, en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, es decir un esquema interestatal.
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Lara López agregó que el esquema de operación detectado plantea que los beneficiarios de la marca constituyen empresas con el propósito de ofrecer servicios de planeación laboral, así como una asociación civil a través de la cual ejecutan el esquema de facturación. Dicha asociación presta asesoramiento a empresas en materia de planeación laboral, lo que le otorga una apariencia de legalidad.
Tras el establecimiento de la estructura, los operadores del esquema inyectan dinero con fines de distribución posterior. El esquema contempla el pago de incentivos mediante la generación de actos jurídicos o contables con los que se evita el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
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Más de 12 mil millones de pesos en facturas; la mitad del presupuesto de Tlaxcala en 2016
Además, las estimaciones de las autoridades hacendarias indican que con las facturas falsas, la estructura generó documentos de más de 12 mil millones de pesos.
Para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizada para el ejercicio fiscal 2016 para el estado de Tlaxcala

El vocero señaló que la forma de operar de la organización podría ser castigada con hasta nueve años de prisión por los comprobantes falsos, aunado a ellos, la Constitución establece que a los sujetos relacionados con “cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, se les impondrá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
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Si bien el castigo podría ser de hasta nueve años, Lara López destacó que se continuarán con las averiguaciones, con lo que podrían hallarse más elementos, tales como recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Lo anterior derivaría en el cambio de la pena.
“Hasta ahora tenemos este esquema en donde hay una evasión fiscal clara, hay emisión de facturas y hay búsqueda de comprobación de estos recursos y hay alguien que no está pagándole al fisco”, comentó el vocero de la FGR.
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Para la detención de las personas fueron acumuladas diversas denuncias dispersas, el grupo al parecer operó desde hace al menos tres años.
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