
Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido en el mundo entero como “El Chapo”, acumula ya once cartas manuscritas presentadas ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Este de Nueva York en las que pide su liberación, un nuevo juicio y su extradición a México.
Las cuatro más recientes fueron recibidas este martes 19 de mayo de 2026 por la Oficina Pro Se del tribunal en Brooklyn y posteriormente reveladas por medios de comunicación.
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El exlíder del Cártel de Sinaloa cumple cadena perpetua más 30 años en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.
En una de las cartas conocidas este martes, Guzmán Loera sostuvo que el jurado de su juicio fue “intimidado” por la postura judicial y volvió a invocar la First Step Act para pedir su liberación “bajo la Ley de Violaciones”, sin precisar a qué norma se refería con ese término.
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En otra, argumentó que sus derechos fueron vulnerados y describió su escrito como “una carta de carácter político sobre el uso indebido de la Ley de Derechos”.
En ambos documentos se presentó como “un ciudadano inocente de México” y responsabilizó al gobierno mexicano de la violencia que le fue atribuida.
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El juez Brian Cogan, quien presidió el juicio de “El Chapo” en 2019, ha respondido a las solicitudes del narcotraficante, señalando que algunos de los escritos carecían de sentido y que ninguno tenía fundamento jurídico, por lo que denegó.
La mención a la First Step Act no es nueva en los escritos de Guzmán. En la carta revelada el pasado 13 de mayo, el exlíder del Cártel de Sinaloa ya había invocado la norma al solicitar su liberación “bajo la ley ‘1st Stop Act”.
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La autenticidad de los manuscritos fue puesta en duda por el periodista Luis Chaparro en Pie de Nota, cuya fuente al interior del penal afirmó que “todo apunta a que no están siendo enviadas por él”.
La First Step Act fue diseñada para delitos no violentos y de bajo riesgo
Según datos consultados por este medio, la First Step Act fue promulgada el 21 de diciembre de 2018 por el presidente Donald Trump como la reforma más amplia del sistema penal federal estadounidense en décadas.
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Surgió de una coalición bipartidista en el Congreso y tuvo tres objetivos:
- Reducir la población penitenciaria federal
- Aliviar los efectos del encarcelamiento masivo por delitos de drogas
- Mejorar las condiciones de rehabilitación dentro de las prisiones federales
La ley introdujo tres mecanismos principales de reducción de penas.
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Amplió los créditos de “buena conducta” de 47 a 54 días por año de condena.

Además, creó créditos de tiempo acumulables por participar en programas de rehabilitación, educación o formación laboral.
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Y por último, aplicó de forma retroactiva el Fair Sentencing Act de 2010, que redujo la disparidad entre penas por crack y cocaína en polvo.
Para acceder a los beneficios de liberación anticipada, la ley exige que el recluso sea clasificado en las categorías de riesgo mínimo o bajo mediante el algoritmo PATTERN, una herramienta que evalúa el historial criminal, la edad al momento del delito y el comportamiento dentro de la prisión.
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La norma excluye expresamente de sus beneficios a personas condenadas por terrorismo, delitos sexuales y ciertas categorías de crimen organizado.
La condena de Guzmán lo coloca fuera del alcance de la ley que invoca
Guzmán Loera fue condenado en julio de 2019 por un jurado de Brooklyn por dirigir una empresa criminal continua —el Cártel de Sinaloa—, tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana, uso de armas y lavado de dinero.
Según datos consultados, el perfil de condena de “El Chapo” corresponde exactamente a las categorías que la First Step Act excluye de sus mecanismos de reducción de pena y liberación anticipada.
En las cartas conocidas este martes, Guzmán invocó además una “Política de Dimensión Extranjera” y una “Ley de Derechos” sin referencia jurídica precisa.
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