
La Fiscalía General de Baja California abrió una investigación contra la organización denominada Patrulla Espiritual, luego de que colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+ denunciaran presuntas violaciones a derechos humanos y privación ilegal de la libertad en contra de una mujer trans en el municipio de Tijuana.
El caso tomó relevancia pública después de que integrantes de la agrupación difundieran en redes sociales un video en el que muestran cómo trasladan a la mujer trans a un centro de rehabilitación administrado por dicha organización.
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La fiscal general del estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó que ya existe una denuncia penal formal y que las investigaciones se encuentran en curso.
“Hay una denuncia radicada por privación ilegal de la libertad y lo que resulte en la investigación. Vamos a pedir información a las autoridades”, declaró la funcionaria al referirse al caso que ha generado polémica y críticas de colectivos defensores de derechos humanos y diversidad sexual.
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La denuncia fue presentada por el representante de un colectivo de la comunidad LGBT+, aunque las autoridades informaron que la familia de la mujer también será integrada a las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Video en redes detonó denuncias
La controversia comenzó luego de que Patrulla Espiritual publicara imágenes en redes sociales donde se observa a integrantes de la agrupación interviniendo y trasladando a una mujer trans hacia un centro de rehabilitación.
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El contenido generó indignación entre activistas y colectivos, quienes señalaron posibles actos de violencia, discriminación y retención forzada.
Tras la difusión del video, organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron la intervención de autoridades estatales y organismos autónomos para verificar las condiciones en las que se encuentra la víctima y determinar si existieron abusos durante el operativo realizado por la agrupación.
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De acuerdo con la Fiscalía estatal, la investigación contempla el análisis del material audiovisual, entrevistas y solicitudes de información a diversas autoridades para establecer si se cometieron delitos adicionales.
Derechos Humanos emite medidas cautelares
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, informó que el organismo abrió un expediente de oficio por una presunta violación a los derechos humanos de la mujer trans.
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El funcionario detalló que se emitieron medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Salud estatal para salvaguardar la integridad física y psicológica de la persona internada en el centro de rehabilitación.
“Abrimos un expediente de oficio y también a petición de algunos colectivos que han insistido en que diversas autoridades intervengan”, explicó.
Asimismo, indicó que personal de la Comisión ya logró entrevistarse con la mujer trans, quien manifestó encontrarse bien; sin embargo, reconoció que todavía no cuentan con información completa sobre las condiciones del espacio donde permanece.
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Las medidas cautelares fueron dirigidas al secretario de Salud de Baja California, con el objetivo de conocer cómo está siendo atendida la persona, cuáles son sus condiciones médicas y si existen garantías suficientes para proteger su integridad.
Exinterna denuncia presuntos abusos
El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también reveló que una persona que anteriormente permaneció en el mismo centro de rehabilitación ya se acercó al organismo para denunciar presuntos actos de violencia y malos tratos al interior del lugar.
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Aunque no se dieron detalles sobre esa denuncia, la Comisión informó que dichos testimonios también podrían ser integrados al expediente abierto por el caso.
Mientras tanto, colectivos de diversidad sexual y activistas continúan exigiendo una investigación exhaustiva, así como supervisión permanente de los centros de rehabilitación que operan en Baja California.
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Hasta el momento, Patrulla Espiritual no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones ni sobre la investigación iniciada por las autoridades estatales.
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