El último pódcast de Héctor Melesio Cuén: las acusaciones contra Rocha Moya que grabó cinco días antes de su asesinato

El episodio número 97 del pódcast Cuentas Claras, emitido en directo desde YouTube el 20 de julio de 2024, fue la última transmisión que realizó Héctor Melesio Cuén Ojeda antes de ser asesinado cinco días después.

En ese programa, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), exalcalde de Culiacán y fundador del Partido Sinaloense (PAS) lanzó acusaciones directas contra el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por corrupción, enriquecimiento inexplicable e intervención ilegal en la universidad del estado.

Al momento de su muerte, Cuén Ojeda estaba a punto de asumir una diputación federal ganada bajo la coalición PRI-PAN-PRD-PAS.

El asesinato ocurrió el 25 de julio de 2024 y desde entonces el caso no ha sido resuelto. Este 13 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, precisó que las averiguaciones no han sido suspendidas ni archivadas, en respuesta a reportes periodísticos que señalaban una presunta “reactivación” del expediente.

En este nuevo informe, la institución también deslindó el asesinato de Cuén de las acusaciones presentadas el 29 de abril de 2026 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos el propio Rocha Moya, por presuntos vínculos con Los Chapitos el Cártel de Sinaloa.

Lo que Cuén Ojeda acusó en su última transmisión

En ese último programa, Cuén Ojeda relató haber sido el principal impulsor de la candidatura de Rubén Rocha Moya cuando, según sus palabras, “nadie lo pelaba” y la mayoría de los actores políticos respaldaban al “Químico Benítez”, refiriéndose a Luis Guillermo Benítez.

Relató que cuando formalizó su apoyo a Rocha, en una reunión a la que también asistieron José Paul López Helenes y el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, el hoy gobernador con licencia contrajo compromisos con él que nunca cumplió.

El político asesinado describió a Rocha Moya como alguien que al momento de recibir ese apoyo carecía de recursos económicos, y señaló que su hijo Ricardo Rocha Ruiz residía en una casa de interés social en el fraccionamiento La Conquista con un préstamo de 500 mil pesos que les realizó el senador “Monreal” para movilizarse durante la campaña, refiriéndose a Ricardo Monreal.

Al concluir el proceso electoral de 2021, acusó Cuén Ojeda, la familia del gobernador adquirió propiedades de forma inmediata: una casa en el fraccionamiento San Ángel valuada en 13 millones de pesos y facturada en aproximadamente 4.5 millones, una propiedad en Los Álamos por 23 millones de pesos y otra más en colonia La Primavera.

Por esas operaciones inmobiliarias, afirmó Cuén Ojeda, presentó denuncias ante la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Señaló además un esquema de licitaciones arregladas al que llamó “carrusel”, con un monto inicial de 3 mil millones de pesos y empresas vinculadas a los hijos del gobernador como presuntas beneficiarias.

También denunció la compra de patrullas en el gobierno del estado de Sinaloa por 48 millones de pesos, a la que calificó de autocompra, señalando un posible esquema de corrupción.

Además, afirmó que Rocha incorporó a su círculo cercano a personas señaladas por acoso sexual y violación.

Problemas por la Universidad Autónoma de Sinaloa

En el episodio número 97, Cuén Ojeda responsabilizó a Rocha Moya de ordenar la toma de las instalaciones de Radio UAS y de instrumentar un “cerco mediático” para denostar a la institución.

En el programa leyó un pronunciamiento de Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa AC, quien exigió al gobernador que “cese sus descalificaciones” y advirtió sobre los peligros de su “pública incitación para que se persiga a medios y periodistas”.

También leyó una columna del jurista Alfonso Carlos Ontiveros Salas, exdirector de Asuntos Jurídicos de la UAS, en la que se documentó que la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa —publicada por Rocha Moya— fue declarada inconstitucional por el juez primero de distrito del estado, y que el intento posterior de desistirse del recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito para eludir la sentencia “les salió el tiro por la culata”.

El exrector Cuén también señaló que Rocha presentó, el día anterior a la grabación, una nueva carpeta de investigación contra el comité de compras de la universidad y contra directores y rectores, la cual calificó de “sembrada”.

Apuntó que varios diputados del Congreso del Estado trabajan directamente en la Secretaría General de Gobierno, lo que cuestionó como un conflicto de interés.

Además, señaló que Rubén Rocha Moya se jubiló de la UAS tras 25 años de servicio y llevaba otros 25 años cobrando jubilación dinámica más pensión del seguro, y que aun así buscaba intervenir la institución.

Cuén Ojeda calificó todas esas acciones como una “cortina de humo” para encubrir lo que describió como actos de corrupción dentro de la administración estatal.

La carta de El Mayo y el derrumbe de la versión de la FGE Sinaloa

El 25 de julio de 2024, el mismo día que Cuén Ojeda fue asesinado, Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado y trasladado por la fuerza hasta El Paso, Texas, por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

En agosto de ese año, el abogado de Zambada difundió una carta en la que el exlíder del Cártel de Sinaloa narró que fue convocado al rancho Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, bajo el pretexto de mediar en el conflicto entre Cuén Ojeda y Rocha Moya. Zambada declaró haber visto brevemente al político al llegar a la finca, y afirmó que este fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde él fue secuestrado.

La FGR encontró pruebas hemáticas que respaldaron esa versión al detectar sangre de Cuén Ojeda en la finca Huertos del Pedregal, lo que contradijo de forma definitiva la versión sostenida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez, que ubicó el crimen en un intento de asalto en una gasolinera de la comunidad de La Presita.

La versión del estado acumuló inconsistencias, como el video del supuesto crimen no tenía sonido, los empleados del lugar declararon no haber escuchado disparos, el chofer de Cuén Ojeda se contradijo en sus declaraciones y el cuerpo presentaba un fuerte hematoma en la cabeza y cuatro disparos en las piernas.

La decisión de incinerar el cuerpo sin agotar las pruebas forenses fue calificada por la FGR como “contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios”. La fiscal del estado renunció al cargo en septiembre de 2024.

Rocha Moya negó haber asistido a la reunión en el rancho y afirmó que ese día se encontraba de viaje en Estados Unidos. A la fecha, ninguna autoridad mexicana lo ha citado a declarar.

Sin embargo, este 13 de mayo de 2026, la institución precisó que las líneas de investigación activas están a cargo de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y se comprometió a compartir los avances de manera transparente en tanto lo permita el debido proceso.