El INE ve “inmanejable” la organización de las elecciones de 2027 por su escala y número de cargos en juego: proponen aplazar el proceso

El Instituto Nacional Electoral (INE) encendió las alertas sobre la organización de las elecciones de 2027 al considerar que la concurrencia de los comicios federales, locales y judiciales generaría un escenario “prácticamente inmanejable” por la magnitud logística, operativa y presupuestal que implicaría.

La consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, junto con las y los consejeros electorales, sostuvo una reunión en la Cámara de Diputados con Ricardo Monreal para exponer la necesidad de aplazar la elección de personas juzgadoras hasta 2028 y evitar que coincida con los comicios intermedios del próximo año.

Durante el encuentro realizado en San Lázaro, el INE entregó un documento técnico en el que detalla las complicaciones normativas, operativas y financieras que provocaría la coincidencia de ambas jornadas electorales.

El organismo sostiene que la elección judicial y las votaciones ordinarias son procesos “incompatibles” debido a que duplican prácticamente todas las actividades relacionadas con la organización electoral.

Más de 18 mil cargos y millones de boletas en disputa

Las elecciones de 2027 están consideradas como uno de los procesos democráticos más grandes en la historia reciente del país. Ese año estarán en juego 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, congresos locales, alcaldías, ayuntamientos y cargos del Poder Judicial federal y local.

De acuerdo con estimaciones presentadas en foros legislativos y retomadas por el INE, podrían disputarse cerca de 18 mil 930 cargos públicos entre puestos federales, estatales y municipales.

El instituto advirtió que, en caso de mantenerse la concurrencia electoral, sería necesario desplegar una operación sin precedentes en el país.

El tamaño del operativo electoral contemplaría:

• Instalación de aproximadamente 354 mil casillas.
• Impresión de alrededor de 985 millones de boletas electorales.
• Capacitación de tres millones de funcionarias y funcionarios de casilla.
• Reclutamiento y capacitación de cerca de 100 mil supervisores y capacitadores asistentes electorales.
• Fiscalización de más de 55 mil candidaturas.
• Implementación simultánea de conteos rápidos, PREP y cómputos judiciales en vivo.

Además, el INE señaló que habría mecanismos diferenciados de capacitación, recolección de paquetes y operación informática, debido a que las reglas de la elección judicial son distintas a las de los procesos tradicionales.

Costos de la elección podrían superar los 20 mil millones de pesos

Uno de los principales argumentos del instituto es el impacto presupuestal. Guadalupe Taddei explicó que realizar ambos procesos el mismo día elevaría el costo electoral a casi 21 mil millones de pesos.

La presidenta del INE detalló que únicamente la elección judicial tendría un costo superior a los 8 mil millones de pesos si se realiza en 2027; sin embargo, si se aplaza para 2028, el gasto podría reducirse a cerca de 6 mil millones.

Según el organismo electoral, la instalación duplicada de casillas, la necesidad de más bodegas para resguardar boletas y el incremento en materiales y logística implicarían gastos adicionales cercanos a 2 mil millones de pesos.

Taddei subrayó que el posible ahorro no debe analizarse únicamente desde el punto de vista financiero, sino también en términos de operación, tiempos y capacidad institucional.

Consideró que posponer la elección judicial permitiría una mejor planeación y facilitaría la participación ciudadana.

Riesgos operativos y posible saturación en casillas

Otro de los puntos expuestos por el INE es el impacto directo en el electorado.

El organismo advirtió que la ciudadanía enfrentaría una carga excesiva de boletas y tiempos más largos de votación.

Las autoridades electorales consideran que la complejidad de las papeletas judiciales podría generar confusión, filas prolongadas y una disminución en el conocimiento de las candidaturas del Poder Judicial, ya que las campañas partidistas dominarían la atención pública.

Asimismo, el instituto alertó sobre riesgos relacionados con la cadena de custodia de materiales electorales, el procesamiento de resultados y la saturación operativa de las casillas.

En su diagnóstico, el INE también incluyó desafíos asociados con modalidades especiales de sufragio, como el voto anticipado, el voto de personas en prisión preventiva y acciones afirmativas dirigidas a grupos vulnerables.

Ricardo Monreal ve viable aplazar la elección judicial

Tras la reunión con consejeros electorales, Ricardo Monreal manifestó que observa “con simpatía” la posibilidad de impulsar una reforma constitucional para mover la elección judicial a 2028.

El legislador reconoció que las preocupaciones del INE son válidas y adelantó que sostendrá conversaciones con coordinadores parlamentarios y con la Consejería Jurídica de la Presidencia para evaluar la viabilidad del cambio.

Monreal explicó que los tiempos legislativos son limitados, ya que cualquier modificación tendría que aprobarse antes del 3 de junio para permitir un eventual periodo extraordinario y la validación de los congresos estatales.

Además del aplazamiento, el diputado señaló que también podrían revisarse algunas reglas de la elección judicial, incluyendo mecanismos de selección de candidaturas y disposiciones para evitar prácticas cuestionadas durante campañas.

Las fechas clave rumbo a las elecciones de 2027

El proceso electoral intermedio culminará el 6 de junio de 2027, cuando millones de ciudadanos acudirán a votar en todo el país.

Entre las etapas más importantes del calendario destacan:

• Septiembre de 2026: inicio formal del proceso electoral.
• Enero de 2027: arranque de precampañas.
• Abril de 2027: inicio de campañas oficiales.
• Del 3 al 6 de junio de 2027: periodo de veda electoral.
• 6 de junio de 2027: jornada electoral federal y local.
• Agosto de 2027: entrega de constancias a candidaturas ganadoras.

Mientras el Congreso analiza la propuesta del INE, el organismo electoral advirtió que, si no existe una respuesta legislativa antes de junio, deberá comenzar la preparación de los comicios bajo las reglas actuales, lo que implicaría organizar simultáneamente las elecciones políticas y judiciales más grandes en la historia del país.