Caso ‘Patrulla Espiritual’ pone en la mira a centros de rehabilitación en México: colectivos LGBT piden respetar derechos humanos

El caso conocido como Patrulla Espiritual en Baja California expone la urgencia de que los centros de rehabilitación en México respeten la dignidad y los derechos humanos de las personas LGBTI+, principalmente de las mujeres y hombres transgénero.

Esto, luego de que esta semana se difundió un video en el que la organización Patrulla Espiritual trasladó a una mujer trans contra su voluntad a un espacio de rehabilitación, lo que detonó una discusión en redes sociales sobre los límites y responsabilidades de estos centros.

En este sentido, la organización Yaaj México señala que ningún proceso de ayuda debe condicionar la identidad ni el derecho a ser quien se es, incluso en contextos de atención a la salud mental, consumo de sustancias o cuando se han roto redes familiares.

El colectivo acusó que este tipo de situaciones derivan de actos como el traslado sin consentimiento pleno, la exposición pública en redes, la malgenerización, las expresiones discriminatorias y la imposición de códigos de género.

También se han señalado posibles vínculos con los llamados ECOSIG, esfuerzos para “corregir” la orientación sexual o identidad de género, los cuales no solo ocurren bajo el nombre de “terapias” de conversión, sino que pueden presentarse en discursos de salud mental, rehabilitación, disciplina, acompañamiento espiritual o corrección conductual.

Estas prácticas, explica Yaaj México, buscan reprimir o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona bajo la idea errónea de que ser LGBTI+ es algo curable.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la diversidad sexual y de género no es enfermedad, trastorno mental ni adicción, y no puede ser tratada como tal.

De acuerdo con mecanismos internacionales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, estas prácticas pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso ser equiparadas a formas de tortura.

En México, los ECOSIG están prohibidos y sancionados legalmente tanto a nivel federal como en Baja California.

Yaaj México destaca que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica que, incluso en contextos de rehabilitación o internamiento, las personas mantienen derechos, autonomía y dignidad.

Atender problemas de adicciones no debe traducirse en prácticas de aislamiento, privación arbitraria de la libertad ni control sobre la identidad y expresión de género.

El trato digno implica respetar nombre, identidad y pronombres; no imponer formas de vestir, hablar o expresarse; proteger el anonimato, la privacidad y la integridad emocional; y evitar burlas, humillaciones o castigos.

El colectivo advierte que compartir contenido de personas en contextos de vulnerabilidad puede profundizar el daño, alimentar discursos de odio y generar revictimización.

“Denunciar o intervenir para ayudar no debe jamás convertirse en acciones que viralicen el dolor de las personas”, señala el comunicado.

La organización subraya que el acompañamiento familiar y profesional debe darse desde la dignidad y la no discriminación. Muchas familias buscan ayuda en contextos de miedo, desesperación o falta de alternativas institucionales, por lo que requieren orientación para no vulnerar derechos humanos en el proceso.

Por ello, resaltó que los espacios de atención necesitan protocolos, supervisión y capacitación para tratar a personas LGBTI+ desde una perspectiva de derechos humanos, género, salud mental y reducción de daños.

“La buena fe no sustituye la profesionalización ni la responsabilidad institucional”, sostiene el colectivo.

Según Yaaj México, la conversación pública debe evitar el linchamiento social y la revictimización, señalando que el uso de redes sociales implica una responsabilidad ética y comunitaria.

Asimismo, afirmó que los medios de comunicación deben informar con enfoque de derechos humanos y evitar enfoques sensacionalistas o revictimizantes, además de que la cobertura no debe contribuir a discursos de odio, transfobia o estigmatización.

El colectivo aseveró que la ausencia de políticas públicas suficientes es parte esencial del problema y urge fortalecer los servicios de salud mental, la atención a adicciones y el acompañamiento comunitario, así como desarrollar estrategias para prevenir los ECOSIG en espacios donde han sido documentados.

Yaaj México pide que el caso no quede solo en una conversación en redes sociales. Exige que las autoridades investiguen los hechos, garanticen mecanismos de protección y acceso a la justicia para la persona involucrada y sus familiares, y que actúen conforme al marco legal vigente en materia de derechos humanos, acceso a la salud y prevención de los ECOSIG.

El colectivo reconoció la labor de organizaciones locales que han acompañado y documentado el caso y afirma que la dificultad del contexto no puede justificar negligencias ni violaciones a los derechos humanos.

Para Yaaj México, la sociedad debe ir más allá de la indignación momentánea y compartir información responsable, amplificar el trabajo comunitario y fortalecer redes de cuidado y empatía.

“La rehabilitación no es supresión de la identidad. Acompañar no es borrar. Ayudar también es respetar”, concluye el comunicado.