Senado promueve participación de pueblos indígenas en programas educativos, busca preservar lenguas originarias

El Senado de la República aprobó distintos dictámenes que buscan fortalecer derechos y la participación de pueblos originarios en materia de educación.

Con esta aprobación se busca reforzar principalmente estos aspectos: participación de pueblos indígenas en proyectos educativos y prevalecer lenguas originarias en las escuelas.

Con 21 votos a favor, la Comisión de Educación, presidida por Raúl Morón Orozco, aprobó reformar la Ley General de Educación, así como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

¿En qué consisten las reformas aprobadas?

El dictamen aprobado incorpora la pertinencia cultural y lingüística como principios rectores de la educación, y promueve la participación activa de los pueblos originarios en el diseño, implementación y evaluación de los programas educativos.

Se modifica el artículo 76 bis de la Ley General de Educación para asegurar que las políticas educativas sean acordes a los contextos y necesidades de las comunidades indígenas y afromexicanas.

En el ámbito de los derechos lingüísticos, la reforma al artículo 12 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que las comunidades serán participantes activos en la preservación, promoción y fortalecimiento de sus lenguas, reconociendo su papel fundamental en la diversidad cultural y la identidad nacional.

¿Por qué es importante fortalecer la participación indígena en la educación?

De acuerdo con la explicación del presidente de la Comisión de Educación, Raúl Morón Orozco, las reformas buscan garantizar que los contenidos educativos nacionales incluyan el aprendizaje de lenguas originarias y el cuidado del patrimonio cultural de las comunidades.

Además, reconocen la labor de las personas educadoras que trabajan en estos contextos, considerando su función no solo como transmisores de conocimientos, sino como agentes de preservación cultural y lingüística.

Morón Orozco señaló que, aunque una reforma legal no resuelve la deuda histórica con los pueblos originarios, constituye un avance en la construcción de una educación incluyente y justa.

Por su parte, Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, destacó que el dictamen es el resultado de un proceso de consulta y trabajo directo en los territorios, alejado de la visión burocrática.

Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, recordó que la reforma constitucional de 2024 al artículo segundo fue un paso fundamental para centrar la atención en los estudiantes indígenas y afromexicanos, asegurando igualdad de oportunidades y evitando el rezago educativo. Las nuevas disposiciones reafirman el compromiso del Estado con la equidad y la justicia educativa.

El dictamen será remitido para su discusión y eventual aprobación en el pleno, con la expectativa de consolidar una política educativa incluyente, participativa y respetuosa de la diversidad.