El Plan B de Sheinbaum sigue en suspenso, ¿por qué se ha retrasado su aprobación?

El llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum continúa sin una fecha definida para su discusión y eventual aprobación en el Senado de la República.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos pospusieron la reunión prevista para analizar el dictamen, debido a que el documento aún se encuentra en revisión técnica y jurídica.

Los presidentes de dichas comisiones señalaron que el proceso podría extenderse incluso hasta después de Semana Santa, aunque no descartaron que en los próximos días se logre concretar el dictamen.

Mientras tanto, legisladores confirmaron que siguen evaluando observaciones enviadas por gobernadores y consejeros del Instituto Nacional Electoral, lo que ha impedido cerrar el proyecto final.

Desacuerdos entre Morena y el PT complican la discusión

Otro factor que mantiene en pausa la iniciativa es la falta de consenso dentro del bloque oficialista.

Tras una reunión entre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, y la dirigencia del Partido del Trabajo (PT), persistieron diferencias sobre algunos puntos clave de la propuesta.

El líder del PT, Alberto Anaya, explicó que el debate principal se centra en la fecha de la revocación de mandato.

“El partido está claro, el tema de debate de fondo es la fecha (…) y son temas que se están revisando”, declaró al salir del encuentro.

Ante la falta de acuerdos, Mier Velazco reconoció que la discusión del Plan B en el pleno podría posponerse hasta la semana de Pascua, en caso de que no se logre consenso en los próximos días.

Revisión al artículo 115 constitucional retrasa el proceso

Además de las diferencias políticas, la iniciativa enfrenta ajustes en su redacción, particularmente en el artículo 115 constitucional, relacionado con la integración de los ayuntamientos y el federalismo.

Legisladores de Morena explicaron que buscan evitar que la reforma genere un aumento automático en el número de síndicos y regidores en algunos municipios.

De acuerdo con el planteamiento inicial, cada ayuntamiento estaría integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y entre siete y 15 regidurías.

Sin embargo, en varios estados existen cabildos con menos integrantes, por lo que la reforma podría obligar a ampliarlos, lo que iría en contra del principio de austeridad.

Sobre este punto, Mier Velazco explicó que se trabaja en ajustes a los artículos transitorios para mantener el equilibrio entre la Constitución y la autonomía de los estados.

Oposición critica la iniciativa y reconoce postura del PT

En medio del retraso legislativo, los partidos de oposición en el Senado aprovecharon el debate para cuestionar la propuesta y destacar la postura del PT, que ha manifestado reservas.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que dentro de la propia coalición oficialista existen voces críticas hacia el proyecto.

“Afortunadamente dentro de la propia coalición hay voces que con mucha sensatez están señalando que esa iniciativa es nociva (…) y nosotros felicitamos a quienes han tenido el valor de decírselo a Morena”, declaró.

En la misma línea, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, también reconoció la postura del PT durante el proceso de discusión legislativa.

Qué plantea el Plan B de la reforma electoral

El Plan B surgió después de que la reforma electoral original no obtuvo los votos necesarios en la Cámara de Diputados. La nueva propuesta del Ejecutivo busca impulsar cambios enfocados principalmente en el ámbito local.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

• Establecer topes a los presupuestos de los congresos locales.
• Reducir el número de regidores en los municipios para disminuir gastos.
• Ampliar la posibilidad de realizar consultas populares sobre temas electorales.
• Ajustar el mecanismo de revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno.
• De acuerdo con el gobierno federal, la propuesta busca reducir costos en estructuras políticas y destinar los recursos ahorrados a obras y servicios públicos en estados y municipios.

Por ahora, el Plan B permanece en análisis dentro del Senado, sin dictamen definitivo ni fecha clara para su discusión en el pleno, en medio de revisiones legales y negociaciones políticas que continúan en curso.