Estos son los delitos por los que se le acusa al alcalde de Teuchitlán y que lo relacionarían con el CJNG

La detención de José Ascensión “N”, alcalde del municipio de Teuchitlán, Jalisco, ha expuesto una red de presuntos vínculos criminales entre el poder local y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Murguía habría colaborado directamente con líderes del cártel en actividades de desaparición forzada y manejo de restos humanos en las instalaciones del Rancho Izaguirre, conocido mayormente como el “rancho del horror” o “la escuelita del terror”.

“El Cártel Jalisco (Nueva Generación) no solo se dedicó a reclutar jóvenes, sino estuvo reclutando a alcaldes, justamente de Movimiento Ciudadano, el partido que en el último sexenio fue la fuerza política dominante”, dijo Saucedo refiriéndose al papel del partido que ha estado en el poder estatal desde el sexenio de Enrique Alfaro“, explicó el periodista David Saucedo en entrevista con el conductor Juan Becerra Acosta en Radio Fórmula.

El edil por el partido Movimiento Ciudadano (MC) fue detenido el pasado 3 de mayo de 2025 por elementos de la Policía Federal Ministerial en un operativo discreto y sin violencia. Durante la audiencia inicial, la cual tuvo una duración de más de 10 horas la sala número 3 del Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, un juez federal le dictó prisión preventiva justificada por el riesgo de fuga y la gravedad de las acusaciones que se le imputan.

La FGR acusa al alcalde de dos delitos principales hasta el momento: delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Según testimonios presentados en la audiencia, Murguía no solo tenía conocimiento de las operaciones del CJNG en la zona, sino también asistía personalmente para reunirse con figuras clave del cártel, como José Gregorio Lastra ―apodado como “El Comandante Lastra”― y Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo” o “El 90”.

Uno de los testigos reveló que el funcionario local facilitó patrullas, armamento y policías municipales al servicio del grupo criminal, lo que le valía, según se ha descrito, pagos de 70 mil pesos mensuales que le eran entregados en efectivos y terrenos aislados.

Además, la presentación de estas primeras evidencia llevó a afirmar que el alcalde aparentemente participó activamente en la disposición de restos humanos después de arrojar los órganos en una fosa clandestina del lugar.

El Rancho Izaguirre, localizado en las inmediaciones del municipio, fue identificado como centro de entrenamiento criminal del CJNG. A inicios de marzo de 2025, colectivos de madres buscadoras localizaron restos óseos, prendas calcinadas y estructuras de cremación en el lugar. La FGR lo ha clasificado como un espacio sistemático de desaparición y eliminación de personas, pero no como un probable crematorio ilegal.

“Lo que iremos viendo en las próximas semanas, intuyo, poco a poco la detención de más liderazgos políticos de MC involucrados en este anillo de protección política que se le dio al CJNG”, prevé Saucedo como experto en temas de seguridad y narcotráfico.

En tanto, el periodista igualmente expuso que estas indagatorias a funcionarios deberían acercarse a gobernadores o poderes estatales:

“No está mal investigar a los narcoalcaldes, pero habría que avanzar con los narcogobernadores”, sentenció.

Actualmente, la Fiscalía de Jalisco ha sido duramente señalada por su presunta actuación negligente en este caso ―en especial por expertos y el propio colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”―. Entre los errores más graves destacan la falta de cadena de custodia, omisiones en el levantamiento de pruebas, y el abandono del rancho sin resguardo, lo cual habría permitido su posible alteración.