
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil redujo de $27,5 millones a $17 millones la indemnización para un jugador que sufrió una fractura en el tobillo izquierdo durante un partido amateur de futsal. El tribunal confirmó que el club donde se disputó el encuentro, la empresa organizadora del torneo y la entidad deportiva a la que pertenecía el reclamante debían responder por las condiciones de seguridad de la cancha.
El episodio ocurrió el 28 de abril de 2019, cerca de las 20, durante un encuentro jugado en un gimnasio cubierto del barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Según la demanda, el participante se arrojó al piso para disputar una pelota, se deslizó y golpeó su pie y su pierna izquierda contra una pared ubicada detrás del arco rival.
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El reclamante —de 36 años en ese momento— sostuvo que la pared se encontraba a menos de 50 centímetros de la línea de fondo y que no contaba con una protección suficiente. También denunció que el piso de baldosas era resbaladizo y que las condiciones del espacio destinado al juego aumentaban el riesgo de golpes contra estructuras fijas.


Tras el accidente, fue trasladado en ambulancia a un hospital público, donde recibió las primeras curaciones y la indicación de utilizar una bota ortopédica, muletas, analgésicos y antiinflamatorios. Luego continuó su atención médica en una clínica privada, de acuerdo con el expediente judicial.
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La demanda se dirigió contra la asociación propietaria de la cancha y contra la firma que organizaba el torneo. El reclamante les atribuyó responsabilidad por no disponer de revestimientos acolchados en las paredes, no prever una distancia de seguridad detrás de los arcos y permitir que se jugara sobre una superficie que consideró inadecuada.
La entidad dueña del predio sostuvo que la lesión fue consecuencia de una maniobra prohibida por el reglamento. Alegó que el jugador se habría arrojado de forma temeraria fuera del área de juego y que, en realidad, el impacto se produjo contra el arco metálico. La organizadora del campeonato y el club del reclamante también cuestionaron su responsabilidad.
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El juzgado que intervino en primera instancia hizo lugar a la demanda el 19 de marzo de 2026. Condenó a las entidades deportivas, a la organizadora y a las aseguradoras citadas en garantía a pagar $27,5 millones, más intereses y costas. La mayor parte correspondió a incapacidad sobreviniente y daño moral.
Para el juez, el vínculo entre quienes prestaban el servicio deportivo y el participante debía encuadrarse dentro de una relación de consumo. Bajo esa interpretación, existía un deber de seguridad para evitar que el uso normal de las instalaciones expusiera a los jugadores a riesgos para su integridad física.
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El fallo de primera instancia valoró las declaraciones de dos personas que presenciaron el partido. Ambas señalaron que el espacio entre la línea de fondo y la pared era reducido, de entre 20 y 50 centímetros. También indicaron que no advirtieron una protección adecuada en el sector donde ocurrió el golpe.


Un peritaje de seguridad e higiene confirmó que la separación entre la línea de meta y la pared era de 50 centímetros en uno de los extremos de la cancha y de 98 centímetros en el otro. El informe destacó el buen estado general del predio, aunque el juez entendió que esa distancia resultaba insuficiente ante la dinámica de un deporte que exige velocidad y desplazamientos bruscos.
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La sentencia de primera instancia consideró que las lesiones no podían atribuirse exclusivamente al comportamiento del jugador. Señaló que las infracciones o maniobras imprudentes forman parte de la práctica deportiva y que los organizadores debían prever situaciones previsibles durante un partido, como una corrida hacia el arco o una caída cerca de los límites de la cancha.
La Sala I de la Cámara Civil revisó ese criterio. Los jueces coincidieron en que el caso no debía analizarse bajo las normas de defensa del consumidor, como había resuelto el juzgado. Sin embargo, mantuvieron la responsabilidad de los demandados a partir de la obligación de seguridad que surge del vínculo entre un jugador y quienes organizan o brindan el espacio para una competencia deportiva.
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El tribunal señaló que los deportistas aceptan los riesgos propios de la actividad, pero no aquellos que exceden el desarrollo normal del juego. En este caso, concluyó que la corta distancia entre el campo de juego y una pared de material implicaba un riesgo adicional, especialmente en un deporte con cambios de velocidad, contacto y movimientos repentinos.
La Cámara también rechazó el argumento de que el reclamante hubiera incurrido en una conducta que liberara de responsabilidad a las entidades involucradas. Consideró que, aun si la acción de deslizarse para disputar la pelota podía resultar imprudente, no era un hecho imprevisible para quienes debían garantizar condiciones adecuadas de seguridad.
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En cuanto a la indemnización, el tribunal redujo el rubro por incapacidad sobreviniente de $18 millones a $12 millones y el daño moral de $9 millones a $4,5 millones. Confirmó los $300 mil por tratamiento psicológico y los $200 mil por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado. También mantuvo el esquema de intereses: 8% anual desde el accidente hasta la sentencia de primera instancia y, desde entonces, la tasa activa del Banco Nación hasta el pago efectivo.
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