
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, le pidió al juez federal Ariel Lijo que lo sobresea en la causa que investiga maniobras de corrupción en el organismo durante su gestión, a partir del resultado del peritaje de los audios que realizó la Gendarmería Nacional.
La defensa del exfuncionario libertario presentó este jueves un escrito en el que solicitó que se excluyan del expediente las grabaciones y que se declare la nulidad de la resolución dictada el 21 de agosto de 2025, el punto de partida del caso, cuando estaba bajo la conducción del juez Sebastián Casanello.
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Aquella resolución es la que ordenó los primeros allanamientos a Spagnuolo, las oficinas de la ANDIS, la droguería Suizo Argentina y otros actores involucrados. El objetivo de la defensa es que se anule el primer paso de la investigación y esto genere un efecto dominó sobre el resto de la causa, invalidando todo lo realizado hasta ahora.
Según el escrito presentado por el abogado Pablo Parera, los peritos oficiales no lograron acreditar que la voz registrada en las grabaciones perteneciera a Spagnuolo. En efecto, Gendarmería no hizo el cotejo del habla que estaba estipulado, por lo que no se pudo establecer con rigor científico que sea el exfuncionario procesado quien se refiere a coimas y negociados ilícitos en la ANDIS.
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Los especialistas de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses dictaminaron que los audios presentan indicios de haber sido regrabados mediante “transferencia acústica”, es decir que habrían sido reproducidos por un parlante y vueltos a grabar con otro dispositivo. Esto obstaculizó el análisis.
Los cinco peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), propuestos por la fiscalía, firmaron el informe en disidencia e indicaron que el cotejo de voz que no pudo hacer la Gendarmería puede llevarse adelante en sus laboratorios.

A contramano de la defensa, el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, sostiene que los audios nunca fueron usados como prueba para construir la acusación. Pero los abogados de Spagnuolo se aferran a algunas líneas de aquella resolución del 21 de agosto que sugieren lo contrario: “En su dictamen, la fiscalía hizo alusión a dichos audios, destacando referencias a un presunto esquema de corrupción vinculado a la compra de medicamentos en el cual se encontrarían vinculados determinados segmentos de la Administración Pública Nacional y la droguería Suizo Argentina S.A.”, dice la resolución firmada por Casanello, que subrogó el Juzgado Federal N° 11 hasta febrero de este año.
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Lo cierto es que, más allá de aquel impulso inicial, los audios no fueron utilizados como prueba para llamar a indagatoria a los imputados, ni tampoco para procesarlos luego.
Spagnuolo y el peritaje
La defensa del exdirector de ANDIS destacó que los peritos no pudieron establecer el origen, la fecha, el lugar ni las circunstancias en las que se obtuvieron los registros. Y pusieron en duda que se haya garantizado la cadena de custodia del material.
El informe de Gendarmería constató, además, la existencia de cortes y discontinuidades en el sonido y fragmentos repetidos entre distintos archivos, entre otros puntos. Estos hallazgos llevaron a la defensa a sostener que los archivos no serían grabaciones originales, sino recortes editados y compaginados por terceros antes de su entrega.
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El peritaje tampoco confirmó ni descartó la posibilidad de que las voces fueran sintéticas o hubieran sido modificadas mediante el uso de inteligencia artificial, aunque exhiben indicios de características humanas habituales, como variaciones en la entonación, pausas naturales para respirar, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones de sílabas y chasquidos con la lengua.
En su presentación, el abogado Parera recordó que la Cámara Federal porteña había supeditado la validez de la causa a la culminación de este estudio técnico. Al no haberse podido confirmar la autenticidad de los audios, la defensa argumentó que estos perdieron toda eficacia probatoria. Bajo esta premisa, el escrito solicitó la aplicación de la regla de exclusión, la cual impide que el proceso penal se funde en elementos obtenidos mediante la vulneración de garantías constitucionales.
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Según la defensa, los teléfonos secuestrados, las extracciones de datos, los pedidos de informes bancarios y las declaraciones testimoniales posteriores fueron eslabones de una cadena que comenzó con la difusión pública de los audios. El abogado enfatizó que no se produjo ningún “cauce independiente” o prueba “paracaidista” que hubiera llegado al expediente por una vía autónoma.
La defensa subrayó que el fiscal dejó de mencionar los audios en sus dictámenes a partir de octubre de 2025, pero advirtió que esto ocurrió solo después de que el material ya había servido para fundamentar allanamientos, aperturas de cajas de seguridad y registros de visitas en barrios privados. El letrado calificó esta situación como “prueba invisible”, al considerar que, aunque los audios desaparecieron de la letra escrita de los documentos judiciales, continuaron operando como el telón de fondo de toda la pesquisa.
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