El Ministerio Público de Panamá obtuvo un año adicional para investigar a dirigentes del sindicato de la construcción por la presunta apropiación de 14 propiedades vinculadas al proyecto turístico Red Frog Beach, ubicado en Bocas del Toro.
Entre los dirigentes investigados figuran Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, vinculados con una causa penal que comprende presuntos delitos contra el patrimonio económico, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y asociación ilícita.
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La prórroga fue concedida por una jueza de garantías, después de que la Fiscalía Segunda Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada lograra revertir una decisión judicial que limitaba las investigaciones.
El proceso involucra a miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), una de las organizaciones sindicales más influyentes de Panamá, con presencia en grandes proyectos de infraestructura.
La organización representa a trabajadores del sector de la construcción, participa en negociaciones de convenciones colectivas y ha encabezado movilizaciones nacionales relacionadas con reivindicaciones laborales, políticas gubernamentales y reformas al sistema de seguridad social.
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La investigación penal comenzó en 2022, tras una denuncia presentada por trabajadores que cuestionaron el destino de 14 fincas entregadas como compensación por un conflicto laboral en el complejo turístico localizado en isla Bastimentos, Bocas del Toro.
El origen de la controversia se remonta a una huelga desarrollada entre febrero de 2007 y octubre de 2008, en la que participaron 412 trabajadores de la construcción y que fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo.
La empresa Pillar Construction, posteriormente denominada Bastimentos Holding, fue condenada a pagar USD 7 millones en salarios caídos, pero alcanzó un acuerdo extrajudicial con los trabajadores, representados por el Suntracs, para compensarlos mediante propiedades.
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Los terrenos entregados sumaban 33.712 metros cuadrados y estaban valorados entonces en USD 3 millones. La investigación busca determinar si los dirigentes sindicales dispusieron de esos bienes sin autorización de los beneficiarios.
Según la hipótesis de la Fiscalía, las propiedades fueron utilizadas como garantía de un préstamo hipotecario gestionado mediante la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, que habría recibido recursos del propio sindicato para financiar la operación crediticia.
En agosto de 2025, una jueza ordenó la aprehensión de las 14 fincas, medida posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Apelaciones, mientras las autoridades profundizaban las pesquisas sobre las transacciones inmobiliarias y financieras.
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Entre las diligencias pendientes identificadas en junio de 2026 figuraban la obtención de información bancaria sobre 663 cheques, el análisis de 50 dispositivos electrónicos y la revisión de documentos relacionados con las operaciones económicas investigadas.
La Fiscalía también manifestó la necesidad de entrevistar a unos 400 trabajadores vinculados al proyecto, además de completar el análisis forense de un servidor remitido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Genaro López, exsecretario general del sindicato, ha permanecido bajo medidas cautelares distintas a la prisión, mientras que Saúl Méndez, otro histórico dirigente de la organización, continúa prófugo de la justicia, según reportes judiciales.
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En el caso de López, la Fiscalía presentó una acusación en la que solicitó las penas máximas por los delitos imputados, que podrían sumar hasta 30 años de prisión si se establece su responsabilidad penal en juicio.
La defensa sostiene que la controversia corresponde a la jurisdicción laboral y cuestiona la duración de las investigaciones, mientras que representantes del sindicato han denunciado una supuesta persecución contra la organización sindical.
El Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial determinó que la solicitud de extensión debía examinarse conforme al artículo 504 del Código Procesal Penal, aplicable a investigaciones declaradas complejas, que permite conceder 12 meses adicionales.
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La decisión judicial permitirá continuar las diligencias destinadas a establecer las posibles responsabilidades penales de los investigados, sin que la ampliación del plazo implique una declaración de culpabilidad ni anticipe el resultado definitivo del proceso.
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