Caso Wenance: Casación definió qué tribunal juzgará a Alejandro Muszak por las presuntas estafas

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín deberá intervenir en dos causas vinculadas con las presuntas estafas atribuidas a Alejandro Muszak, fundador de la fintech Wenance, y a Paola Adriana Vallone, exdirectiva de sociedades del grupo. La decisión puso fin a un conflicto de competencia entre dos tribunales que rechazaban asumir la tramitación conjunta de los expedientes, relacionados con supuestas maniobras fraudulentas en la concesión de préstamos personales y la captación de inversiones financieras.

La resolución fue dictada este martes por el juez Gustavo Marcelo Hornos, integrante de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, quien intervino de manera unipersonal y coincidió con el dictamen del fiscal general Raúl Pleé. El desacuerdo se había originado después de que las investigaciones fueran elevadas a juicio el pasado 13 de julio y asignadas, por separado, a los tribunales orales federales N.º 4 y N.º 2 de San Martín, pese a que su vinculación ya había sido establecida durante la instrucción.

La controversia, en rigor, giró en torno a dos criterios procesales: si correspondía concentrar las actuaciones ante el tribunal que había recibido la causa de mayor gravedad o si debía respetarse la primera asignación judicial, efectuada apenas dos horas antes. Casación se inclinó por esta última alternativa y dispuso que ambos expedientes continuaran ante el TOF 4.

Las causas contra Muszak y el origen del conflicto

La investigación sobre Wenance comprende distintas denuncias por presuntas defraudaciones relacionadas con las actividades del conglomerado financiero encabezado por el empresario Muszak. La empresa desarrolló un negocio de préstamos personales a través de plataformas digitales, entre ellas Presto Hoy, y recurrió a diferentes mecanismos de financiación para captar capital de inversores particulares.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los responsables de la estructura habrían ofrecido instrumentos financieros que prometían rendimientos elevados, en determinados casos de hasta el 12% anual en dólares, mediante contratos de mutuo y fideicomisos vinculados con sociedades del grupo. Los investigadores sostienen que esas operaciones presentaban una apariencia de solvencia y rentabilidad que habría inducido a los ahorristas a entregar su dinero, hasta que en julio de 2023 comenzaron a producirse incumplimientos generalizados.

La acusación considera que no se trató únicamente de negocios que atravesaron dificultades económicas, sino de un presunto esquema organizado de defraudación. En el tramo principal de la causa, instruido por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, con intervención del fiscal Federico Iuspa, se investigan cientos de hechos de estafa y la posible existencia de una asociación ilícita.

En paralelo, otro expediente examina operaciones de crédito otorgadas mediante las plataformas comerciales de Wenance. En esa pesquisa se recibieron denuncias de clientes que habrían sufrido débitos bancarios superiores a los acordados, descuentos no autorizados y reclamos de pago por obligaciones presuntamente canceladas.

Los antecedentes de ambos procesos se remontan a actuaciones iniciadas en distintos momentos. Uno de los expedientes lleva el número 18.175/2017, mientras que el otro fue registrado bajo el número 42.394/2023. Aunque tenían objetos diferenciados, compartían imputados y fueron vinculados judicialmente el 15 de agosto de 2023 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 43 de la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, ese juzgado se declaró incompetente por razones territoriales y remitió las actuaciones al Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, donde continuó la investigación hasta su elevación a juicio.

El problema surgió el 13 de julio de este año.

Ese día, el expediente iniciado en 2017 fue elevado a las 10:04 y asignado mediante sorteo al Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín. La causa de 2023 ingresó a las 12:05 y quedó radicada ante el Tribunal Oral Federal N.º 2. Así, dos investigaciones cuya tramitación conjunta había sido dispuesta durante la instrucción terminaron distribuidas entre distintos órganos judiciales.

El 7 de agosto, el TOF 4 decidió declinar su competencia y remitir el expediente que había recibido al TOF 2. Sus magistrados consideraron que las causas estaban conectadas por la identidad de los acusados y la naturaleza de los hechos atribuidos, pero entendieron que correspondía concentrarlas ante el tribunal donde se encontraba radicada la investigación de mayor gravedad, que además involucraba a otras personas.

Para fundamentar esa decisión, expusieron que “los delitos enrostrados a los encausados en el expediente CCC 42.394/2023/TO1 son de mayor gravedad y donde se encuentran imputados, además, otras personas”, por lo que correspondía aplicar el criterio previsto en el artículo 42 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, el 5 de octubre, los jueces del TOF 2 rechazaron recibir las actuaciones y las devolvieron al tribunal de origen.

El argumento fue diferente: si las investigaciones ya habían sido acumuladas y la primera había sido asignada al TOF 4, correspondía respetar esa radicación inicial, independientemente de cuál de los expedientes comprendiera las acusaciones más graves.

Los magistrados consideraron que “Admitir que la posterior asignación de la causa CCC 42.394/2023/TO1 tenga aptitud para desplazar aquella intervención supondría alterar el orden de asignación jurisdiccional sin que se adviertan razones que justifiquen apartarse de dicho criterio y, lo que es peor, afectar la garantía del juez natural que debe primar en el proceso”.

Ante la falta de acuerdo, ambos tribunales mantuvieron sus respectivas posiciones y elevaron el conflicto a la Cámara Federal de Casación Penal para que determinara cuál debía continuar con las actuaciones.

El criterio de Casación y la próxima etapa del proceso

Una vez recibidos los expedientes, la Sala IV dio intervención al fiscal general Raúl Omar Pleé, quien emitió dictámenes coincidentes y se pronunció a favor de asignar ambas causas al TOF 4.

El representante del Ministerio Público recordó que la conexidad había sido declarada en agosto de 2023, antes de que las actuaciones llegaran a la instancia de juicio. Por lo tanto, postuló que el primer tribunal sorteado debía conservar la competencia sobre el conjunto de los expedientes, sin que resultara determinante la mayor gravedad de los delitos investigados en uno de ellos.

En su dictamen, Pleé expresó: “De esa manera, entiendo que, efectuado el sorteo de estilo, es el primer tribunal interviniente -TOF N° 4 de San Martín, en el marco de la causa CCC 18.175/2017 elevada el 13 de julio de 2026, a las 10:04 horas- el juez natural designado para resolver sobre el expediente CCC 18.175/2017 y la totalidad de sus acumulados, incluida la aquí en cuestión, CCC 42.394/2023”.

Al resolver la controversia, el juez Hornos compartió esa interpretación y señaló que no existía discusión sobre la vinculación objetiva y subjetiva de las investigaciones. La cuestión consistía exclusivamente en establecer ante cuál de los dos órganos judiciales debían quedar radicadas.

El camarista explicó que el hecho de que ambos expedientes hubieran sido sorteados el mismo día debía examinarse a la luz de la acumulación previamente dispuesta. En ese sentido, indicó que “no puede soslayarse que la conexidad entre ambas causas había sido declarada durante la instrucción, con anterioridad a su elevación a juicio, de modo que su tramitación conjunta constituía una circunstancia preexistente que debía ser contemplada al momento de efectuar las respectivas asignaciones”.

El magistrado también descartó que correspondiera aplicar automáticamente la regla que privilegia la competencia del tribunal vinculado con el delito más grave.

“En ese contexto, la regla del art. 42, inc. 1), del C.P.P.N. invocada por el tribunal declinante no resulta decisiva, pues no se trata aquí de determinar el tribunal competente para disponer una acumulación aún pendiente, sino de establecer ante cuál de los dos órganos quedó radicado un conjunto de causas cuya tramitación conjunta ya había sido dispuesta”, fundamentó.

A continuación, Hornos valoró que ninguno de los tribunales enfrentados hubiera avanzado en el trámite ni fijado fecha para el debate oral. En esas condiciones, planteó que la asignación posterior no podía desplazar la radicación establecida previamente y que la solución debía atender a la mejor y más pronta administración de justicia.

Con esos fundamentos, declaró competente al Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín para continuar con los dos expedientes y ordenó remitirle las actuaciones, con comunicación de lo resuelto al TOF 2.

La decisión se produce mientras la causa sobre Wenance continúa ampliándose en otros tramos. En agosto, la Justicia había incorporado tres nuevos casos de presunta estafa a los 524 hechos que ya integraban el expediente principal destinado a juicio, mientras que en septiembre se conocieron otras 44 denuncias vinculadas con la operatoria de préstamos personales.

El 5 de octubre, además, el fiscal Federico Iuspa solicitó que Muszak, Vallone y otros acusados fueran nuevamente convocados a declaración indagatoria por 520 presuntas estafas adicionales, relacionadas con operaciones de inversión que habrían ocasionado perjuicios a 410 ahorristas por aproximadamente 3.331 millones de pesos, 8,7 millones de dólares y 143.600 euros.

El empresario imputado, que permanece detenido preventivamente, afronta distintas acusaciones derivadas del funcionamiento de las sociedades vinculadas con Wenance. Su defensa había solicitado en oportunidades anteriores la excarcelación y la prisión domiciliaria, planteos rechazados por los tribunales intervinientes.

Tras la decisión de Casación, el Tribunal Oral Federal N.º 4 de San Martín deberá recibir las actuaciones, avanzar con los trámites preparatorios y fijar la fecha del debate oral en el que serán juzgados Muszak y Vallone.