Reclaman al Consejo de la Magistratura que reforme el sistema de concursos para elegir jueces

Un conjunto de organizaciones judiciales, entidades empresarias y asociaciones de la sociedad civil reclamó al Consejo de la Magistratura de la Nación que avance con una reforma del reglamento de selección de jueces para reducir la incidencia de las entrevistas personales en los resultados de los concursos y establecer mayores garantías de objetividad en la conformación de las ternas de candidatos a ocupar cargos en la Justicia nacional y federal.

La solicitud quedó plasmada en una declaración pública difundida en noviembre bajo el título “Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos”, que reúne las adhesiones de 30 organizaciones institucionales, 12 juristas destacados y 277 firmantes individuales. El documento cuestiona los márgenes de discrecionalidad que, según sus impulsores, persisten en los procedimientos de evaluación y propone que la entrevista personal represente un máximo de 20 puntos, en consonancia con el proyecto de reforma presentado en marzo por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La presentación comienza con una definición sobre el funcionamiento del sistema judicial y las condiciones que, a criterio de sus firmantes, deben orientar la designación de magistrados. “Queremos que la justicia funcione mejor. Creemos en la democracia y en el respeto a la ley.”

A continuación, las entidades fundamentan su planteo en las disposiciones constitucionales que regulan el acceso a la magistratura y en las obligaciones legales del organismo encargado de organizar los concursos públicos de antecedentes y oposición: “La Constitución exige que los jueces sean idóneos, independientes y eficaces. La ley obliga al Consejo de la Magistratura de la Nación a actuar con publicidad, transparencia y control, y sobre todo a tratar por igual a todos los candidatos respetando estrictamente el orden de mérito, es decir, el puntaje que cada uno obtiene por sus antecedentes y exámenes”.

En particular, los suscriptores cuestionan las diferencias de criterio para determinar qué aspirantes acceden a las entrevistas personales y el peso que esa instancia puede adquirir en la definición del resultado final, aun después de que los candidatos hayan sido evaluados por sus antecedentes profesionales, académicos y conocimientos jurídicos: “Hoy eso no siempre se cumple. Se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto. Se incumple lo que manda la Constitución y la ley”.

Frente a esa situación, el comunicado formula un pedido específico al Consejo de la Magistratura, cuya Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial interviene en la tramitación de los procedimientos destinados a cubrir las vacantes de los tribunales inferiores: “Los firmantes de esta declaración pública solicitamos al Consejo de la Magistratura que actúe con urgencia para modificar el reglamento de selección de jueces, limitando a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”.

El pronunciamiento también vincula la independencia judicial con las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo económico y la previsibilidad de las decisiones públicas: “Achicar al máximo el margen de decisión discrecional es el primer paso para garantizar la independencia judicial, que es la base de nuestras instituciones republicanas, y un elemento central para promover la inversión, el crecimiento y la generación de empleo, claves para avanzar hacia un desarrollo inclusivo”.

El proyecto de la Corte Suprema para modificar los concursos

El planteo de las entidades retoma uno de los principales aspectos del proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados impulsado por Rosenkrantz y Lorenzetti mediante la Acordada 4/2026, dictada el 25 de marzo de 2026 y publicada dos días después en el Boletín Oficial.

La propuesta fue presentada oficialmente el 30 de marzo en el Palacio de Justicia, durante un acto encabezado por ambos ministros que contó con la participación del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, además de consejeros, magistrados, representantes del Ministerio Público y referentes del ámbito académico.

En sus fundamentos, la iniciativa identificó distintas deficiencias en el régimen de selección de jueces, especialmente en la ponderación de los antecedentes profesionales y académicos, las garantías de anonimato de los exámenes y los criterios utilizados para evaluar las entrevistas personales.

El máximo tribunal advirtió que la amplitud de esta última instancia había permitido que su valoración se desarrollara sin parámetros suficientemente estandarizados, tanto en la asignación de puntajes como en la fundamentación de las decisiones. También señaló la necesidad de impedir que esa evaluación alterara de manera significativa las posiciones alcanzadas por los candidatos durante las etapas técnicas anteriores.

El proyecto contempla un sistema de calificación de hasta 200 puntos, con un máximo de 20 asignados a la entrevista personal. La propuesta procura que la mayor parte de la valoración se concentre en las pruebas de oposición y los antecedentes de los aspirantes, mediante pautas previamente establecidas para la asignación de calificaciones.

Entre las modificaciones previstas figura la implementación de concursos anticipados como regla general, una modalidad que permitiría evaluar postulantes sin necesidad de esperar a que se produzca una vacante específica. El objetivo es facilitar la planificación de los llamados y agilizar la cobertura de cargos en los tribunales nacionales y federales.

En materia de plazos, el articulado establece que los procedimientos no podrán extenderse más allá de los 90 días hábiles judiciales desde la prueba de oposición, con una posibilidad de prórroga de otros 30 días mediante una resolución fundada del Plenario.

Otra de las innovaciones consiste en incorporar un legajo digital individual para cada aspirante, con información sobre su formación universitaria, trayectoria profesional, desempeño académico, publicaciones, actividad docente y eventuales antecedentes disciplinarios. El sistema permitiría centralizar la documentación y facilitar su consulta y evaluación mediante criterios uniformes.

En cuanto a los exámenes, el esquema distingue dos instancias. La primera consiste en una evaluación general de conocimientos jurídicos mediante 120 preguntas de opción múltiple, seleccionadas informáticamente a partir de un banco previamente validado. Su aprobación funcionaría como requisito para avanzar en el concurso y tendría una vigencia de cinco años.

La segunda etapa estaría orientada a resolver situaciones jurídicas concretas. Los aspirantes deberían responder consignas prácticas y redactar una sentencia sobre un caso hipotético relacionado con la competencia del tribunal al que pretenden acceder.

El reglamento proyectado incorpora, además, mecanismos para resguardar el anonimato de los participantes mediante claves alfanuméricas, sistemas informáticos auditables y procedimientos de corrección que impidan conocer la identidad de los postulantes antes de la consolidación de las calificaciones.

La evaluación de antecedentes también quedaría sujeta a una escala predeterminada, con un máximo de 100 puntos distribuidos entre formación universitaria y de posgrado, trayectoria profesional, publicaciones y actividad docente.

La Acordada 4/2026 remitió el texto al Consejo de la Magistratura para su consideración por parte del Plenario, dado que el artículo 114 de la Constitución Nacional y la Ley 24.937 atribuyen a ese organismo la competencia para dictar las normas que regulan los procedimientos de selección de magistrados.

En ese marco, las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación comenzaron a analizar conjuntamente la iniciativa el 9 de abril, en una reunión de la que participó Rosatti. El tratamiento continuó en encuentros posteriores, en los que se examinaron distintas propuestas de modificación del régimen de concursos, incluidas iniciativas elaboradas por integrantes del propio Consejo.

El debate permanece pendiente de resolución y se proyecta sobre la próxima integración del organismo, que renovará gran parte de sus miembros a partir del 18 de noviembre, cuando vencerán los mandatos de los representantes de los distintos estamentos. El recambio comprenderá a los consejeros elegidos por la magistratura y la abogacía, junto con nuevas representaciones legislativas y académicas.

El respaldo de entidades judiciales, empresarias y referentes de la sociedad civil

Entre las organizaciones judiciales que suscribieron la declaración figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ACD), los colegios de abogados de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Abogados y Procuradores de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, el Colegio de Abogados de Zapala y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES).

A ese grupo se suman la Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro, Justa Causa Asociación Civil y Será Justicia.

Por parte de las organizaciones de la sociedad civil, acompañaron el documento el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Club Político Argentino, Conciencia, Constituya, Fundación Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano, Profesores Republicanos, Red de Acción Política (RAP) y Voces de Equidad y Género en Acción.

El respaldo de las organizaciones empresarias incluye a AmCham Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, CREA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Entre los juristas destacados que adhirieron a la iniciativa se encuentran Alberto Bianchi, Alejandro Borda, Juan Carlos Cassagne, Ezequiel Cassagne, Roberto Gargarella, Marcelo Gebhardt, María Angélica Gelli, Antonio María Hernández, Félix V. Lonigro, Daniel Sabsay, Eduardo Sambrizzi y Alfonso Santiago.

A estas adhesiones se suman 277 firmantes individuales, entre académicos, dirigentes políticos, empresarios, abogados y referentes de diferentes sectores de la sociedad. La nómina incluye, entre otros, a Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Florencio Randazzo, Omar Perotti, Federico Pinedo, Mónica Fein, Ramón Lanús y Rodolfo Suárez.

También figuran dirigentes con actuación en gobiernos provinciales y municipales, como Pablo Javkin, Ulpiano Suárez y Gustavo Menna, además de representantes del ámbito universitario, profesionales del derecho y personas vinculadas a organizaciones civiles.