El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recibió del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, la tenencia de un edificio ubicado en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el barrio porteño de Núñez. El inmueble será destinado al funcionamiento de dependencias del Ministerio Público Fiscal (MPF), ante la implementación del sistema acusatorio en los fueros federal y penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, prevista para el 15 de febrero de 2027.
Según informó el MPF en su portal oficial, la entrega se formalizó mediante un acta suscripta por ambos funcionarios, que comprende la infraestructura, el mobiliario y el equipamiento del edificio N° 11, denominado “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”. La propiedad se encuentra sobre la avenida Del Libertador 8151, dentro del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y dispone de tres plantas y una superficie de 3.681 metros cuadrados.
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Las instalaciones albergarán áreas y unidades especializadas de la Procuración General que brindarán asistencia técnica a los fiscales en investigaciones complejas. Durante el acto, Casal destacó que “la infraestructura física y la disponibilidad de espacios adecuados no son meros aspectos logísticos, sino que resultan indispensables para garantizar la plena independencia operativa y técnica del Ministerio Público Fiscal”.
El procurador también manifestó su satisfacción por la respuesta a los reiterados planteos sobre la insuficiencia de espacios para implementar el sistema acusatorio en la Capital Federal. A su vez, anticipó que el edificio permitirá concentrar dependencias dedicadas a colaborar con los fiscales en investigaciones de alta complejidad.
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El sistema acusatorio, que comenzará a regir en los tribunales federales de Comodoro Py y en el fuero penal económico porteño, dispone que los fiscales asuman la dirección de las investigaciones y la responsabilidad de formular y sostener las acusaciones. Los jueces, por su parte, tendrán a su cargo el control de las garantías constitucionales y la resolución de los planteos de las partes en audiencias orales. El modelo también contempla legajos digitales y plazos procesales específicos.
La reforma avanza de manera progresiva en la Justicia federal. Desde septiembre pasado, con su incorporación en La Plata, el sistema acusatorio funciona en 11 de los 18 distritos federales del país, entre ellos Salta, Jujuy, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Posadas y La Plata. El cronograma prevé su entrada en vigencia en Paraná el 30 de noviembre de 2026 y en Córdoba el 8 de marzo de 2027.
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La incorporación del inmueble de Núñez se añade a la cesión del edificio conocido como “La Monedita”, concretada el 13 de agosto. Localizado en Cabo Pablo Teodoro Fels 330, en Retiro, perteneció a la Casa de la Moneda y fue acondicionado con mobiliario y equipamiento tecnológico. Está situado cerca de los tribunales federales de Comodoro Py y se asignó al Área de Atención Inicial del MPF y a espacios para el resguardo de efectos.
Por su parte, Mahiques indicó que las incorporaciones de inmuebles integran las medidas destinadas a acompañar la reforma procesal. El ministro precisó que, con las nuevas instalaciones, el organismo pasará a contar con más de 10.000 metros cuadrados de superficie. En el mismo predio de la ex ESMA, los edificios 22 y 23 fueron asignados al trabajo de relevamiento documental de la UFI-AMIA.
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La asignación del edificio de la ex ESMA quedó instrumentada mediante un convenio firmado el 3 de febrero de 2026 por Mariano Cúneo Libarona, entonces ministro de Justicia; Eduardo Casal; y Gabriela Patricia Alegre, representante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Ente Público Espacio para la Memoria. El acuerdo fue protocolizado mediante la Resolución PGN 2/2026.
El convenio fija una tenencia de 20 años, prorrogable automáticamente por períodos iguales. Estipula que el inmueble deberá utilizarse exclusivamente para oficinas y dependencias de la Procuración General, prohíbe su empleo para alojar, custodiar o trasladar personas privadas de la libertad y establece condiciones para preservar el patrimonio histórico del predio.
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