Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país

Lo acusaron de blanquear 200.000 dólares a través de un contrato firmado con “Fred” Machado, el empresario extraditado y condenado en los Estados Unidos

José Luis Espert
José Luis Espert había presentado un escrito de 65 páginas para pedir su sobreseimiento
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La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves al ex diputado nacional José Luis Espert por lavado de dinero. Lo acusaron por la recepción de 200.000 dólares de parte del empresario Federico “Fred” Machado, extraditado y condenado en los Estados Unidos, a través de un contrato de consultoría presuntamente falso con la compañía guatemalteca Minas del Pueblo.

El juez federal Lino Mirabelli ordenó la prohibición de salida del país para el exfuncionario libertario. También le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos.

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El contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, también fue procesado y embargado por 700 millones de pesos, al igual que la empresa Varianza SA, que enfrenta un embargo de 500 millones, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la génesis del caso data del 22 de enero de 2020. En aquella fecha, una cuenta bancaria radicada en el exterior a nombre de Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares. El dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las corporaciones utilizadas por la organización delictiva liderada por “Fred” Machado.

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El empresario venía de financiar la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.

Fred Machado allanamiento viedma
Fred Machado, detenido en Viedma, antes de ser extraditado a Estados Unidos

Para justificar el ingreso de los 200.000 dólares, Espert suscribió un convenio de prestación de servicios con la firma Minas del Pueblo, una minera radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. El contrato se fechó el 7 de junio de 2019 y estipuló honorarios totales por 1.000.000 de dólares a cambio de asesoramiento financiero y planes de crecimiento empresarial.

Sin embargo, la fiscalía reunió pruebas que contradicen la veracidad de este vínculo comercial. Los registros de la Dirección Nacional de Migraciones revelaron que Espert nunca viajó a Guatemala para la firma del acuerdo ni para inspeccionar los yacimientos. Además, Machado estuvo en Argentina durante los días en que supuestamente se rubricó el papel en el país centroamericano.

Asimismo, los investigadores señalaron que el legislador carecía de antecedentes y de equipos profesionales para realizar tareas de ingeniería y geología minera, disciplinas ajenas a su especialidad en macroeconomía.

La fiscalía reconstruyó el circuito del dinero a través de los documentos digitales secuestrados en los dispositivos del contador Cosentino y de otros asesores. Tras recibir los fondos en una cuenta no declarada del banco Morgan Stanley, Espert ordenó dos transferencias de 50.000 dólares cada una hacia su cuenta local del banco BBVA.

Una parte se destinó a la adquisición de un BMW M240i. Posteriormente, en 2024, el imputado vendió dicho vehículo y adquirió una camioneta Lexus de alta gama por un valor de casi 130.000 dólares. Para esta última operación, se realizó un depósito en efectivo de 88 millones de pesos en una sucursal bancaria de Martínez, según lo que se desprende del expediente.

La detención de Machado en abril de 2021 precipitó una serie de encuentros entre Espert y sus asesores contables, de acuerdo a lo establecido por la fiscalía. Los chats de WhatsApp y los archivos hallados en las computadoras evidenciaron que el equipo de Espert analizó diversas alternativas para afrontar el vencimiento de las declaraciones juradas impositivas.

Entre las opciones evaluadas, analizaron justificar los fondos como una indemnización por rescisión contractual o, finalmente, la decisión de “no mostrar nada” ante la entonces AFIP para evitar el impacto político en la campaña electoral de aquel año.

La acusación del fiscal Domínguez remarcó que Espert omitió declarar la cuenta del Morgan Stanley y el saldo remanente de más de 118.000 dólares ante el fisco. En su lugar, los acusados habrían utilizado a la firma Varianza S.A. como una estructura inactiva para simular ingresos profesionales legítimos y justificar el nivel de consumo del economista. La sociedad, constituida por el exdiputado y su cónyuge, solo emitió tres facturas en toda su existencia, de las cuales una fue dirigida al propio Espert.

Respecto al contador Cosentino, el fiscal consideró que su participación resultó indispensable para la etapa de integración de los activos: confeccionó las certificaciones de origen de fondos necesarias para las compras de los vehículos y la adhesión de la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario en 2025, consolidando de este modo la circulación de los recursos bajo sospecha en el mercado formal.

A fines de la semana pasada, la Cámara Federal de San Martín convalidó la investigación y rechazó un planteo de la defensa de Espert para recusar al fiscal Domínguez. La Sala II de ese tribunal revisará el procesamiento del exlegislador, que podrá apelarlo en los próximos días.

En agosto, José Luis Espert había presentado un escrito de 65 páginas para pedir su sobreseimiento. Alegó que el propio dictamen del fiscal Domínguez utiliza el término “presuntamente” para referirse al origen de los 200.000 dólares, por lo que concluyó que “sin origen ilícito probado no hay nada que ‘lavar’: se cae el edificio entero”.

Por otro lado, Espert rechazó la idea de que supiera con quién trataba cuando cobró el dinero. Su respuesta fue que en 2019 y 2020 “no lo sabía nadie”, porque en ese momento no existía “una sola alerta, causa o reporte” sobre Machado.

En cuanto al empresario, cabe recordar que permanece detenido en Texas, luego de declararse culpable ante el Tribunal Federal en el Distrito Este por los delitos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. Acordó con la Justicia una condena por esos delitos a cambio de que le retiren los cargos por narcotráfico.

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