Procesaron por enriquecimiento ilícito al exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta

El juez federal Julián Ercolini procesó al exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta por presunto enriquecimiento ilícito con un embargo de $1.500 millones. Lo dispuso por considerar probado, en esta etapa de la investigación, un incremento patrimonial “apreciable”, que no se correspondió con ingresos legítimos comprobables.

El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal y ex segundo de Julio De Vido en esa cartera quedó procesado sin prisión preventiva y se ratificó la inhibición general sobre sus bienes.

La resolución consideró que existe, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa de la investigación, un presunto desfasaje entre ingresos legítimos comprobables y sus gastos durante su paso por la función pública, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La casa en el Mapuche Country Club

El núcleo central de la acusación es una casa en el Mapuche Country Club, en Pilar, ubicada en un lote comprado el 19 de septiembre de 2012 por USD 70.000, supuestamente en efectivo, y que quedó registrado a nombre de la madre de Baratta. Allí se construyó una vivienda familiar de alrededor de 380 metros cuadrados, con subsuelo, planta baja y primer piso.

El arquitecto que hizo las obras declaró que Baratta era quien le daba las indicaciones y que los pagos, calculados en aproximadamente $3,7 millones a valores de entonces, fueron realizados en efectivo por el propio exfuncionario o por su entonces secretario privado, Nelson Lazarte.

Baratta y su esposa reconocieron en sus declaraciones juradas aportes a esa construcción por unos $604.546, cifra que el juez consideró insuficiente frente al costo total informado por el arquitecto, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El cable e internet, a nombre del exchofer Centeno

Según se estableció en la investigación, las facturas de la obra estaban emitidas a nombre de Baratta, su grupo familiar usaba el inmueble, y las expensas, impuestos y otros gastos del country se vinculaban con él y con su esposa. La cuenta del club, aunque estaba a nombre de su madre, registraba egresos a nombre de Baratta.

Además, el servicio de cable e internet de la propiedad estaba a nombre de Oscar Centeno, el exchofer de Baratta. La empresa prestadora, Telered, informó que fue contratado desde enero de 2015 a nombre de “Oscar Bernardo Centeno, quien se desempeñaba como chofer de Baratta”, remarcó la resolución.

Centeno es el autor de los cuadernos donde dio cuenta de presuntas recorridas con su entonces jefe Baratta, en busca de supuestas coimas de empresarios de la obra pública en el kirchnerismo. Ambos son juzgados por esta acusación en la actualidad y el exremisero es arrepentido. Durante este proceso oral, Baratta lo tildó de “mentiroso” al rechazar las acusaciones.

Entre otras pruebas para procesar al exfuncionario por supuesto enriquecimiento ilícito, el juez tomó como indicio adicional una oferta de donación a favor de Baratta por parte de su madre, instrumentada en 2013, y la declaración de la expareja de Centeno, Hilda Horovitz, quien se refirió al inmueble como “la casa de Baratta en Mapuche” y proporcionó de manera correcta el nombre de pila del arquitecto que hizo las refacciones.

La defensa afirmó que el lote y la vivienda fueron comprados y construidos por los padres de Baratta, con fondos de una indemnización de su padre, un plazo fijo, ahorros y otros recursos familiares. Pero el juez sostuvo que no se acreditó el recorrido de ese dinero hasta la operación y que la prueba indica que la madre habría actuado como persona interpuesta para disimular la verdadera disponibilidad económica de Baratta sobre el inmueble.

La acusación incluyó un departamento, cochera y baulera en José Hernández 2043/45, adquiridos en 2010, una baulera y cochera adicionales en el mismo edificio, compradas en 2014 y 2015, y dos departamentos y cocheras en Thames 674/76, comprados a nombre de la pareja del entonces funcionario. También tres vehículos y el dinero secuestrado en un allanamiento.

Defensa y prescripción

Al ser indagado en Comodoro Py 2002, Baratta rechazó las acusaciones, sostuvo que los bienes estaban respaldados por sus ingresos, los de su esposa y fondos de sus padres.

Respecto de Mapuche, afirmó que el lote y la vivienda fueron adquiridos por sus padres como un proyecto de casa de fin de semana para toda la familia y por eso él intervino activamente en la supervisión de la construcción. También alegó que las unidades de Thames se financiaron con la actividad comercial y una herencia de su pareja, y que los vehículos fueron adquiridos con ingresos propios y la venta de autos anteriores.

Además, la defensa planteó la nulidad de la citación a indagatoria porque hay pendiente un recurso en la Corte Suprema de Justicia donde se planteó que la causa debe cerrarse por prescripción, a raíz del paso del tiempo.

El juez consideró que varias de esas fuentes existieron, pero señaló que no se acreditó de manera suficiente su trazabilidad ni su aplicación concreta a las operaciones cuestionadas. La prueba reunida durante la investigación “permite verificar un incremento patrimonial apreciable no correspondido con los ingresos legítimos comprobables”, se concluyó en el procesamiento que podrá ser apelado ante la Cámara Federal porteña.

“El requerimiento de justificación y la declaración indagatoria brindaron al imputado la oportunidad de aportar una explicación acerca de ese cuadro. Esa explicación fue ampliamente ejercida, acompañada de documentación y sometida a examen técnico, pero no incorporó elementos capaces de remover, en lo sustancial, el desfasaje previamente evidenciado”, se advirtió.

Con elementos de prueba valorados de manera conjunta como “el resultado de la reconstrucción patrimonial, la evolución temporal de los déficits, las operaciones concretamente verificadas, la modalidad de los desembolsos, la utilización de familiares en determinadas adquisiciones, la prueba testimonial y documental vinculada con el inmueble de Mapuche y las explicaciones y objeciones formuladas por la defensa, se encuentra reunido el grado de probabilidad necesario para tener por acreditado, en esta etapa, el enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado atribuido a Roberto Baratta”, concluyó el juez.

La investigación se lleva en el juzgado federal 12 de Comodoro Py 2002, que está vacante y es subrogado por el juez Ercolini con intervención de la fiscal federal Alejandra Mángano. Se abrió en 2017 y la Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de prescripción, que ahora está a estudio de la Corte.

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015 y había sido convocado por primera vez a indagatoria en esta causa en 2021, por el juez que por entonces estaba a cargo del juzgado federal 12, Ariel Lijo. El trámite no se concretó en ese momento porque faltaba la pericia contable que se dispuso a pedido de la defensa luego de que el exfuncionario presentó su justificación patrimonial.