
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el sobreseimiento de Alejandro Eugenio Alonso Sainz, un diplomático que había sido anunciado como embajador argentino en España, pero que nunca llegó a asumir el cargo por una denuncia de abuso sexual.
Alonso Sainz se desempeñó como cónsul general en Barcelona y estuvo a punto de llevar la conducción de la embajada a fines de 2024. Una cónsul adjunta lo denunció por supuestos ataques sexuales, con episodios que habrían ocurrido dentro del consulado.
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Con esta resolución, el tribunal de alzada convalidó las decisiones previas de primera y segunda instancia que consideraron que los hechos denunciados no constituyen un delito.
La denunciante compartió equipo de trabajo con Alonso Sainz en la delegación de Barcelona entre 2016 y 2021. Relató una serie de conductas de hostigamiento, comentarios descalificantes sobre su aspecto físico y expresiones de contenido sexual. El punto central de la acusación se enfocó en un episodio ocurrido en una oficina del consulado. Según la denunciante, el excónsul se le aproximó, la acorraló contra una pared y apoyó su cuerpo sobre el de ella para oler su perfume, lo que provocó que ella lo empujara por el susto.
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A nivel administrativo, la Cancillería argentina tramitó un sumario interno desde 2023 para investigar estas conductas. En ese expediente declararon 28 personas. El informe final de dicha investigación concluyó que no existían elementos suficientes para sancionar al diplomático, debido a que 24 testigos directos manifestaron no haber presenciado comportamientos inadecuados y los audios aportados por la denunciante no pudieron ser validados en su autenticidad y trazabilidad. Consecuentemente, el sumario administrativo se cerró.

En el ámbito judicial, el juez federal Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de Alonso Sainz el 29 de diciembre de 2025. El magistrado determinó que las pruebas recolectadas no lograron acreditar la hipótesis de la acusación. Esta decisión se basó en que las dos testigos presenciales señaladas por la víctima ofrecieron testimonios contradictorios: una de ellas negó recordar el suceso, mientras que la otra describió un acercamiento físico para oler el perfume, pero sin un contacto con significación sexual. Ercolini concluyó que, aun si el hecho hubiese ocurrido, la acción carecía de contenido libidinoso y no encuadraba en un delito contra la integridad sexual.
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Posteriormente, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia en marzo de este año. Los camaristas Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que el delito de abuso sexual simple requiere un contacto físico no consentido con una significación sexual objetivable. Para los jueces, el acto de acercarse a oler el perfume de una compañera de trabajo, aunque resulte invasivo, molesto o socialmente reprochable, no posee la connotación sexual requerida por la ley, especialmente al no haberse afectado zonas genitales o áreas corporales cercanas.
Ante esta confirmación, la querella presentó un recurso de casación. La fiscalía, por su parte, desistió de su apelación en esta instancia.
Los abogados de la supuesta víctima argumentaron que se había hecho una valoración arbitraria y fragmentada de las pruebas, omitiendo analizar el contexto general de violencia de género y subordinación laboral. Asimismo, cuestionaron que el proceso se cerrara de forma prematura sin tomar declaración a la psicóloga tratante de la denunciante, a su esposo y a otra profesional médica que podían dar cuenta del impacto emocional sufrido.
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Finalmente, los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, rechazaron la impugnación de la querella. En su voto, Borinsky ratificó que la investigación judicial se encuentra agotada y que las medidas de prueba pendientes sugeridas por la víctima no tienen la aptitud de modificar la conclusión sobre la atipicidad del hecho principal. El magistrado reiteró que oler el perfume de una persona no puede considerarse una conducta de índole sexual bajo los parámetros del Código Penal.
El juez Hornos adhirió a la resolución y remarcó que, si bien los casos de violencia contra las mujeres deben juzgarse con perspectiva de género y debida diligencia, el principio de legalidad impide aplicar la ley penal por analogía o extender la sanción a conductas que no cumplen estrictamente con los requisitos de la norma escrita. Explicó que el reproche ético, laboral o institucional que pueda merecer un comportamiento no autoriza a encuadrarlo de manera forzada dentro de una figura delictiva.
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Por último, el juez Carbajo coincidió en que la resolución de la Cámara de Apelaciones contó con fundamentos jurídicos válidos y suficientes. Sostuvo que la querella solo manifestó una discrepancia con la valoración de las pruebas y la interpretación de la ley realizada por los magistrados precedentes, lo cual resulta insuficiente para declarar la arbitrariedad del fallo.
Con esta sentencia de Casación, se ratificó de manera definitiva el sobreseimiento del diplomático.
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