La jueza en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, Güendalina Sessarego, ordenó al Ministerio de Justicia de la Nación preservar los registros sobre tierras rurales bonaerenses reunidos durante los últimos 15 años, tras el planteo de una medida cautelar de la Defensoría del Pueblo bonaerense por la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737) mediante el DNU 70/2023.
A su vez, otorgó un plazo de cinco días para que la cartera nacional informe hasta qué fecha fueron actualizadas las bases de datos y asegure la conservación íntegra de los antecedentes registrales. Luego se apartó del caso por entender que el planteo corresponde a la justicia federal.
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El expediente fue iniciado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, que pidió la suspensión del artículo 154 del DNU 70/2023 para las tierras rurales bonaerenses. Esa disposición derogó de manera integral el régimen nacional de protección al dominio, propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
En su demanda, había solicitado que se declarara la inconstitucionalidad de esa disposición por una presunta incompatibilidad con los requisitos que la Constitución Nacional exige para los decretos de necesidad y urgencia.
También reclamó medidas definitivas para prevenir un posible daño colectivo sobre el suelo, los recursos naturales e hídricos y la planificación territorial rural bonaerense. Advirtió que podrían celebrarse nuevas operaciones, inscribirse derechos reales y conformarse vínculos cuya reversión futura resultaría más compleja.
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Además, la demanda identificó a Campana y a Zárate entre los partidos bonaerenses con porcentajes elevados de superficie rural bajo titularidad extranjera.
La magistrada no suspendió los efectos del decreto ni resolvió sobre su constitucionalidad. No obstante, dispuso una tutela excepcional centrada en los datos ya existentes, que permanecerá vigente hasta que el juzgado federal sorteado se pronuncie sobre su continuidad.
Los argumentos
Para Sessarego, la discusión sobre el decreto nacional configura una cuestión federal por la materia y por la condición del demandado, que es el Estado Nacional. Por ese motivo, remitió con carácter urgente las actuaciones a la Cámara Federal de La Plata, que deberá sortear el juzgado interviniente.
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Señaló que la ubicación de los bienes en territorio bonaerense no modifica la competencia cuando el objeto principal de la causa es controlar la constitucionalidad de un acto normativo nacional.
Por otra parte, la jueza afirmó que “la prevención del daño presenta una dimensión predominantemente informativa”. Precisó que el riesgo inmediato no reside únicamente en las nuevas operaciones sobre tierras rurales, sino en la eventual pérdida de datos recabados durante casi 15 años.
Agregó que los registros existentes permiten reconstruir la evolución de una realidad territorial dinámica y podría resultar necesarios para adoptar medidas posteriores.
Antecedentes
La Corte Suprema revocó recientemente la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Lo hizo al rachazar el amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) al concluir que la organización no contaba con legitimación para impulsar la demanda.
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El tribunal no se expidió sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737, ya que su decisión se limitó a una cuestión procesal.
Tras esa decisión, volvieron a operar los efectos de la derogación y dejaron de aplicarse las restricciones para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, entre ellas el límite del 15% y el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
En otro expediente, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 1 rechazó otra medida cautelar para suspender los efectos del DNU 70/2023, que habían planteado los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot. Sin embargo, dio curso a la cuestión de fondo y requirió un informe al Estado nacional antes de resolver. Hasta que haya una nueva decisión, la derogación de la Ley de tierras continúa vigente.
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