En los últimos meses, la rutina del profesor y concertista de piano de Coronda, en Santa Fe, quedó reducida a una cama y tratamientos para un cáncer terminal. Tenía 80 años, se recuperaba de una operación que lo había dejado inmovilizado y recibía la asistencia de cuidadoras contratadas por su familia. Cuando murió, en abril de 2021, durante el velorio sus sobrinos conocieron un dato que no esperaban: 21 días antes se había celebrado un matrimonio que ahora intentan impugnar en la Justicia.
Alejandro Otte, abogado de los sobrinos del fallecido, sostuvo que el vínculo fue formalizado con una mujer que había sido contratada para cuidar al hombre durante sus últimos meses. La investigación penal alcanza también a la jefa del Registro Civil de Coronda, mientras la familia busca intervenir como querellante.
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El hombre era profesor, concertista de piano y exdirector del Liceo local, según relató el letrado en Infobae Al Amanecer. No tenía hijos ni matrimonios previos y sus sobrinos eran sus familiares más cercanos. “No es que se trataba de personas ausentes”, dijo Otte sobre el contacto que mantenían con él.
El matrimonio fue celebrado tres semanas antes de la muerte
El expediente consigna que el jubilado quedó inmovilizado después de una operación, en enero de 2021. Además, recibía tratamiento por un cáncer terminal, medicación con opioides y alimentación por sonda.
En ese contexto, se celebró el matrimonio cuya acta tiene fecha del 7 de abril de 2021. El fallecimiento ocurrió 21 días después. Para los sobrinos, las condiciones de salud del hombre impiden sostener que pudo trasladarse y expresar libremente su voluntad en el trámite.
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Otte explicó que la familia había contratado a la cuidadora para asistir a su tío. “Fueron quienes se ocuparon específicamente de contratar a estas personas para que su tío no estuviese solo”, afirmó.
Según el abogado, el deterioro físico del hombre se había profundizado en las semanas previas a su muerte. “Después de haber estado siendo alimentado por una sonda nasogástrica, luego de recibir opiáceos para el tratamiento del dolor, luego de estar postrado en una cama”, enumeró al describir el cuadro clínico.
La familia conoció la existencia del matrimonio durante el velorio. De acuerdo con el relato de Otte, la cuidadora se presentó entonces como esposa del jubilado y planteó sus derechos sobre los bienes.
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Los sobrinos aseguraron que el fallecido nunca les había hablado de una relación de pareja. El letrado sostuvo, además, que ese supuesto vínculo tampoco era conocido en la ciudad. “Si esta persona hubiese contraído matrimonio en la ciudad de Coronda, hubiese sido realmente todo un suceso”, afirmó.
La cuidadora también presentó un acta de unión convivencial
Antes del matrimonio, la mujer había presentado una unión convivencial fechada el 25 de marzo de 2021. En ese documento declaró que convivía con el jubilado desde 2018.
Los sobrinos rechazan esa versión. Otte cuestionó el contenido de aquella acta y sostuvo que el hombre no convivía con la cuidadora. “Ya había declarado que teóricamente convivía con esta persona, lo cual es, desde todo punto de vista, falso”, expresó.
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La familia también objeta que el jubilado hubiera concurrido a la sede del Registro Civil de Coronda. “Teóricamente había concurrido a la sede del Registro Civil de la ciudad de Coronda”, dijo el abogado, quien remarcó que el estado de salud de su representado abre dudas sobre esa posibilidad.
El letrado indicó que había una diferencia de más de 30 años entre la cuidadora y el fallecido, aunque aclaró que ese dato no acredita por sí mismo una irregularidad. La discusión, señaló, se centra en la validez de la voluntad atribuida al jubilado en los documentos.
Una pericia cuestionó la firma del acta matrimonial
La querella incorporó una pericia grafológica que detectó diferencias entre la firma asentada en el acta de matrimonio y el patrón habitual de escritura del fallecido. Ese informe es uno de los elementos que se analizan en el expediente civil.
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“Dentro de esas diligencias surgiría en principio que la firma que está inserta en lo que es el acta de matrimonio tampoco pertenecería al mismo”, afirmó Otte. El abogado aclaró que no se trata de una conclusión definitiva y señaló que, en principio, la rúbrica “no pertenecería” al patrón escritural del hombre.
Los familiares también plantearon contradicciones en los testimonios de quienes participaron del casamiento. Esas personas declararon en la investigación penal y, según el abogado, aportaron “información de calidad”. Los sobrinos ya no impulsan medidas contra los testigos.
La causa penal se concentra en la cuidadora y en la jefa del Registro Civil. La denuncia refiere a posibles delitos de falsificación de documento público y contra el estado civil.
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La Fiscalía Regional 5 de Rafaela analiza, además, una eventual estafa si el matrimonio hubiese tenido como objetivo la obtención de beneficios económicos. Según la información aportada por la defensa de los sobrinos, la funcionaria cuestionada continúa al frente de la oficina.
La Dirección Provincial inició actuaciones administrativas para revisar el procedimiento y secuestró legajos de matrimonios celebrados en ese período, con el fin de controlar la documentación.
Posibles consecuencias patrimoniales
La validez del matrimonio puede tener efectos sobre la sucesión y una eventual pensión por fallecimiento. Otte explicó que, en ausencia de herederos forzosos, una cónyuge puede acceder a derechos sucesorios derivados de la sociedad conyugal.
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“Si una persona contrae matrimonio con otra, pasa a formarse lo que es la sociedad conyugal”, señaló. Uno de los sobrinos tiene actualmente la posesión de la vivienda del jubilado, quien, según el abogado, había dispuesto previamente del inmueble sin que se precisaran los alcances de ese acto.
El letrado dijo no contar con información concreta sobre un posible cobro de pensión por parte de la cuidadora. “Lo de la pensión no lo tengo al dato concretamente”, aclaró, al sostener que ese aspecto no constituye el eje de la investigación.
Los sobrinos solicitaron ser reconocidos como querellantes para que la Justicia revise la validez del matrimonio y determine si el hombre pudo prestar un consentimiento válido. “Quien invoca algo debe probarlo”, afirmó Otte al referirse a la supuesta relación sentimental.
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El abogado también cuestionó la demora de la pesquisa. “Han pasado cuatro fiscales que por distintos motivos no le han dado al caso la importancia que el mismo merecía”, expresó.
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