El Ministerio de Justicia creó una comisión para reformar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

El Ministerio de Justicia de la Nación creó una comisión especial para elaborar un anteproyecto de reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, vigente desde hace casi seis décadas y reformado en distintas oportunidades desde su sanción en 1967. La decisión quedó formalizada este miércoles a través de la Resolución 515/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.

La denominada Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tendrá como objetivo preparar un proyecto de ley que revise de manera integral el régimen que regula los litigios civiles y comerciales en la Justicia nacional.

En los fundamentos de la medida, Justicia señaló que el Código atravesó distintas modificaciones durante las últimas décadas, pero “sin que hasta la fecha se haya llevado adelante una revisión integral que contemple los profundos cambios operados en las últimas décadas en materia de gestión judicial y de organización del proceso”.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación fue establecido por la Ley 17.454 en 1967. En 1981, luego de las modificaciones introducidas por la Ley 22.434, se aprobó mediante el Decreto 1042 un texto ordenado que incorporó esos cambios. Desde entonces hubo nuevas reformas parciales, entre ellas la dispuesta por la Ley 25.488, aunque sin una revisión integral de su estructura.

A ese escenario se sumó la entrada en vigencia, el 1° de agosto de 2015, del actual Código Civil y Comercial de la Nación. Según la resolución, aquella reforma introdujo modificaciones sustanciales en institutos de derecho de fondo con incidencia directa en los procesos judiciales, mientras que el régimen procesal nacional no fue adaptado integralmente a esos cambios.

Justicia también advirtió que numerosas provincias sí adecuaron sus ordenamientos procesales al nuevo Código Civil y Comercial, lo que generó una asimetría entre el sistema nacional y los regímenes vigentes en distintas jurisdicciones del país.

Uno de los ejes centrales de la reforma será la oralidad. La resolución sostuvo “que el principio de oralidad, con audiencias orales, públicas y con inmediación del juez, constituye una de las principales herramientas para alcanzar una justicia civil y comercial más ágil, oportuna, transparente y cercana al justiciable, en línea con las experiencias desarrolladas en diversas jurisdicciones provinciales”.

El ministerio también planteó como objetivos la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, la simplificación de los procedimientos y el fortalecimiento de los mecanismos de resolución de conflictos. Los cuatro lineamientos definidos por la resolución son “instaurar el sistema de oralidad en el proceso civil y comercial”; “asegurar la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías constitucionales y convencionales del debido proceso”; “modernizar la gestión procesal mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas”; y “simplificar los procedimientos y favorecer los mecanismos de resolución de conflictos”.

Como antecedentes, Justicia mencionó el anteproyecto elaborado por una comisión designada en 2017 y presentado en 2019; el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Oralidad en los Procesos Civiles, desarrollado desde 2016 dentro de Justicia 2020; y el modelo implementado en Mendoza, que estructuró el trámite alrededor de una audiencia inicial y otra final.

Quiénes integran la comisión y cómo trabajará

La nueva comisión estará integrada por magistrados, funcionarios judiciales, representantes del Ministerio y especialistas en derecho procesal. Su coordinador será Martín Cardone, director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. En representación de la cartera también participará Pamela Viviana Kazmirczuk, funcionaria del Ministerio y especialista en Derecho Procesal Civil.

Entre los magistrados designados aparecen Juan Manuel Converset, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110; Gabriela Mariel Scolarici y Maximiliano Luis Caia, jueces de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Alejandro César Verdaguer, juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 102; Julio Fernando Ríos Becker, titular del Juzgado Civil N° 43; María Constanza Caeiro, jueza del Juzgado Civil N° 30; Javier Jorge Cosentino, vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; y Silvina Andrea Bracamonte, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1.

También integrarán el cuerpo los funcionarios judiciales Agustín Prada Errecart, secretario judicial en el fuero Civil de la Capital Federal; Romina Kelly y Fernando Roberto Dinici, secretarios de juzgados del mismo fuero; y Diego Raúl Rosas, funcionario judicial vinculado al Departamento Judicial de San Isidro y especialista en derecho procesal civil.

La nómina se completa con especialistas del ámbito académico. Entre ellos están Osvaldo Alfredo Gozaíni, profesor de Derecho Procesal de la UBA, tratadista y jurista, y Jimena Jatip, magíster en Derecho Procesal, coordinadora académica de posgrados de la Facultad de Derecho de la UBA y especialista en la materia.

Dentro de la comisión funcionará una Subcomisión Redactora, integrada por Cardone, Gozaíni y Converset, que tendrá a su cargo la elaboración del índice, el articulado, los fundamentos y el anteproyecto de ley. Los restantes miembros conformarán la Subcomisión Revisora, encargada de analizar el texto producido por ese primer grupo. Todos desempeñarán sus tareas ad honorem.

La comisión tendrá un plazo máximo de 60 días corridos desde su primera reunión formal para concluir sus tareas y aprobar el texto definitivo, aunque podrá solicitar una prórroga. También podrá convocar con carácter consultivo a otros magistrados, funcionarios, especialistas, universidades, colegios profesionales y organismos públicos.

Una vez terminado, el anteproyecto deberá ser presentado ante la Secretaría de Justicia para su consideración y posterior elevación al ministro.