La Cámara Federal rechazó un recurso de la senadora Cristina López contra el archivo de la causa por los incidentes en un despacho del Senado

La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal porteña declaró inadmisible este martes un recurso de casación presentado por la senadora Cándida Cristina López, del bloque Justicialista y representante de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, contra el archivo de la causa que inició por los incidentes ocurridos cuando intentó ingresar a un despacho del Senado de la Nación a fines de 2025.

La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes entendieron que la resolución cuestionada no reunía los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

López intervino como querellante, con el patrocinio de Fernando Burlando y Fabián Amendola, y buscaba revertir el fallo del 7 de septiembre pasado que había confirmado el archivo dispuesto en primera instancia por imposibilidad de proceder.

La causa se originó en una disputa por la oficina 742 del edificio anexo del Senado. López, que había ingresado a la Cámara alta por la Alianza Frente de Todos y cumple mandato por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur entre 2025 y 2031, había acordado ocupar ese despacho luego de la salida del entonces senador Sergio Leavy. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2025 encontró la puerta cerrada, fajada y bajo custodia de personal de seguridad. Según relató en su denuncia, también había sido retirada la placa con su nombre y los agentes le impidieron el ingreso.

El episodio se produjo en el marco de una medida impulsada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que había dispuesto que los legisladores cuyos mandatos finalizaban el 10 de diciembre restituyeran los despachos y bienes que tenían asignados. López sostuvo que el bloqueo de la oficina había sido ordenado por la Vicepresidencia y responsabilizó a Villarruel por lo ocurrido.

Tres días después, el 1° de diciembre, la senadora regresó al lugar acompañada por un cerrajero con la intención de ingresar y retirar pertenencias que, según afirmó, permanecían dentro de la oficina. Volvió a encontrarse con personal de seguridad y allí se produjo un forcejeo. López denunció haber sido empujada, golpeada y sometida a tocamientos, además de afirmar que el cerrajero había recibido amenazas.

Como parte de su denuncia, exhibió una lesión en el tobillo derecho. Según documentación incorporada al expediente, un médico del Senado constató un hematoma de 5 por 3 centímetros en esa zona. La legisladora atribuyó el episodio al operativo dispuesto para impedirle el acceso y volvió a señalar a Villarruel como responsable de la decisión administrativa que había dado origen al conflicto.

La investigación quedó radicada en el Juzgado Federal N° 5. Durante la pesquisa se requirió al Senado documentación vinculada con la asignación, cierre y custodia del despacho, además de información sobre las autoridades y agentes presentes en el lugar.

Sin embargo, la prueba reunida no permitió acreditar judicialmente las agresiones denunciadas ni individualizar a sus eventuales autores. Al confirmar el archivo, la Cámara sostuvo que sí había quedado establecida la existencia de un conflicto en torno al acceso a la oficina 742 y la presencia de personal de seguridad, pero no se reunieron elementos suficientes para demostrar las agresiones en los términos planteados por la querella.

La representación de López cuestionó además que se hubiera descartado una pericia psicológica forense, sostuvo que existían medidas de prueba pendientes y rechazó que el episodio pudiera reducirse a una controversia administrativa por la asignación del despacho. Esos planteos fueron desestimados por la Sala I al confirmar el cierre del expediente.

Frente a esa decisión, la senadora intentó llevar el caso a la Cámara Federal de Casación Penal. Bertuzzi y Yadarola señalaron ahora que la resolución impugnada no constituía una sentencia definitiva ni podía ser equiparada excepcionalmente a una de ese tipo.

También consideraron que los argumentos de la querella reproducían, en lo sustancial, los cuestionamientos ya formulados durante la apelación y que no se había demostrado un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior.

Llorens coincidió con el rechazo y sostuvo que la vía de casación debe reservarse para los supuestos específicamente previstos por la ley. Con esos fundamentos, la Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisible el recurso presentado por López y devolvió las actuaciones a la instancia anterior.