La Cámara Federal porteña confirmó el archivo por falta de pruebas de una denuncia de la senadora por Tierra del Fuego Cándida Cristina López, a raíz de agresiones que sufrió cuando intentó ingresar a su despacho el 1 de diciembre de 2025 y lo encontró con la cerradura cambiada.
El Tribunal de Apelaciones ratificó que la prueba reunida no alcanzó para acreditar las agresiones ni para identificar a sus responsables, al decidir sobre una apelación de la legisladora, querellante en la causa.
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La Cámara avaló el archivo por imposibilidad de proceder resuelto por la jueza federal de primera instancia María Eugenia Capuchetti. La decisión fue de los integrantes de la sala I Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
El conflicto
El episodio se remonta a fines de 2025 cuando la senadora kirchnerista denunció que la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta Victoria Villarruel había ordenado cambiar la cerradura del despacho que le correspondía ocupar.
El 28 de noviembre de 2025, López regresó a la oficina 742 del edificio anexo del Senado y encontró la puerta cerrada, fajada y custodiada por personal de seguridad. Según relató en su denuncia, los agentes le impidieron el ingreso por orden de la Vicepresidenta. Su placa identificatoria había sido retirada del lugar.
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El 1° de diciembre, al persistir el impedimento, se presentó con un cerrajero para recuperar sus pertenencias. Denunció haber sido empujada, golpeada y sometida a tocamientos. También aseguró que al cerrajero le patearon las herramientas y le profirieron la frase “te vamos a meter preso”, según recordó el Tribunal de Apelaciones en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
El tribunal concluyó que las pruebas no permitieron reconstruir el episodio ni determinar la identidad de sus autores. La causa podrá ser reabierta si aparecen nuevas evidencias.
“Las medidas producidas durante la investigación han permitido reconstruir el contexto general en el que se desarrollaron los acontecimientos y acreditar la existencia de una controversia respecto del acceso a la oficina 742, pero no han permitido reunir elementos objetivos suficientes para sostener una imputación penal concreta”, sostuvo la resolución.
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La apelación
La querella apeló el archivo por prematuro y arbitrario. Argumentó que la resolución de primera instancia hizo una “valoración fragmentaria de la prueba” y omitió analizar la posible existencia de violencia política e institucional de género además de un eventual abuso de autoridad. También cuestionó que se hubiera descartado la pericia psicológica forense y que el cierre del despacho fuera tratado como una mera controversia administrativa. Además remarcó que hay prueba pendiente.
La Cámara sostuvo al responder esos argumentos que se requirió al Senado toda la documentación relativa a la asignación, cierre y custodia del despacho, así como la identificación de las autoridades y agentes que estuvieron ese día en el lugar.
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“Si bien la investigación permitió establecer la existencia de un conflicto en torno al acceso a la oficina 742 y la presencia de personal de seguridad en el lugar, las constancias reunidas no lograron evidenciar que, en ese contexto, la querellante hubiera sido efectivamente agredida en los términos denunciados”, agregó la decisión judicial.
El episodio se enmarcó en un decreto impulsado por la vicepresidenta y titular del Senado Victoria Villarruel que dispuso que los senadores cuyo mandato concluía el 10 de diciembre de 2025 restituyeran sus despachos. López había acordado con el senador saliente Sergio Leavy el traspaso de esa oficina.
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