El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió este martes que se cite a declaración indagatoria por presunto “peculado” al ex diputado kirchnerista Emiliano Estrada, acusado de montar una usina de “fake news” con fondos del Congreso Nacional.
En un dictamen entregado al juez federal Sebastián Casanello a cargo de la causa penal, el fiscal reclamó indagar al salteño Estrada por “haber utilizado trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio”, según el texto al que accedió Infobae.
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En concreto se lo denunció por el trabajo que hicieron dos asesores pagados con fondos del Congreso cuando era Diputado nacional. “Dichas tareas implicaban la confección y difusión de videos falsos, de manera clandestina y amparado en el anonimato de las redes sociales, suceso que encuadraría “prima facie” en el delito de peculado de trabajo y servicios", concluyó la fiscalía.
Cuando culminó su mandato y ya fuera de la función pública, el dirigente salteño y economista fue uno de los nueve profesionales que visitó a la detenida ex presidenta Cristina Kirchner en San José 1111, reunión que le valió a la expresidenta un endurecimiento en las condiciones de su prisión domiciliaria.
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Tik Tok con dinero público
En sus comienzos la investigación se llevó en Salta pero la Cámara Federal porteña ordenó luego el pase a Comodoro Py 2002 ante el origen de los fondos públicos involucrados y el lugar donde se habría montado la usina de desinformación, las oficinas de Estrada en Diputados.
El origen del caso se remonta al 16 de enero de 2025, cuando se presentó una denuncia formal contra el legislador por la provincia de Salta. La acusación central sostuvo que el funcionario empleó fondos estatales para financiar la creación de cuentas anónimas en redes sociales, específicamente en la plataforma TikTok. Según el texto de la denuncia, estas maniobras tuvieron como objetivo realizar “operaciones difamatorias” mediante la publicación de información falsa dirigida contra funcionarios, empresarios y periodistas.
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El contenido, principalmente, vinculaba al gobierno salteño con el narcotráfico. La Fiscalía Federal de Salta, a cargo de Carlos Amad, sostuvo que esta maniobra buscó intimidar a la población o manipular la opinión pública, lo que el dirigente kirchnerista habría usado para su beneficio político.
Los dos colaboradores que manejaban las cuentas admitieron ante la Justicia el trabajo que hacían contratados por el entonces Diputado salteño.
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