Comenzó en Orán el juicio contra 12 acusados de montar una “aduana paralela” dedicada al contrabando desde Bolivia

El debate oral se centra en una presunta asociación ilícita que utilizaba una finca junto al río Bermejo, para cobrar el paso de vehículos con mercaderías ingresadas. Según la acusación, por el predio pasaban unos 300 vehículos por día

aduana paralela en Oran
Las imágenes obtenidas con un dron registraron el movimiento de personas y mercaderías a través del río/MPF
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El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta comenzó en Orán el juicio contra 12 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de mercaderías desde Bolivia. La organización habría operado entre julio y agosto de 2025 mediante una estructura montada en una finca sobre el río Bermejo, donde cobraba aranceles por el paso de vehículos cargados.

La actividad ilegal habría movilizado cerca de 300 vehículos por día, según la acusación presentada por el fiscal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán. Los movimientos económicos vinculados con la mercadería que circulaba por el predio fueron calculados en $2.975.392.851,56 por la División Aduana de Orán de ARCA-DGA.

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El operativo para desmantelar el corredor, realizado en agosto del año pasado, contó con 170 efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal, Policía de Salta y personal de Aduana. Además de una serie de detenciones, la jueza Ivana Hernández había ordenado clausurar la finca y disponer una consigna permanente de Gendarmería para impedir que el lugar vuelva a usarse para el contrabando.

Los 12 imputados son señalados como miembros de una asociación ilícita y también como partícipes necesarios del delito de contrabando, agravado por el número de intervinientes y por el monto por hechos cometidos. La causa también tiene otros tres imputados, que fueron detenidos después de que el expediente fuera elevado a juicio. Entre ellos se encuentra quien es señalado como el presunto jefe de la organización, arrestado el 8 de agosto en Bolivia, de acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

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Una finca junto al río Bermejo como punto de ingreso

El debate, que comenzó el martes pasado, se desarrolla ante los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci. Romero expuso que la pesquisa comenzó el 26 de mayo de 2025, tras indicios de actividad ilegal en la finca. El predio está formado por dos catastros ubicados a dos kilómetros de Aguas Blancas, junto a la ruta nacional 50. Su parte posterior llega al río Bermejo, límite natural entre Argentina y Bolivia.

La fiscalía sostiene que el grupo tenía permanencia, estabilidad y una división de funciones para importar mercadería de contrabando desde el país vecino. El objetivo era obtener “una importante ganancia económica”, mediante una infraestructura que el fiscal definió como una “Aduana paralela”.

Procedimientos vinculados a una “Aduana paralela” a orillas del río Bermejo
Procedimientos vinculados a una “Aduana paralela” a orillas del río Bermejo/MPF

Una de las parcelas comienza sobre la ruta 50 y fue comprada el 10 de febrero de 2025 por $ 20 millones. La otra figura a nombre de una mujer, aunque estaba ocupada materialmente desde hacía años por otra familia.

Ese segundo terreno tenía salida directa a la costa del Bermejo, donde llegaban gomones procedentes de Bolivia con los bultos de mercadería. Desde allí, los vehículos realizaban la carga inicial y circulaban por un camino interno hasta alcanzar la ruta nacional.

Ambas propiedades estaban conectadas por un acceso que, según la acusación, había sido habilitado y mantenido de forma clandestina por los imputados. En distintos puntos del recorrido se cobraban montos según el vehículo utilizado y la cantidad de bultos transportados.

Intervenciones telefónicas y allanamiento en agosto

La estructura operaba mediante subgrupos con tareas determinadas para sostener el traslado de mercadería, el control del acceso y la percepción de los cobros. Para reunir las pruebas, intervino personal de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán de Gendarmería Nacional.

La investigación incluyó tareas de campo, intervenciones telefónicas y la participación de un agente revelador, cuya actuación permitió confirmar las maniobras atribuidas a los acusados. Las imágenes obtenidas con un dron registraron el movimiento de personas y mercaderías a través del río.

El operativo realizado en la finca interrumpió el funcionamiento de la organización, según expuso la fiscalía. Durante el allanamiento fueron detenidos 11 de los imputados, se secuestraron numerosas pruebas y se dispuso la clausura de la propiedad.

La Dirección General de Aduanas también incautó mercadería que había ingresado al predio ese mismo día. Tras la exposición inicial del fiscal y los alegatos de las defensas. Las audiencias continuarán mañana..

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