
A menos de seis meses de que comience a implementarse el sistema acusatorio federal en la jurisdicción de Córdoba, jueces, abogados y referentes de la Justicia analizaron los cambios que traerá el nuevo modelo.
El encuentro se realizó en el marco de la presentación del curso “Medios de impugnación en el proceso penal”, en el Salón Vélez Sarsfield de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
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La disertación se sustentó en el Código Procesal Penal Federal. Comentado, anotado y concordado, una publicación dirigida por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky. El libro reúne aportes de más de 50 autores, entre integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del decano de la Facultad de Derecho, Carlos Toselli. También participaron Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Mariana Catalano, jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y el abogado y docente Francisco Oneto.
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Los expositores abordaron las consecuencias de la reforma para magistrados, fiscales, defensores, empleados judiciales y abogados. La capacitación apareció como una necesidad compartida ante la próxima puesta en marcha del nuevo régimen procesal.
Los tiempos procesales
Borinsky definió la reforma como un proceso que excede la modificación de las reglas procesales. “No es un cambio de normas y de formas. Es un cambio de cultura judicial”, afirmó.
Además, dedicó parte de su exposición al artículo 114 de la norma, que establece el carácter perentorio de los plazos legales y judiciales. Enfatizó que “durante décadas, los plazos fueron perentorios para una sola parte: para el abogado”.
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El camarista señaló que el incumplimiento sostenido de los términos procesales por parte de los operadores del sistema puede afectar la garantía de obtener una resolución en un plazo razonable. Lo resumió así: “La gran deuda del sistema anterior no fue dogmática. Fue una deuda de tiempo”.

Asimismo, citó el informe anual de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal, que registró que el 82,2% de los casos tramitados bajo el nuevo Código concluyó con sentencia dentro del año de trámite.
El magistrado sostuvo que “cuando en marzo el Código llegue a Córdoba, ustedes no van a recibir una ley abstracta recién salida del Boletín Oficial. Van a recibir un código con jurisprudencia”.
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Con la incorporación de La Plata, el sistema acusatorio ya rige en Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y distintas regiones de la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires.
El nuevo modelo
Desde el 8 de marzo de 2027, en Córdoba los fiscales conducirán las investigaciones, los jueces dejarán de instruir y las defensas deberán producir sus propias pruebas en un régimen basado en audiencias y plazos obligatorios.
La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal reemplazará el esquema de investigación judicial por un modelo en el que los fiscales reunirán las pruebas y sostendrán la acusación ante los tribunales.
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El sistema exige que las partes expongan sus argumentos en audiencias orales, con plazos perentorios para jueces, fiscales y abogados. La modificación busca reducir las demoras, reforzar la intervención de las partes y desplazar al expediente escrito como eje de la tramitación.

Los jueces trabajarán organizados en colegios y la Oficina Judicial tendrá a su cargo la gestión práctica de las audiencias. El cambio también alcanza a la revisión de las decisiones: las impugnaciones se resolverán en audiencia, ante un tribunal que escuchará a las partes y podrá pronunciarse en el acto.
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