La militante María Soledad Calle reconoció que compró el departamento vecino al de Cristina Kirchner y explicó para qué se usaría

La militante kirchnerista María Soledad Calle reconoció este martes en los tribunales que compró el departamento vecino al de Cristina Fernández de Kirchner, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. En un escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini, la exempleada de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) explicó cómo y para qué adquirió la propiedad ubicada en San José 1111, además de aportar otras precisiones para defenderse en la causa por presunta administración fraudulenta de fondos del sindicato.

A través de una presentación judicial de carácter aclaratorio firmada por su abogado, Pablo Slonimsqui, Calle dio su versión sobre la compra de autos, los viajes al exterior que hizo en los últimos años y la constitución de la sociedad Grupo Vértice Global S.A.

La militante de La Cámpora había negado públicamente la compra. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, le dijo a La Nación, diario que reveló las gestiones inmobiliarias.

De acuerdo con el documento presentado en el expediente, Calle aclaró que la adquisición del primer piso de San José 1111 fue “realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.

La compra se concretó por unos USD 189.000 el 20 de agosto de 2025, según se desprede de distintos registros.

Sin embargo, ahora la defensa argumentó que la transacción se habría realizado antes de la constitución de USEM S.A. -empresa creada por la militante- y de la firma del contrato de locación de servicios entre esa compañía y la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA), es decir previo al 27 de febrero de 2023.

La aclaración busca desvincular esa parte de su patrimonio de los fondos derivados del convenio suscripto entre el sindicato metalúrgico y la sociedad anónima.

Precisamente, la investigación que lleva adelante el juez Ercolini apunta a esclarecer si ese contrato generó un perjuicio para la institución, su obra social OSUOMRA y sus afiliados al ceder el control financiero y la administración de los aportes de los trabajadores a USEM S.A., que percibía una comisión del 0,5% en concepto de honorarios. Esto equivaldría a unos 100 millones de pesos, según la denuncia iniciada por un sector opositor del gremio encabezado por Ángel Derosso.

Abel Furlán, extitular del sindicato, también se presentó en las últimas horas en el Juzgado Federal N° 12 para solicitar su sobreseimiento. Tanto su defensa como la de Calle sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, sino “solo la gestión bancaria” de los mismos.

Los planteos defensivos apuntan a que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM, como el Consejo Directivo, el Secretariado Nacional y el Congreso Nacional de Delegados.

A María Soledad Calle se la señaló, en particular, por desempeñarse en simultáneo como empleada en relación de dependencia de la UOM —en el área de relaciones internacionales— y, al mismo tiempo, tener una participación societaria como directora de USEM S.A., la firma contratada por el sindicato. Su defensa niega que haya existido una “autocontratación”. A eso se suman las presuntas irregularidades patrimoniales.

Vehículos y sociedades bajo la lupa

En su defensa, la militante y empresaria aclaró en su escrito que su vehículo personal es una camioneta Peugeot 3008, adquirida en 2023. Para concretar esa compra, alegó haber vendido dos autos que ya formaban parte de su patrimonio: una Nissan Kicks y un Toyota Etios.

Respecto del BMW M135 xDrive que aparece a su nombre, aclaró que no lo compró ella, sino su pareja, quien compartió con ella la titularidad registral.

“Esta modalidad se corresponde con la organización habitual de la familia, dentro de la cual ambos se encuentran autorizados a conducir los vehículos familiares”, planteó el abogado de Calle, quien remarcó la necesidad de despejar “cualquier insinuación sobre un incremento patrimonial carente de explicación”.

Asimismo, el descargo de María Soledad Calle sumó información sobre la constitución de Grupo Vértice Global S.A., creada el 14 de julio de 2025 por Calle y su pareja.

La defensa definió a esta empresa como un proyecto estrictamente familiar y privado, ajeno a la actividad de la UOM y de USEM. El escrito puntualizó que el capital inicial se integró con ahorros personales y que la firma no registró movimientos comerciales, facturación ni actividad efectiva desde su fundación, lo cual consta en sus balances y declaraciones impositivas. De esta manera, la defensa buscó desvincular a esta sociedad de recursos provenientes del sindicato o de la contratación cuestionada.

Calle y la UOM

En la causa se denunciaron 114 viajes internacionales que habría realizado María Soledad Calle entre 2010 y 2026. La investigación apunta a determinar cuáles se realizaron por motivos laborales y cuáles con fines personales.

La militante ingresó a trabajar en el sindicato en abril de 2021. Sus tareas se concentraron en el área de relaciones internacionales, representando a la entidad en IndustriALL Global Union, una federación sindical internacional con sede en Ginebra. En ese ámbito, relató su abogado, resultó electa miembro del Comité Ejecutivo para América Latina y el Caribe y asumió la presidencia del Comité Global de Empresas Multinacionales.

“La enumeración mediática de una cantidad falsa y descontextualizada de viajes corresponde a los desplazamientos internacionales vinculados con congresos, reuniones y actividades de IndustriALL Global Union en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades”, sostuvo el defensor Pablo Slonimsqui en su escrito.

Finalmente, la presentación negó que su desvinculación laboral de la UOM -fue despedida en junio de este año- se hubiera producido por una supuesta incompatibilidad de funciones detectada por el interventor del sindicato, Alberto Biglieri. La defensa aseguró que se trató de un despido sin causa, como el de otros empleados, y que incluso se concretó la indemnización correspondiente.

El juez Ercolini, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, trabaja sobre una batería de medidas ordenadas a fines de la semana pasada.

El magistrado, que subroga el Juzgado Federal N° 12, pidió informes al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires sobre el departamento del primer piso de San José 1111.

También requirió a ARCA que informe si Calle trabaja o trabajó en relación de dependencia para UOMRA y que detalle sus remuneraciones y declaraciones juradas, en caso de que las haya presentado.

La investigación también avanzará sobre declaraciones juradas, actividades, domicilios, facturación, compras y ventas de USEM S.A.

El juez requirió además detalles sobre la propiedad del Peugeot 3008 y el BMW M135 xDrive, así como los datos migratorios de Calle desde 2022.