La Cámara Federal de Casación Penal habilitó este martes la revisión de la falta de mérito y libertad de Enrique Esteban Antequera, vinculado con la administración de Urkupiña, uno de los principales predios de la mega feria de La Salada, en el marco de una causa que investiga presuntas estructuras ilícitas alrededor del complejo comercial.
El expediente analiza posibles maniobras relacionadas con la explotación de las ferias Urkupiña y Punta Mogote. La hipótesis acusatoria del Ministerio Público Fiscal apunta a investigar presuntos hechos de asociación ilícita, lavado de activos, evasión tributaria y comercialización de productos con marcas falsificadas o adulteradas.
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“Quique” Antequera aparece señalado dentro de esa pesquisa por su vinculación con Urkupiña. De acuerdo con las actuaciones, el empresario llegó a desempeñarse como presidente de la sociedad que administra la feria y luego pasó a figurar como director suplente. La investigación incluyó, entre otras medidas de prueba, escuchas telefónicas y análisis de movimientos económicos y patrimoniales vinculados con las distintas personas bajo sospecha.
En primera instancia se había dispuesto su procesamiento con prisión preventiva. Sin embargo, el 8 de mayo de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, dictó la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo, dejó sin efecto el embargo y ordenó su inmediata libertad.
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La fiscalía recurrió esa resolución. Como el recurso de casación fue rechazado, presentó una queja ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Este martes, ese tribunal habilitó por mayoría la revisión del caso. La Sala estuvo integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, aunque este último no se pronunció sobre la admisibilidad del recurso porque la mayoría ya estaba formada.
En efecto, el juez Carbajo sostuvo que los planteos del Ministerio Público presentaban, en principio, naturaleza federal y que existía un perjuicio de tardía o imposible reparación posterior que justificaba abrir excepcionalmente la instancia.
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El juez aclaró que la decisión se adoptaba “sin que la decisión implique abrir juicio sobre la cuestión de fondo planteada” y propuso hacer lugar a la queja.
El juez Hornos coincidió con la apertura y afirmó que la fiscalía había logrado acreditar “una clara afectación al debido proceso en el sentido del avance de la investigación en un caso complejo de criminalidad económica que afecta los intereses que representa el Ministerio Público Fiscal”.
También se refirió a la trascendencia del expediente. “No puedo dejar de destacar aquí que, desde una perspectiva realista, superadora de la formalidad, y con cierta empatía judicial, es evidente que la decisión a tomar en casos como el presente produce una importante expectativa en la comunidad jurídica y en la sociedad toda”, precisó.
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En otro tramo afirmó: “Resulta, pues, imperativa que la investigación sea diligente y exhaustiva, firmemente enmarcada en los claros contornos de la ley y la Constitución -por encima de los cuales nadie puede pretender colocarse en un Estado de Derecho-, que deben servir de guía en los procedimientos que tienen por fin la averiguación de la verdad”.
Hornos propuso además que, cuando se analice el fondo del recurso, se celebre una audiencia oral y pública para que las partes expongan sus posiciones.
El camarista Borinsky, por su parte, destacó: “Sellada la suerte de la presente queja en virtud del voto de mis colegas, habré de pronunciarme al momento de resolver sobre el fondo del asunto”.
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La resolución se suma a otras decisiones recientes de la misma Sala IV, que ya había habilitado recursos de la fiscalía contra faltas de mérito y libertades dictadas respecto de otros imputados vinculados con La Salada.
Entre ellos aparecen empresarios, administradores, familiares y colaboradores ligados a los distintos predios, como Jorge Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, además de integrantes de la familia Antequera.
Con la queja ahora admitida, la Sala IV deberá analizar el recurso de la fiscalía y resolver si corresponde mantener o revisar la falta de mérito dispuesta por la Cámara Federal de La Plata.
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