Los denunciantes en una causa por supuesta defraudación que investiga al líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, y a la accionista y directora de la empresa USEM, María Soledad Calle, pidieron este miércoles que se allane un departamento en San José 1111 que sería propiedad de esta última. El inmueble está ubicado en el mismo edificio donde cumple su condena la ex presidenta Cristina Kirchner.
El planteo se hizo ante el juez federal Julián Ercolini, en el marco de una denuncia por supuesta administración fraudulenta que involucra a la empresa USEM, donde sería accionista Calle, vinculada a La Cámpora, y que tiene un contrato firmado con la UOM por el cual percibiría un porcentaje de los aportes de unos 200 mil afiliados.
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El allanamiento
La solicitud fue presentada por los opositores a Furlán, Ángel Derosso y Gerardo Piva, con patrocinio del abogado Yamil Castro Bianchi. En el escrito reclamaron el allanamiento y registro del departamento del primer piso de San José 1111, cuya titularidad atribuyen a Calle. Los denunciantes acompañaron un informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble porteño según el cual el inmueble figura a nombre de la mujer.
En el mismo escrito, pidieron que la Justicia profundice la pesquisa sobre el origen de los fondos usados para comprar esa propiedad y que evalúe si parte del dinero presuntamente vinculado con las maniobras investigadas pudo terminar en la adquisición, administración o incorporación de bienes al patrimonio de Calle.
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En ese contexto, sugirieron que se estaría ante un supuesto lavado de activos. Los denunciantes señalaron que la unidad funcional cuya inspección pretenden se encuentra en el mismo inmueble donde reside y cumple la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y debajo de su departamento. Aun así, el pedido judicial quedó limitado de manera expresa a la unidad identificada en el informe de dominio.
De acuerdo con la presentación a la que accedió Infobae, el objetivo del allanamiento es constatar la ocupación efectiva del inmueble, su uso y su destino actual. También busca establecer si la propiedad guarda relación con los hechos bajo investigación y si existe correspondencia entre la operación inmobiliaria y la situación patrimonial de su titular.
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La denuncia
Según la denuncia, la empresa USEM fue constituida en diciembre de 2022 por Calle y Adalberto Raúl Braconi, y poco después celebró con la UOM el contrato cuya legalidad, condiciones económicas, eventual conflicto de intereses y destino de los fondos forman parte de la causa.
Los registros societarios citados en la presentación también ubican a Calle dentro del directorio de USEM S.A.. A eso se agregó otra referencia temporal que los denunciantes consideran relevante: por escritura del 14 de julio de 2025, Calle constituyó junto con Federico Darío Monzón la sociedad Grupo Vértice Global S.A., con un objeto que incluye administración de negocios financieros, inversiones, bienes, operaciones de financiación y actividades inmobiliarias.
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Esa sociedad fue publicada en el Boletín Oficial el 14 de agosto de 2025 y, según remarcaron los denunciantes, seis días después se habría comprado el departamento de San José 1111. Para los presentantes, esa cercanía temporal justifica ampliar la pesquisa patrimonial y financiera sobre Calle.
La información fue difundida este miércoles por el diario La Nación. El escrito señala que “resulta parcialmente corroborada por documentación registral y societaria de carácter oficial”, y por eso se pidió que se investigue “en el marco de las maniobras patrimoniales” que forman parte de la denuncia penal.
En su pedido, sostuvieron que el departamento del barrio porteño de Constitución no constituye un lugar ajeno a los hechos bajo análisis, sino uno de los bienes cuya adquisición y financiación corresponde investigar. También afirmaron que hasta ahora no existe una explicación cierta sobre la utilización efectiva del inmueble.
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La causa tiene como principal eje un contrato firmado entre la UOM y USEM, en una investigación que alcanza al titular del gremio, Abel Furlán, y a Calle. De acuerdo con la denuncia, la compañía recaudaría más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200.000 afiliados, a partir de ese vínculo contractual con el sindicato.
El expediente está en la actualidad bajo estudio en la Cámara Federal de Casación porque los denunciantes habían sido aceptados como querellantes por el juez Ercollini pero la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y el tema llegó en apelación a la instancia superior, Casación, que deberá resolver si los opositores al líder sindical pueden intervenir en esa condición dentro de la causa, según supo Infobae en fuentes del caso.
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