La Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional comenzó este miércoles con el peritaje de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se habla de coimas y corrupción entre el organismo y el sector privado.
El juez federal Ariel Lijo ordenó la pericia para esclarecer el origen y la veracidad de las grabaciones en las que se menciona que el porcentaje de sobornos “ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8”, y que “le debe llegar el 3 a Karina”, entre otras referencias a maniobras espurias.
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Luego de una reprogramación, el estudio se inició esta mañana en los laboratorios del edificio Centinela.
Según indicaron fuentes de la fuerza, a primera hora se abrió el sobre lacrado y sellado en el que llegó el pendrive entregado por el periodista Mauro Federico, quien sacó a la luz los audios en el streaming Carnaval y luego los entregó a la Justicia. Se analizarán más de 50 archivos.
Cada paso que dan los especialistas de Gendarmería es secundado por los peritos de parte que designaron las defensas de Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina. El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, también convocó a cinco expertos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para trabajar en el peritaje.
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A diferencia de la fiscalía, que no usó los audios para acusar a las 19 personas que hoy están procesadas, las defensas sostienen que este material dio inicio al caso. De verificarse su origen clandestino -por ejemplo, que sean escuchas ilegales-, buscarán hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.
El fiscal Picardi asegura que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a los audios.
El peritaje
La Gendarmería Nacional debe citar a Spagnuolo para que se presente a dar una muestra de su voz, tal como ordenó el juez Lijo.
El exabogado del presidente Javier Milei se negó a cumplir con ese punto de pericia, pidió su nulidad y reclamó que se suspenda el peritaje hasta tanto se resuelva si se estaría “autoincriminando” al colaborar con la Justicia, tal como alegaron sus abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera.
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El juez Lijo no hizo lugar a este planteo de Spagnuolo y el tema pasó a la Sala II de la Cámara Federal porteña. El tribunal de apelaciones no se pronunció al respecto, aunque podría hacerlo mientras se desarrolla la pericia.
De cualquier forma, Diego Spagnuolo no está obligado a prestar colaboración.
Los peritos necesitan un “material indubitado” -que no haya dudas de que quien habla sea Spagnuolo- para cotejarlo con las grabaciones que destaparon el escándalo.
Ante la negativa del exfuncionario, el fiscal Picardi propuso usar cuatro entrevistas que dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.
Buena parte del trabajo de la Gendarmería estará enfocada en el posible uso de inteligencia artificial. El juez ordenó buscar “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.
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Además, en otro punto, requirió que se detecte si existió algún tipo de “edición mediante IA o herramientas de síntesis digital” con la que se haya manipulado la voz de Spagnuolo.
También se intentará hacer una “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”, de acuerdo a lo ordenado por el juez que subroga el Juzgado Federal N° 11.
Mientras avanza el peritaje, Ariel Lijo tiene por delante resolver la situación procesal de los últimos 30 imputados -funcionarios, empleados públicos, empresarios e intermediarios- que ya pasaron por declaración indagatoria. El fiscal busca sumarlos a la lista de procesados que tiene el expediente.
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En tanto, el primer grupo de acusados aguarda a que la Cámara Federal porteña resuelva la apelación de sus procesamientos. La Sala II quedó desintegrada luego de la salida del juez Martín Irurzun, pero el fallo puede salir solo con las firmas de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, en caso de que lleguen a un acuerdo.
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