Una nueva denuncia por supuesto lavado de activos con fondos de la AFA que se presentó contra su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino quedó a cargo este lunes de la jueza federal porteña María Servini, quien tendrá que resolver si acepta investigarla o la remite al juzgado federal de Campana. A este último distrito, la Cámara Federal de Casación resolvió enviar la pesquisa por la compra de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros.
El juzgado federal 1 de Comodoro Py 2002 a cargo de la magistrada resultó sorteado para ocuparse de la denuncia que en marzo pasado presentó el empresario Guillermo Tofoni, en base a publicaciones periodísticas que dieron cuenta del funcionamiento de un presunto esquema de lavado de dinero con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino.
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La causa estuvo a cargo hasta la semana pasada del juez en lo penal económico porteño Diego Amarante, quien se declaró incompetente y la remitió al fuero federal porteño.
El juez Amarante decidió que si bien el fuero federal es el que tiene que investigar la nueva denuncia, le corresponde a la ciudad de Buenos Aires por el lugar donde se habrían cometido los delitos. Mientras tanto está pendiente de resolución en la Cámara Federal de San Martín un planteo por la competencia que se originó cuando el juez de Campana González Charvay reclamó sumar también este expediente y Amarante se negó a enviarlo a esa jurisdicción.
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Qué se investiga
En la denuncia se aludió a “presuntas maniobras de lavado de activos” que se habrían ejecutado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La hipótesis delictiva “describe un circuito donde los fondos habrían ingresado a través de financieras situadas en el microcentro porteño, habrían sido trasladados a un estudio jurídico, y finalmente habrían tenido como destino la sede central de la AFA en la calle Viamonte o el domicilio particular de uno de sus dirigentes, según recordó Amarante. Todos son ” ámbitos geográficos sujetos a la jurisdicción territorial de la Capital Federal”, sostuvo en esa decisión a la que accedió Infobae.
Se pidió investigar en base a publicaciones periodísticas si “existió en el ámbito de esta Ciudad un enorme esquema de lavado de activos que comenzaba con el desvío de los fondos desde el exterior (España y EE.UU principalmente) a las empresas ‘intermediarias’ , luego llegaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un grupo de financieras, ubicadas en el microcentro de esta Ciudad, se trasladaba nuevamente a un estudio jurídico en el cual era contado el efectivo y finalmente terminaba en la sede Central de la AFA y/o un departamento” de uno de sus dirigentes, todo en CABA.
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Al enviar el caso a Comodoro PY, el juez Amarante destacó que “a la fecha, no se encuentra determinada la prelación temporal entre los hechos objeto de la presente denuncia y aquellos que son materia de investigación ante el Juzgado Federal de Campana, por lo que en definitiva será materia de decisión de los tribunales competentes en discernir -llegado el caso- si corresponde unificar la presente causa con la N° CFP 5277/2025 (mansión de Pilar) y en esa hipótesis, en qué jurisdicción”. Ahora la jueza Servini decidirá a su vez si envía el expediente a Campana o reclama asumir la investigación.
Mientras tanto los conflictos por las causas que involucran a la AFA están por llegar a la Corte Suprema de Justicia: la Cámara Nacional en lo Civil tiene que decidir si concede un recurso del Gobierno Nacional contra la mudanza de la sede social a Pilar y, en el caso de la casaquinta de Pilar, el fallo de Casación que devolvió la pesquisa a Campana será apelado ante el máximo tribunal del país por el fiscal ante esa instancia Mario Villar.
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