Un juez envió a Comodoro Py una nueva denuncia contra Tapia y Toviggino y el conflicto por las causas contra la AFA llega a la Corte

La decisión de la Cámara Federal de Casación que esta semana mudó a un juzgado federal de Campana la pesquisa que intenta probar si una casaquinta en Pilar valuada en 20 millones de dólares pertenece a dirigentes de la AFA no cerró la pelea por las investigaciones a la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.

El máximo tribunal penal federal del país determinó en esa sentencia que se investiga un posible lavado de activos mediante testaferros, un delito ajeno al fuero penal económico donde se llevaba el caso y que pertenece al ámbito federal. Por eso devolvió el expediente al juzgado federal de Campana, en la provincia de Buenos Aires.

Esta decisión va camino a ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia por el fiscal ante Casación, Mario Villar. Si su recurso extraordinario no prospera, quedaría la vía de la queja directa al máximo tribunal del país. El eje del planteo pasa por dónde debe investigarse el caso, si en los fueros penal económico o federal, y ante esta última opción, si en Campana o en la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo por primera vez.

Otra vez Comodoro Py

En las últimas horas, un juez penal económico de la Ciudad de Buenos Aires envió a Comodoro Py 2002 una nueva causa que tiene a los mismos protagonistas por presuntos delitos que involucran a casas de cambio y financieras porteñas. Reconoció que el lavado de activos es un delito federal -en sintonía con la decisión de Casación-, pero en este caso particular concluyó que le toca al fuero federal porteño y no al bonaerense de Campana.

Por eso remitió la nueva denuncia contra Toviggino y Tapia a la Cámara Federal de CABA para que se sortee un juzgado. La resolución fue del juez en lo penal económico Diego Amarante, el mismo que ya procesó, embargó y prohibió salir del país a al titular de la AFA y el tesorero por evasión de impuestos, a raíz de no haber depositado a tiempo 19.000 millones de pesos en retenciones, pese a contar con los fondos para cumplir con ese compromiso.

Ahora, el magistrado actuó ante una denuncia que se recibió en su juzgado sobre un presunto esquema de lavado de activos con desvío de fondos desde el exterior -España y EEUU- a intermediarias de la AFA que luego los enviaban a financieras en el microcentro de CABA. El destino final del efectivo en dólares habría sido la sede central de la AFA de la calle Viamonte. El fallo recogió la doctrina fijada por Casación, según la cual el artículo 303 del Código Penal que castiga el lavado de dinero no está asignado por ley, en forma general, al fuero penal económico.

Sin embargo el juez advirtió que la maniobra “habría sido llevada a cabo en el ámbito de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Al momento de resolver sobre la casaquinta de Pilar, Casación no tenía elevada esta nueva denuncia y “por consiguiente, no integró” su resolución.

Tampoco se sabe, resaltó Amarante, qué ocurrió primero: si el supuesto lavado transnacional de divisas o la compra de la propiedad en Pilar por parte de la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y Ana Conte, los supuestos testaferros imputados en esa pesquisa, en la actualidad a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay.

“Lo expuesto adquiere particular relevancia si se tiene en cuenta que, a la fecha, no se encuentra determinada la prelación temporal entre los hechos objeto de la presente denuncia y aquellos que son materia de investigación ante el Juzgado Federal de Campana, por lo que en definitiva será materia de decisión de los tribunales competentes en discernir -llegado el caso- si corresponde unificar la presente causa con la N° CFP 5277/2025 y en esa hipótesis, en qué jurisdicción", concluyó el juez en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La casaquinta y la sede social

Los fiscales que se opusieron a que la investigación por la casaquinta, la flota de autos de lujo y los caballos de raza que se encontraron allí pase a Campana argumentaron que esas compras fueron el resultado de maniobras más amplias de lavado de dinero que se originaron en toma de decisiones en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Para adquirir esa propiedad se habrían desviado fondos de la AFA a través de sociedades con sede en Capital Federal, según la hipótesis acusatoria. Bajo esa lectura, el eje de la operatoria no estaría en el inmueble, sino en el circuito previo del dinero y en las firmas que habrían intervenido. Si el fiscal Villar presenta el recurso extraordinario, Casación deberá resolver si lo concede. Caso contrario, quedará el camino de la queja directa.

Otro foco de conflicto está en el fuero civil. La Cámara Nacional en lo Civil está en condiciones de decidir si abre el camino a la Corte en la pelea que mantiene la Inspección General de Justicia con la AFA por la mudanza de la sede social a un predio de Pilar. El Tribunal de Apelaciones le dio la razón a la entidad que preside Tapia, avaló el cambio de sede social y anuló decisiones de la IGJ. El Gobierno apeló ante el máximo tribunal y debe decidirse si se le concede el recurso y el expediente comienza a ser analizado en esta última instancia.