El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, al detectarse nuevas diferencias de precios por al menos $7.833.872.357,24 en la compra de medicamentos e insumos ortopédicos.
La resolución dispuso también el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro acusados ya procesados en febrero pasado. Se trata del exsegundo de Spagnuolo en ANDIS, Daniel Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, a quienes consideró presuntos jefes de asociación ilícita. También se extendió el procesamiento de Andrés Arnaudo y Federico Santich, señalados como integrantes de esa organización.
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La pesquisa se concentra en contrataciones del Programa Incluir Salud, que brinda cobertura a personas sin obra social que reciben pensiones no contributivas. Según el pronunciamiento, las maniobras abarcaron adquisiciones de medicamentos y de insumos médicos y ortopédicos.
Diferencias de precios de insumos
Un relevamiento técnico del Ministerio de Salud identificó diferencias de precios por al menos $1.849.277.963 en operaciones vinculadas con seis segmentos de insumos: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología.
Esa cifra se incorporó a los $5.984.594.394,24 que la causa ya había determinado de manera provisoria en el rubro medicamentos. De ese modo, el monto conjunto bajo análisis asciende a $7.833.872.357,24, aunque el juzgado aclaró que se trata de una estimación parcial, limitada a contrataciones que pudieron cotejarse con valores de referencia.
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En la decisión judicial de más de 500 carillas se advirtió que los sobreprecios no son el único eje de la investigación porque se busca establecer si existió una “estructura organizada para influir sobre procedimientos de contratación estatal y beneficiar a determinados proveedores”, según supo Infobae en fuentes judiciales.
La primera tanda de procesamientos dictados en febrero ya fue confirmada por la Cámara Federal porteña, en la causa que está delegada en la fiscalía de Franco Picardi.
A los acusados se les atribuyen, según cada caso, los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. La resolución también incluyó hechos que el juzgado consideró compatibles con el delito de lavado de activos agravado.
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Adjudicaciones direccionadas
En la resolución del caso que se lleva en el juzgado federal 11 que es subrogado por Lijo, se apuntó a “la existencia de una organización integrada por funcionarios, operadores externos, empresarios proveedores y personas encargadas de recibir o mover fondos presuntamente derivados de las maniobras”.
El fallo indicó que el esquema habría incluido selección de proveedores, circulación de información privilegiada, simulación de competencia, direccionamiento de adjudicaciones y gestión de pagos para empresas favorecidas. De acuerdo con el juzgado, esas prácticas habrían generado “beneficios indebidos para proveedores y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la estructura”.
Empresarios y agentes de ANDIS
La medida alcanzó a empresarios vinculados con firmas proveedoras de la ANDIS, entre ellos Emilio César Olguín, asociado a Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martín Goncalo Armella, vinculados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, de Farma Salud S.R.L.
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También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.; Humberto Gabriel Maone, de Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, de Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, de Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, de Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, relacionado, entre otras sociedades, con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
El juez procesó además a Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola y Alberto Denholm, quienes habrían tenido tareas relevantes en la estructura administrativa del organismo. La resolución los vincula con el manejo de invitaciones a proveedores, la coordinación de trámites, el acceso a información interna y el seguimiento de pagos.
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Por otra parte, Alan Pocovi y Sergio Mastropietro fueron procesados por supuesta asociación ilícita y lavado de activos agravado. El tramo los relaciona con circuitos financieros y comerciales investigados en torno de Calvete. Por último, Lautaro Brítez fue procesado como presunto miembro de la asociación ilícita.
La resolución también dictó la falta de mérito para 11 personas que habían sido indagadas. El juzgado consideró que corresponde profundizar la investigación sobre su eventual participación.
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