El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé desistió de mantener una queja contra el archivo de la causa penal por el préstamo de USD 57.100 millones otorgado a la Argentina por el FMI durante el macrismo, ante lo cual esa decisión quedaría firme.
La resolución se tomó ante la falta de una “hipótesis delictiva concreta” y por considerar que se trató de decisiones políticas “ajenas al control judicial”.
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En la causa fueron denunciados el expresidente Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y dos actuales integrantes del gabinete nacional: el ministro de Economía, Luis Caputo (entonces secretario de Finanzas y luego presidente del BCRA), y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger (por entonces titular del Banco Central).
Desacuerdo con un modelo económico
La Cámara Federal porteña confirmó el 4 de septiembre pasado el archivo resuelto en la justicia de primera instancia y esta decisión llegó en apelación con una queja directa a Casación.
Ahora el fiscal Pleé no mantuvo ese recurso de sus pares en las instancias precedentes porque “no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”.
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El fiscal fundamentó su decisión en un dictamen de 28 carillas al que accedió Infobae y en el cual entendió que se pretende llevar ante la Justicia “la adopción y las consecuencias de un determinado modelo económico” y tanto el juzgado como la Cámara Federal al archivar el caso “han hecho una adecuada aplicación de la doctrina de las cuestiones políticas que escapan al control judicial”.
La fiscalía ante Casación entendió que la apelación “no se condice con el objeto del proceso en esta etapa, que se reduce a comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad”.
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En relación con la acusación concreta sobre supuesta falta de trazabilidad de los fondos, el fiscal advirtió que “confunde el respaldo normativo con el respaldo contable. En efecto, no se ha indicado una infracción concreta en la aplicación de los fondos, sino que se ha planteado un cuestionamiento general a la política pública sobre su destino”.
El archivo de la causa
El fiscal concluyó que la resolución que archivó la denuncia “cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido” y por eso corresponde desistir de la apelación “en resguardo de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad” y en “relación con la necesidad de tener una racional y objetiva administración de justicia”.
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“No se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”, concluyó.
La resolución de la Cámara que confirmó el archivo en septiembre explicó que “tal como lo expuso con acierto la jueza de grado al trazar los límites de esa doctrina, cuando se sospecha que alguno de esos actores se apartó del marco legal preexistente para procurarse beneficios económicos personales, la competencia judicial no opera como revisora de la política pública sino para verificar si las conductas individuales configuran delitos tipificados.”
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La investigación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional se inició en 2019 por presunta defraudación, quedó archivada en febrero pasado en el juzgado de la jueza federal de primera instancia María Eugenia Capuchetti, en una decisión ratificada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la sala I del Tribunal de Apelaciones.
El planteo fue presentado ante la Sala IV de la máxima instancia penal federal del país, integrada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que tiene bajo análisis la queja presentada por el Ministerio Público Fiscal. Antes de resolver si corresponde habilitar la revisión, el tribunal le corrió traslado a Pleé, que es el fiscal general que interviene ante dicha sede.
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