El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó sin prisión preventiva a los exfuncionarios de ARSAT Facundo Leal y Gerardo Boschín, entre otros acusados, por una presunta trama de corrupción vinculada a contrataciones en la empresa estatal de telecomunicaciones entre 2020 y 2024.
La decisión alcanzó a diez acusados y a la empresa Argentina Logistic Services (ALS). En el caso de Leal y Boschín se los procesó por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Además se los embargó por $3.000 millones.
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Respecto de Leal, no se aceptó un reclamo de la fiscalía para procesarlo con prisión preventiva aunque continúa con arresto domiciliario en otra causa, vinculada a presunta venta de droga encontrada en un allanamiento a su departamento en Palermo, junto a miles de dólares: había US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en otra propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones. Tiene abierta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito.
Leal presidió ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei mientras que Boschín se desempeñó como subgerente de compras de ARSAT y en mayo de 2025 fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que renunció meses más tarde
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Qué se investiga: el robo a ARSAT
La investigación comenzó por el robo y daño de equipos de ARSAT —principalmente materiales de cobre almacenados en shelters— en un predio de ALS en San Fernando, detectado en enero de 2024. El perjuicio inicial denunciado fue estimado en USD 151.126,29, más $5.034.852,66.
A partir de ese hecho, la Justicia investigó la contratación de ALS como proveedora de servicios de depósito, logística, transporte, grúas, carga y descarga.
Al dictar los procesamientos Mirabelli sostuvo que se montó “un circuito para direccionar contratos hacia esa empresa, simular competencia, inflar servicios y canalizar retornos”. Según la resolución, ARSAT emitió 16 órdenes de compra a favor de ALS. La empresa estatal habría pagado, de acuerdo con la documentación analizada, USD 1.695.667,44 y $32.210.287,09.
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Para el juez, esos montos integran el presunto “perjuicio patrimonial contra el Estado”, al considerar que las contrataciones se habrían concretado mediante maniobras irregulares.
Las pruebas
Entre las principales evidencias figuran comunicaciones de WhatsApp, llamados telefónicos, geolocalizaciones, documentación administrativa y peritajes sobre dispositivos electrónicos. El fallo destaca mensajes en los que se hablaría de “cerrar” el contrato del depósito antes de la licitación formal, de “dibujar” servicios, de conocer precios de competidores y de entregar dinero a funcionarios de ARSAT.
También se investigó una supuesta simulación de competencia en la contratación del depósito. La resolución señala que se habría creado una casilla de correo atribuida a otra empresa para enviar una oferta apócrifa. Esa firma informó luego que no participó en procesos de contratación con ARSAT. La tercera firma invitada a cotizar estaba vinculada a familiares de integrantes de ALS.
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El predio de ALS, donde fueron almacenados los shelters, no habría cumplido los requisitos de seguridad previstos en el pliego: las cámaras no grababan, no existía monitoreo, el cerco electrificado estaba fuera de uso por sectores y había un único vigilador por turno. Para el juez, esas falencias habrían facilitado el robo y los daños denunciados.
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