La Cámara Federal porteña ordenó determinar con “extrema celeridad” cuáles de unas 200 cajas de seguridad ubicadas en la sede de la financiera Sur Finanzas, en Adrogué, tienen relación con la causa penal que se sigue a su titular Ariel Vallejo por supuestas maniobras con el “rulo financiero” y cuáles son de clientes ajenos al caso, para habilitar el acceso de estos últimos a sus pertenencias.
Por mayoría, los jueces del Tribunal de Apelaciones Roberto Boico y Martín Irurzun declararon la “nulidad” de una decisión de la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, quien mantuvo la consigna policial frente a esa sede central de la firma donde están las cajas de seguridad. La resolución abrió la puerta a que los ahorristas recuperen sus pertenencias, y se tomó ante un planteo de la defensa de Vallejo, el financista ligado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
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Los jueces ordenaron compulsar cada contrato de depósito que Sur Finanzas celebró con particulares para las cajas de seguridad e identificar cuáles tienen relación con el objeto de la pesquisa. Mientras tanto y si se considera necesario, podrá mantenerse la consigna policial. El juez Eduardo Farah votó en disidencia, al entender que el criterio de la jueza era razonable frente a las circunstancias del caso.
Sur Finanzas y el rulo cambiario
La causa tiene su origen en una investigación iniciada en 2021 sobre maniobras de “rulo financiero” e involucra a una empresa que habría adquirido unos 15 millones de dólares a valor oficial mediante escrituras públicas falsificadas que simulaban compromisos inexistentes, para luego operar esas divisas en el mercado informal, donde el precio de la divisa duplicaba al de su adquisición. El financista Vallejo, a través de casas de cambio, habría tomado parte en varias de esas transacciones, lo que motivó el allanamiento de la sede de Sur Finanzas.
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Tras ese procedimiento, realizado en diciembre de 2025, se implantó una consigna policial que impidió el acceso y egreso de personas al inmueble. La medida tuvo por objeto resguardar las cajas fuertes y de seguridad del lugar, en tanto podrían albergar documentos de interés para la instrucción o bienes vinculados al delito.
La defensa de Vallejo, a cargo del abogado Pablo Parera, solicitó el cese de esa restricción el 27 de marzo pasado, pero el juzgado sólo lo tuvo presente sin decidir al respecto, ante “medidas probatorias pendientes”.
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Al resolver sobre la apelación, la Cámara Federal señaló ahora que la restricción de acceso a la sede de la empresa afecta “derechos concretos” y que su permanencia sin verificar el cumplimiento de las pruebas pendientes “produce un agravio de envergadura” que el tribunal no puede desatender. Además, advirtió que la restricción recae sobre clientes que contrataron cajas de seguridad con la firma ajenos a la pesquisa y tienen allí pertenencias a las que no pueden acceder.
En su voto disidente, Farah sostuvo que la jueza se encontraba en el proceso de distinguir entre las cajas vinculadas al presunto delito y aquellas pertenecientes a usuarios genuinos del servicio, tarea que incluía declaraciones testimoniales de clientes y un pedido de colaboración a la Gendarmería Nacional Argentina.
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La defensa de Vallejo solicitó que se levante la consigna policial y se permita el acceso con el argumento de que “la obstaculización en el ingreso produce que los clientes no puedan acceder a las cajas de seguridad que poseen en el interior de la sucursal, lo cual genera un incumplimiento contractual”, y que “la interrupción que la firma viene soportando en su funcionamiento, a raíz de la perpetuidad de la medida, genera un deterioro constante -posiblemente irreversible—" en sus finanzas.
La sede de Sur Finanzas fue allanada más de una vez, en el marco de los expedientes por maniobras de “rulo financiero” y también por el escándalo que involucra a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y clubes que tienen vínculos comerciales con la financiera, una causa que está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.
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