El intento del juez Diego Barroetaveña de postularse para un nuevo mandato consecutivo en el Consejo de la Magistratura desató una fuerte resistencia en diversos sectores del ámbito judicial y político. El magistrado, quien representa al estamento de los jueces en el período 2022-2026 y ejerce como presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, logró esta semana una medida cautelar que lo habilitó a competir en los comicios previstos para el tramo 2026-2030. Sin embargo, consejeros, sus propios aliados, agrupaciones de la sociedad civil y el kirchnerismo rechazaron de forma tajante sus aspiraciones, al señalar que la legislación vigente prohíbe la reelección inmediata.
La controversia comenzó cuando Barroetaveña promovió una acción declarativa de certeza ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo de Enrique Lavié Pico. El magistrado solicitó una medida cautelar para que el organismo se abstuviera de limitar su postulación.
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Su argumento central se basó en que, tras los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Rizzo” y “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, recobró vigencia el texto original de la Ley 24.937 de 1997, el cual permitía una reelección consecutiva por un único período.
Esa ley fue la que modificó la integración del Consejo de la Magistratura, que pasó a tener 20 miembros y a estar presidido por el titular de la Corte Suprema, en este caso Horacio Rosatti.
La respuesta de sus pares en el Consejo no tardó en llegar. Los consejeros peronistas Rodolfo Tailhade, Vanesa Raquel Siley y Anabel Fernández Sagasti presentaron un escrito ante la Secretaría de Asuntos Jurídicos del cuerpo para fijar su postura contraria.
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En su escrito, el kirchnerismo sostuvo que la pretensión del magistrado carece de sustento normativo y contradice las pautas fijadas por el Máximo Tribunal. Explicaron que la Ley 26.855 de 2013 introdujo la condición de un intervalo de un período para aspirar a un nuevo mandato, regla que la propia Corte Suprema ratificó en su pronunciamiento de 2021.
Desde ese espacio, según dejaron trascender a Infobae, intuyen que la jugada de Barroetaveña tiene el visto bueno de Rosatti. Cerca del presidente de la Corte y del Consejo lo niegan.
Otros consejeros también buscarían renovar su mandato, al igual que el presidente de la Casación. Detrás de Barroetaveña guarda la misma intención la jueza civil Agustina Díaz Cordero, además de algunos abogados y académicos interesados en continuar en el organismo.
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En este contexto, la asociación civil Será Justicia -que integra, entre otros, la abogada María Eugenia Talerico- se presentó bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal) con el propósito de frenar la iniciativa del magistrado.
Desde la organización señalaron que la normativa es sumamente clara al prohibir la reelección consecutiva. Asimismo, solicitaron que el planteo judicial del consejero fuera rechazado de manera directa por carecer de fundamentos válidos.
Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió una declaración pública el 14 de julio para ratificar su rechazo a la interpretación de Barroetaveña sobre la ley vigente.
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La entidad profesional aclaró que aquel fallo de 2021 no resolvió nada sobre las reelecciones, ya que ese punto no formó parte de la demanda original. El directorio de la institución enfatizó que el requisito de dejar pasar un período intermedio rige desde el año 2006 y se aplicó de forma pacífica durante casi dos décadas, sin que nadie cuestionara su validez. Según la organización, esta pauta asegura la alternancia republicana y evita la concentración de poder.
A pesar de la acumulación de rechazos, el juez Lavie Pico resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal.
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El fallo judicial consideró que existe una situación de incertidumbre normativa real debido a la compleja superposición de leyes y decretos modificados a lo largo de los años.
En su resolución, Lavie Pico ordenó al Consejo de la Magistratura que se abstenga de adoptar medidas que restrinjan la participación de Barroetaveña en el proceso electoral, siempre que resulte seleccionado por su espacio político dentro de la lista de los jueces.
Precisamente, allí Barroetaveña también encuentra una resistencia tajante. El magistrado integra la lista Bordó, agrupación oficialista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
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La AMFJN es presidida actualmente por Andrés Basso, juez del Tribunal Oral Federal N° 3 de Comodoro Py.
La cuestión hizo estallar una interna aún irresuelta en la lista Bordó. Los jueces que forman parte de esa agrupación se enteraron de que Barroetaveña quería reelegir recién cuando presentó la acción declarativa de certeza en el fuero Contencioso Administrativo; no lo comunicó ni lo discutió previamente con sus pares, coinciden distintas voces consultadas.
Ese grupo de jueces -mayoritario dentro de la Asociación- al que la jugada del presidente de la Casación generó un fuerte malestar considera que la búsqueda de la reelección solo responde a intereses personales, y lo ven como una práctica que “no guarda el estilo” de la lista Bordó.
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