El Tribunal Oral Federal 2 resolvió levantar la primera audiencia del juicio Vialidad III a los 5 minutos de iniciada porque “no estaban dadas las garantías de defensa”, ante la ausencia de los abogados que representan al ex gerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, Sandro Férgola.
Se trata de los letrados Agustín Gabriel Labombarda y Enrique Alberto Arce, quienes hicieron saber a través de su cliente que la convocatoria se les superponía con sus obligaciones en el debate oral de Cuadernos.
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El incidente obligó a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel a levantar la sesión y pasar a un cuarto intermedio hasta después de la feria, el próximo jueves 6 de agosto. No obstante, ordenaron que entre hoy y mañana la defensa defina quién será el abogado sustituto que asistirá en el juicio.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la extracción de testimonio del suceso para iniciar una causa contra los abogados que faltaron a la cita. Consideraron que su incumplimiento implicó la postergación del proceso oral.
Antes de retirarse de la Sala SUM, en el subsuelo de Comodoro Py, Luciani explicó que el inconveniente de los abogados ya era conocido por todos, incluso el Ministerio Público había hecho una reposición, y el TOF 2 había resuelto que debían buscar un sustituto.
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Este juicio corresponde al segundo tramo de la causa Vialidad, que analiza el presunto direccionamiento de casi el 80 % de las obras que se contrataron para rutas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, por más de $46.000 millones, según valores actualizados en agosto de 2016.
En el ámbito judicial se reconoce como Vialidad III, dado que este extracto del expediente pasó antes por el debate de juicio abreviado, una vía que permitió a la mayoría de los imputados un acuerdo para evitar el juicio oral.
La causa
Los hechos que se evalúan en este proceso se vinculan con los que formaron parte de la causa Vialidad I, por la que Cristina Fernández de Kirchner cumple su pena de seis años bajo la modalidad de arresto domiciliario. Junto con ella fueron condenados José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez, mientras que Julio De Vido resultó absuelto.
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En esta etapa de la investigación, el foco está puesto en un presunto esquema sistemático destinado a direccionar fondos estatales hacia el grupo Báez, que fundó Austral Construcciones poco antes de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y luego absorbió otras constructoras en la provincia.
De los 10 acusados que fueron enviados a juicio originalmente en el segundo tramo del expediente, llegaron a esta instancia oral tres: los ex funcionarios de Vialidad Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate. Estaban procesados como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
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En tanto, los otros siete lograron la suspensión de juicio a prueba o la probation en el segmento que se recordará como Vialidad II. En algunos casos, sus acuerdos fueron avalados por el Ministerio Público Fiscal, y en otros avanzaron tras obtener el aval de la Cámara de Casación.
En ese grupo resultaron beneficiados los ex funcionarios Sergio Hernán Passacantando, Jorge Eduardo Gregorutti y Carlos Joaquín Alonso, y los empresarios Julio Enrique Mendoza, Fernando Javier Butti, Martín Antonio Báez y Myriam Elizabeth Costilla.
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