En su totalidad fue vetado el proyecto de ley 571 que proponía modificar la Ley 304 de 2022 sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociados.
El veto corrió a cargo del presidente José Raúl Mulino, mientras que el proyecto había sido presentado por Benicio Robinson, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Robinson es diputado por la provincia de Bocas del Toro, donde casualmente se identificó un arrecife fósil con más de 7,000 años, evidencia de cambios pasados en las condiciones ambientales que permiten comprender la situación actual.
Mediante una nota, Mulino devolvió la iniciativa sin sancionarla, bajo la premisa de que las disposiciones que contiene son inconvenientes e inexequibles.
El mandatario señaló que debilitan el régimen de protección ambiental vigente y vulneran principios establecidos en la Constitución.
La pretendida norma debilitaba lo referente a la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociadas en el país, factor que había sido denunciado por grupos ambientalistas
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El nuevo elemento colocaba en el Ministerio de Ambiente la responsabilidad de liderar la elaboración de un plan de acción, incluyendo las acciones priorizadas, bajo el supuesto de proteger, evitar el daño ambiental, conservar y restaurar los ecosistemas de arrecifes de coral, sus ecosistemas y especies asociadas, así como promover la investigación científica en beneficio de estos ecosistemas.
No obstante, se pasaba de una prohibición expresa de construcciones y afectaciones —directas e indirectas— sobre corales y pastos marinos, a un modelo en el que estas intervenciones podrían ser evaluadas y eventualmente aprobadas por el Ministerio de Ambiente.
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La iniciativa, según el veto presidencial, no es clara en cuanto a qué actividades se podrían permitir, cuáles permanecerán prohibidas, qué requisitos ambientales deberán cumplirse ni cuáles serán las medidas mínimas de prevención, mitigación o compensación.
Según el Ejecutivo, dejar esos aspectos a una reglamentación posterior otorga un amplio margen de discrecionalidad administrativa y puede afectar tanto la seguridad jurídica como la protección efectiva de estos ecosistemas.
En Panamá los arrecifes de coral enfrentan desde hace años múltiples presiones, entre ellas el aumento de la temperatura del mar, la acidificación oceánica, la contaminación costera, la sedimentación, la sobrepesca, pesca destructiva y el crecimiento no regulado del turismo.
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En los últimos años en el país se han reportado eventos de blanqueamiento coralino en diversas zonas, incluyendo el Parque Nacional Portobelo, el archipiélago de Las Perlas, Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y en el Parque Nacional Coiba. Especies del género Pocillopora han sido especialmente afectadas.
La mayor concentración de corales se encuentra en el Caribe, en la comarca indígena Guna Yala, con un 81% del total, seguida por zonas clave como las provincias de Colón y Bocas del Toro.
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá indica que los arrecifes coralinos son ecosistemas altamente productivos y diversos que cumplen funciones importantes en el mantenimiento de la zona costera, beneficiando directamente a los asentamientos humanos adyacentes y a las economías de muchas naciones, al igual que la producción de alimentos, la utilización de corales para medicamentos y el turismo recreativo, entre otros.
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El manejo inadecuado de la zona litoral y la deforestación de áreas adyacentes, agrega, han incrementado la destrucción de todos los arrecifes a nivel local, mientras el país se prepara para un desarrollo que contempla entre otros planes, el uso recreativo de la zona costera, particularmente los arrecifes de coral.
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