La Cámara de Casación ratificó que CFK debe utilizar tobillera electrónica y mantuvo las restricciones de visitas

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes, por mayoría, las condiciones bajo las cuales Cristina Kirchner cumple su condena en prisión domiciliaria. La decisión mantuvo la tobillera electrónica, el régimen restringido de visitas y los límites para acceder a la terraza del edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El fallo fue dictado por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El voto que condujo la mayoría correspondió a Hornos y recibió la adhesión, en lo sustancial, de Barroetaveña. Borinsky se pronunció en disidencia y propuso levantar las tres medidas.

La ex presidenta cumple desde el 17 de junio de 2025 una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La condena quedó firme una semana antes, cuando la Corte Suprema desestimó el último recurso de su defensa.

Sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían solicitado una revisión de las condiciones de detención. Plantearon que durante casi un año no hubo incumplimientos, que el inmueble cuenta con custodia policial permanente y que las restricciones impuestas tienen una aplicación minoritaria entre las personas que cumplen prisión domiciliaria.

El pedido incluía tres puntos: eliminar la autorización judicial previa para las visitas, retirar el dispositivo electrónico y dejar sin efecto los límites horarios para utilizar la terraza.

El voto que formó la mayoría

Hornos reconstruyó las decisiones adoptadas desde el inicio de la ejecución de la pena y examinó cada planteo de la defensa: las visitas, el principio de progresividad, el monitoreo electrónico, el acceso a la terraza y la alegada afectación a la igualdad ante la ley.

Cuando el Tribunal Oral Federal 2 concedió la prisión domiciliaria, impuso a Cristina Kirchner la obligación de permanecer en el departamento, evitar conductas que alteraran la tranquilidad del edificio y pedir autorización para recibir a personas ajenas a su familia, la custodia, el equipo médico y la defensa.

Ese régimen se volvió más estricto en noviembre de 2025. El tribunal tomó conocimiento, por una publicación de la propia ex mandataria en la red social X, de una reunión de nueve personas en su domicilio. Aunque todas figuraban en una nómina presentada por sus abogados, el juez de ejecución interpretó que el permiso no incluía un encuentro colectivo.

A partir de entonces, las visitas de terceros quedaron limitadas a tres personas por ocasión, durante un máximo de dos horas y hasta dos veces por semana. Cada ingreso requiere autorización judicial individual, expresa y previa.

Hornos aclaró que el cumplimiento de una condena no aparta a la persona de la protección constitucional. “La existencia de una condena no puede levantar una ‘cortina de hierro’ entre la Constitución y el penado”, expresó.

No obstante, concluyó que las pautas fijadas no representan una pena adicional. Las ubicó dentro de las facultades de organización, control y supervisión que corresponden al juez encargado de la ejecución.

También descartó que el cumplimiento de las reglas durante el último año obligara a flexibilizarlas. “Su estricto cumplimiento es el comportamiento que legítimamente se espera y se exige a una persona que se encuentra cumpliendo una pena de seis (6) años de prisión bajo la modalidad excepcional de prisión domiciliaria”, indicó.

De acuerdo con ese razonamiento, la ausencia de nuevos incidentes no elimina las causas que dieron lugar al régimen vigente. Constituye, en cambio, una condición para mantener la detención en el domicilio. El incumplimiento podría provocar su revocación y el traslado a una unidad penitenciaria.

El juez agregó que la pena no se agota en la reinserción social. También tiene una función simbólica, expresiva y comunicacional, porque transmite a la comunidad que la conducta juzgada fue ilícita y reafirma la vigencia de la norma vulnerada.

En ese marco, advirtió que una flexibilización sin fundamentos podría debilitar el sentido público de la sanción, en particular frente a hechos de corrupción que calificó como de gravedad institucional.

La progresividad de la pena

La defensa sostuvo que el principio de progresividad debía traducirse en condiciones menos restrictivas de detención a medida que transcurría el cumplimiento de la condena.

Hornos explicó que ese principio busca que una persona avance desde formas más intensas de privación de libertad hacia otras menos gravosas. Sin embargo, señaló que Cristina Kirchner ya se encuentra bajo una modalidad menos severa que el alojamiento en una cárcel.

Por esa razón, el primer año de prisión domiciliaria no genera de manera automática un derecho a reducir los controles. Tampoco consideró que la aplicación de medidas más estrictas luego de un episodio determinado deba producir necesariamente el efecto inverso cuando no se registran nuevos incumplimientos.

Según el voto, una interpretación distinta podría colocar a la ex presidenta en una situación más favorable que la de otros condenados sometidos al régimen penitenciario ordinario.

La tobillera electrónica

Hornos ubicó el uso del dispositivo electrónico dentro de las previsiones de la Ley 24.660. La norma lo establece como regla para la prisión domiciliaria y permite dispensarlo, de manera excepcional, cuando existen informes favorables de los organismos de control.

En este expediente no se acreditaron impedimentos médicos, técnicos o materiales para retirarlo. El camarista tampoco vinculó la falta de incidentes con la inutilidad de la medida. A su entender, ese dato demuestra que el sistema cumple su función preventiva.

Otro de los argumentos de la defensa fue la existencia de una custodia permanente por tratarse de una ex presidenta. Hornos diferenció ambas funciones, en tanto “la custodia protege mientras que la tobillera electrónica asegura el debido cumplimiento de la modalidad de cumplimiento de la pena correspondiente”.

De acuerdo a su explicación, la protección policial tiene como objetivo resguardar la integridad física de Cristina Kirchner y su familia. El monitoreo, en cambio, verifica que permanezca dentro del perímetro autorizado y comunica en tiempo real cualquier salida o intento de remoción.

Para el juez sustituir un mecanismo por otro implicaría confundir una medida de seguridad institucional con una herramienta de control penal.

El voto recordó, además, que la Corte Suprema ya había desestimado en diciembre de 2025 un recurso dirigido contra la colocación de la tobillera. Los argumentos posteriores sobre el tiempo transcurrido, la custodia policial y las estadísticas de uso no modificaron, para Hornos, la situación.

El acceso a la terraza

La ex presidenta tiene permitido utilizar la terraza una vez al día, entre las 6 y las 20, durante un máximo de dos horas.

Hornos consideró que esa autorización garantiza el acceso a un espacio abierto para realizar actividad física y recreativa, conforme a las Reglas Mandela sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad.

Al mismo tiempo, explicó que ese derecho puede ser regulado por el tribunal. Los límites buscan compatibilizar el esparcimiento con la convivencia entre los vecinos y el carácter común del espacio.

Para la mayoría de la Sala IV, la franja horaria y la duración fijadas son proporcionales porque permiten un uso diario sin suprimir el derecho reconocido.

El planteo de igualdad

Beraldi y Llernovoy incorporaron datos del Consejo de la Magistratura para mostrar que las restricciones aplicadas en este caso no son habituales dentro del universo de las prisiones domiciliarias.

Hornos rechazó que esas cifras demostraran un trato desigual. Explicó que la igualdad ante la ley no exige condiciones idénticas para todos los condenados, sino decisiones fundadas en las circunstancias de cada expediente y libres de privilegios o diferencias arbitrarias.

A su juicio, las reglas vigentes responden a una evaluación individual y no configuran persecución ni discriminación. El control busca, según su voto, impedir que la prisión domiciliaria se convierta en una ventaja incompatible con la ejecución efectiva de la pena.

Barroetaveña adhirió a esos fundamentos y completó la mayoría que rechazó el recurso.

La disidencia de Borinsky

Borinsky adoptó el criterio contrario. Propuso levantar las restricciones a las visitas, retirar la tobillera y eliminar los límites para usar la terraza.

El camarista ya había sostenido esa posición en dos intervenciones anteriores. Esta vez sumó dos elementos: el transcurso de más de un año sin incumplimientos y un informe de representantes del Consejo de la Magistratura sobre la baja incidencia de esas medidas.

En relación con las visitas, entendió que la autorización judicial previa carece de una norma específica y afecta los principios de legalidad, reserva, intimidad y privacidad.

Para Borinsky, la condena limita la libertad ambulatoria, pero no permite extender la restricción a otros derechos que no fueron alcanzados por la sentencia.

También objetó el endurecimiento dispuesto después de la reunión de noviembre de 2025. El juez de ejecución fijó entonces un máximo de tres visitantes, dos encuentros semanales y una duración de dos horas sin una petición previa de la fiscalía.

Borinsky consideró que el tribunal actuó de oficio y amplió las condiciones de detención sin que la recepción simultánea de las nueve personas estuviera prohibida.

En ese pasaje escribió que las visitas “no pueden ser restringidas como pauta de conducta, pues sencillamente no hay delito de agenda”.

El informe ligado al Consejo de la Magistratura mostró que, entre los 1.192 casos de prisión domiciliaria sobre los que había información, solo 21 -el 1,76%- tenían restricciones para recibir visitas. La proporción era del 0,86% entre personas detenidas por narcotráfico y del 15,62% entre condenados por delitos de lesa humanidad.

Borinsky cuestionó que el Tribunal Oral Federal 2 no hubiera respondido ese argumento. También detectó una contradicción: la Ley 24.660 fue empleada para imponer límites, pero el principio de progresividad previsto en la misma norma fue descartado al momento de revisar su continuidad.

Su propuesta consistió en permitir las visitas sin autorización previa, con la obligación de no perturbar la tranquilidad del vecindario.

La custodia y el riesgo de fuga

En cuanto al monitoreo electrónico, Borinsky valoró que Cristina Kirchner es una persona conocida públicamente, permaneció a derecho y posee custodia de la Policía Federal Argentina durante las 24 horas.

A diferencia de la mayoría, entendió que esa vigilancia neutraliza cualquier peligro de fuga. Una salida no autorizada, añadió, sería detectada de inmediato y tendría repercusión pública.

“La función de agentes policiales de custodia es a la vez un factor que evita el peligro de fuga y lo neutraliza, tornando innecesario y superfluo la tobillera electrónica en este caso”, escribió.

Luego añadió: “La presencia permanente de miembros de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) en el domicilio sito en San José 1111, piso 2do, departamento “d”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria -sitio puntualmente ofrecido por la defensa, aceptado por el tribunal y convalidado, de momento, por esta instancia superior-, resulta una circunstancia dirimente para el análisis del caso bajo examen.“.

El juez incorporó también los datos del Consejo de la Magistratura: solo el 23,96% de las personas bajo prisión domiciliaria sobre las que había información utilizaba un dispositivo electrónico. A ello agregó los controles trimestrales, que registraron una conducta colaborativa, ausencia de alertas, permanencia en el domicilio y falta de reclamos de vecinos.

Para Borinsky, ese cuadro habilitaba la excepción prevista por la ley y mostraba que la continuidad del dispositivo no contaba con una justificación suficiente.

La terraza

El voto minoritario también objetó los límites de acceso a la terraza.

En septiembre de 2025, el tribunal había autorizado el uso del espacio sin restricciones, por razones de salud y esparcimiento. Tres meses después lo redujo a dos horas diarias, entre las 6 y las 20.

El camarista Borinsky no encontró una explicación concreta sobre la forma en que el acceso sin límites podía afectar la seguridad de la ex presidenta o el cumplimiento de la condena. También recordó que la prohibición de perturbar a los vecinos ya figuraba entre las reglas de conducta fijadas y que no hubo incidentes relacionados con la convivencia.

El magistrado tuvo en cuenta, además, los problemas de salud atravesados por la ex mandataria y los beneficios del contacto con el aire libre. La mención a la tranquilidad del consorcio, concluyó, no bastaba para sostener la limitación.

Con esos argumentos, propuso revocar la resolución del Tribunal Oral Federal 2. La mayoría integrada por Hornos y Barroetaveña mantuvo las condiciones de la prisión domiciliaria.