
Un juzgado de San Isidro resolvió un conflicto contractual que involucró la compra de un automóvil en una concesionaria local. La sentencia ordenó el pago de una suma total de 1.900.000 pesos a favor de la persona que inició la demanda, tras determinar la existencia de un incumplimiento contractual y la generación de distintos tipos de daños.
El caso se originó cuando el reclamante transfirió 300.000 pesos a la concesionaria en concepto de reserva para la compra de un vehículo, un Renault Clio modelo 2003. El monto total de la operación ascendía a 1.950.000 pesos, por lo que quien demandó gestionó un préstamo bancario para cubrir la seña inicial.
PUBLICIDAD
Según consta en la resolución, apenas una semana después de realizada la reserva, el reclamante concurrió nuevamente a la concesionaria y encontró que el vehículo ya había sido vendido a otra persona. Frente a este hecho, el personal de la empresa le ofreció un automóvil distinto, de precio superior, con la posibilidad de financiar la totalidad del valor bajo la condición de presentar un garante.

El demandante propuso como garante a un familiar y entregó los datos requeridos a la concesionaria. No obstante, el fallo detalla que la empresa intentó comprometer al garante por el monto total de la financiación, lo que generó un conflicto familiar que culminó en la ruptura de la relación entre ambos.
PUBLICIDAD
Ante la seguidilla de irregularidades y la imposibilidad de concretar la operación, el reclamante solicitó explicaciones en la sede de la concesionaria. En ese momento, la empresa ofreció reintegrar el dinero de la seña, pero no cumplió con esa promesa. Posteriormente, la concesionaria cerró sus puertas de manera permanente y dejó de responder a cualquier comunicación.
La resolución judicial señala que la situación dejó al reclamante en un estado de indefensión, lo que motivó el reclamo por daños patrimoniales, morales y personales. La demanda se dirigió contra la concesionaria y dos personas vinculadas a su administración.

La sentencia, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 14 de San Isidro, destaca que los demandados no respondieron a las notificaciones del proceso y fueron declarados rebeldes, lo que habilitó al juzgado a considerar ciertos los hechos y la documentación presentada por el reclamante.
PUBLICIDAD
Durante la etapa probatoria, se corroboró que el reclamante transfirió los fondos a la cuenta de la concesionaria y que se firmó una solicitud para la devolución del dinero, en la que también se indicó una cuenta para recibir el reintegro.
Testigos aportaron información coincidente con la versión del reclamante, confirmando que este realizó la reserva y que el vehículo fue vendido a otra persona. También se describió el conflicto familiar derivado de la solicitud de un garante.
El tribunal encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la responsabilidad solidaria de los proveedores ante el incumplimiento en las relaciones de consumo. El juez fundamentó su decisión en la normativa vigente, citando que la empresa debía probar que la causa del daño le era ajena para eximirse de responsabilidad, cosa que no ocurrió.
PUBLICIDAD

Uno de los puntos relevantes fue la devolución del dinero entregado en concepto de seña. Aunque el reclamante pidió que el reintegro fuera duplicado, el juez desestimó esa pretensión por no existir una cláusula de arrepentimiento en el acuerdo original ni justificación legal para ese reclamo.
Con respecto al daño moral, la sentencia consideró acreditada la existencia de una afectación a la integridad emocional y personal del reclamante, tanto por el incumplimiento como por el conflicto familiar generado. El juez fijó una suma de 800.000 pesos para cubrir este aspecto.
Además, el fallo reconoció un daño punitivo de 800.000 pesos adicionales, como sanción a la conducta de la empresa, fundamentando que la ley permite imponer multas civiles en casos de especial gravedad o desaprensión hacia los derechos del consumidor.
PUBLICIDAD

En cambio, el rubro reclamado por daño emergente, vinculado a los intereses y costos derivados del préstamo bancario, fue rechazado por falta de prueba suficiente.
En cuanto a los intereses, la resolución determinó que los montos fijados en concepto de daño moral y punitivo devengarán un 6% anual desde la fecha de la mora hasta la sentencia, aplicándose luego la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el pago efectivo. Para la devolución de la seña, se estableció la misma tasa bancaria desde la transferencia. Las costas del juicio quedaron a cargo de los demandados, en su condición de vencidos.
PUBLICIDAD
El fallo ordenó el pago de la suma total reconocida en un plazo de diez días desde que la sentencia adquiera firmeza, bajo apercibimiento de ejecución.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Compró hace 18 años un 0 km, tuvo fallas al poco tiempo de uso y ahora la Justicia ordena pagarle una indemnización
Un hombre denunció vibraciones, ruidos y problemas de alineación en un auto que había comprado nuevo en 2008. El propietario llevó el vehículo al servicio técnico oficial en al menos ocho oportunidades entre agosto de ese año y abril de 2009. Una pericia posterior detectó una vibración trasera anormal y señaló una posible falla técnica de fábrica

Contrató aberturas para su casa en Pilar, pagó casi USD 9.000 y nunca le terminaron el trabajo: perdió el juicio por un error en la demanda
Un hombre reclamaba la devolución de lo pagado, una indemnización por daño moral y daño punitivo tras denunciar demoras, trabajos defectuosos y un reclamo de actualización del saldo en dólares. Sin embargo, testimonios, un informe municipal y otras pruebas llevaron a la Justicia a aceptar la defensa del demandado

Tras el divorcio, deberá pagarle a su ex mujer un salario mínimo por mes durante casi un año como compensación económica
La Cámara de Apelaciones ratificó una sentencia que ordenó al ex esposo pagar el equivalente a diez salarios mínimos, vitales y móviles en diez cuotas mensuales y consecutivas. El tribunal consideró acreditado que la mujer quedó en una situación de desventaja económica tras dedicarse principalmente al cuidado del hogar y de sus tres hijos durante el matrimonio

Alperovich: qué dijo el juez que cuestionó las pruebas contra el ex gobernador y propuso anular su condena por abuso sexual
La Cámara Nacional de Casación le bajó la condena a 14 años de prisión y confirmó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En disidencia con sus pares del tribunal, el magistrado Daniel Morín votó por anular la sentencia y hacer un nuevo juicio

El juez Rafecas ya tiene la causa por la mansión de Pilar: el frente judicial que se abre para Tapia y Toviggino
Habrá nuevas pruebas para intentar determinar quiénes son los dueños reales de la casaquinta y la flota de autos de alta gama. Pero también se esperan decisiones en otra investigación donde ya se procesó a los dos dirigentes de la AFA. El nuevo viaje de Chiqui Tapia



