La defensa de Luis Beuret, exvicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), solicitó su absolución en el juicio por Odebrecht tras argumentar que el exfuncionario solo cumplió con las órdenes emitidas por la Secretaría de Energía.
En tanto, para el caso de que Beuret resulte condenado, su abogado requirió —en subsidio— que se le aplique la pena mínima prevista en suspenso.
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El doctor Gastón María Abrutín Suárez destacó que su defendido carece de antecedentes penales, es un hombre de familia de 80 años, que en este momento atraviesa una enfermedad neurodegenerativa irreversible.
En su alegato, el abogado sostuvo que “no debe llamar la atención que la compañía haya sido convocada para el proceso de contratación, porque como órgano regulador del mercado eléctrico mayorista debía garantizar la provisión de gas para la producción de electricidad”.
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A su vez, remarcó que su cliente “no apuró la firma del memorándum de entendimiento ni frenó la pelota para llamar a concurso en el supuesto beneficio de Odebrecht… sino que se ocupó de cumplir los procedimientos propios de CAMMESA”.
En esta causa se investigan las irregularidades detectadas entre 2006 y 2008 en la contratación de la empresa Odebrecht para la ampliación de los gasoductos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).
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El fiscal Diego Luciani acusó a Luis Beuret de cooperar en un plan para legitimar el proceso de selección de la constructora brasileña mediante su intervención en el directorio de CAMMESA.
Al momento de exponer su alegato, Luciani solicitó tres años y seis meses de prisión para el imputado, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlo partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
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En las próximas audiencias, continuarán los alegatos de las defensas del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del exsubgerente de la compañía eléctrica, Julio Armando Bragulat.
El juicio
El fiscal federal Diego Luciani pidió condena para cuatro de los cinco imputados por participar en lo que calificó como “una maniobra” que permitió otorgar que Odebrecht resultase “sin competencia, adjudicataria de un multimillonario contrato que superó los 900 millones de dólares”.
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Para Julio De Vido solicitó la pena de 4 años de prisión como partícipe necesario de supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Por el mismo delito pidió 4 años para el exsecretario de Energía, Daniel Cámeron; y 3 años y 6 meses tanto para el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, como para el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret.
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Finalmente, el exsubgerente de CAMMESA, Julio Armando Bragulat, pidió la absolución, porque consideró que su participación no fue acreditada.
Por su parte, el defensor público oficial, Santiago Finn, pidió la absolución de Daniel Cámeron y de Cristian Folgar. Consideró que en esta causa no se probaron sobreprecios, ni sobornos, ni direccionamiento de contratación.
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En ese sentido, consideró que “la fiscalía no comprendió que las normas que se aplicaban para realizar estas obras estaban basadas en la emergencia energética”.
De acuerdo a su punto de vista, “la emergencia energética aparece nombrada en todos los decretos, leyes y actos administrativos investigados en este juicio.
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