“Los voy a hacer mierda”: el Consejo votó sancionar a un juez por las frases que les dirigía a sus empleados

El Consejo de la Magistratura votó este miércoles en la Comisión de Disciplina aplicar una multa del 30% de los haberes al juez Hernán Diego Papa, titular del Juzgado Comercial N° 12 de la Capital Federal, denunciado por maltrato laboral, abuso de autoridad, amenazas y agresión física hacia empleados de su tribunal.

La votación fue ajustada -cinco votos contra cuatro y uno- y el expediente pasa ahora al Plenario, que es el órgano con facultades para imponer sanciones disciplinarias de manera definitiva.

La denuncia fue presentada en 2023 por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), encabezada por el gremialista Julio Piumato, junto a Rocío Herrera y Juan Álvarez. El expediente tramitó durante años y en las últimas semanas el Consejo aceleró su tratamiento para evitar que caducara sin resolución.

El dictamen mayoritario, elaborado por los consejeros Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña y Eduardo Vischi, concluye que las conductas del juez Papa “no se circunscriben a un episodio aislado o accidental, sino que configuran un patrón persistente, desplegado de manera reiterada por el magistrado denunciado, con particular afectación a mujeres trabajadoras bajo su dependencia”.

El período investigado abarca desde 2011 -año en que Papa asumió como juez- hasta 2020, cuando su trato con el personal pasó a canalizarse exclusivamente a través de los secretarios.

Entre las conductas acreditadas por el dictamen figuran manifestaciones intimidantes y humillantes dirigidas al personal, malos tratos y gritos, intromisión en la vida privada de los empleados, uso de rotaciones y traslados como mecanismo de castigo, y la generación de un clima laboral “signado por el temor y la sumisión”.

Los testimonios recabados durante la instrucción describieron con reiteración una misma dinámica: al llegar al juzgado, el juez se mostraba amable y cordial, pero con el tiempo ese trato derivaba en hostigamiento.

Una de las secretarías del tribunal era utilizada, según los propios empleados, como destino punitivo: “La Secretaría 120 la utilizaba como una secretaría de castigo. Todo empleado o funcionario que no le gustaba iba a parar a la 120”, relataron.

Los testimonios también dieron cuenta de amenazas directas. Uno de los testigos recordó haber escuchado al juez decir: “Cuidadito con decir algo en contra mía porque te hago mierda. A vos y a toda tu familia”. Otra empleada narró que, tras poner un “Me gusta” en una publicación de Facebook de una ex compañera, fue convocada al despacho del juez, donde la increpó a los gritos: “Te voy a hacer mierda, te voy a echar. Ya vas a ver, vas a pagar todo lo que me hicistes (sic)”. La testigo había regresado hacía pocas semanas de su licencia por maternidad.

El dictamen señaló que el propio Papa reconoció en sus descargos haber tenido “una reacción negativa” ante esa publicación, lo que otorgó mayor veracidad al relato.

Otras declaraciones describieron prácticas sistemáticas: empleados obligados a mirar la pared durante reuniones, prohibición de hablar entre compañeros, control obsesivo de horarios de ingreso -exigiendo presentarse media hora antes del horario reglamentario-, y un temor generalizado a solicitar licencias. “Conforme a mi situación, como me sentía, como estaba en el Juzgado, no quería pedir nada para no tener que estar en la situación de pedir”, declaró uno de los testigos durante la instrucción.

Varios empleados y funcionarios terminaron con licencias psiquiátricas o fueron trasladados a otras dependencias por recomendación médica.

En la sesión de este miércoles se presentaron tres posiciones en la mesa de debate. El consejero instructor Mariano Recalde elaboró un dictamen desestimatorio y fue cuidadoso al explicar sus razones.

Recordó que él mismo fue empleado judicial durante 13 años y delegado del sindicato que presentó la denuncia, y aclaró que su postura no implicaba tolerancia al maltrato sino una valoración estrictamente probatoria. “Nos toca juzgar, y no encuentro acreditadas las conductas que se le imputan”, dijo. Señaló además que varias denuncias tenían más de una década de antigüedad, lo que a su juicio generaba dudas que no podían resolverse en contra del acusado. Votaron por la desestimación Recalde, Hugo Galderisi, César Grau y la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien cuestionó lo que llamó una “extorsión y doble vara” de la Comisión.

La postura que se impuso fue la del dictamen sancionatorio, que sumó cinco votos: Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Eduardo Vischi, Luis Juez y Alejandra Provítola. Barroetaveña fue contundente al fundar su decisión. Señaló que el Consejo trata habitualmente casos similares en distintas jurisdicciones: algunos transitan el camino de la desestimación porque las denuncias no tienen peso; otros avanzan. Luego citó textualmente frases que el juez Papa habría dirigido a empleados: “Cuidadito con decir algo en contra mía porque te hago mierda, a vos y a toda tu familia. Los voy a hacer mierda, los voy a destruir”. Frases que, dijo, “se repiten en declaraciones de varias de las personas que trabajan en ese fuero”. Para quienes las sufrieron, razonó, una sanción menor “huele a poco”. El 30%, en cambio, “deja alguna satisfacción en quienes sufrieron este tipo de situación”.

Y remató con ironía: “Para el juez, en definitiva, es solo el 30 por ciento de la remuneración. ¿No dicen ustedes que ganamos mucho los jueces?“. Díaz Cordero cerró con una frase que sintetizó la postura mayoritaria: “Los jueces no vamos a tolerar esta violencia desmedida hacia los empleados”.

Fue el senador Juez quien dejó entrever un tono irónico en su intervención. “La verdad que pensé que me iba a ir de este Consejo sin escuchar las voces de los jueces pidiendo una sanción para jueces”, dijo, y describió el maltrato en los tribunales como una práctica naturalizada “a lo largo y a lo ancho de la Argentina”. “Me parece maravilloso escuchar en la boca de los jueces decir que este tipo de conducta este Consejo de la Magistratura no la va a tolerar. Me quiero quedar con el dato emblemático de escuchar en boca de los jueces que el maltrato no puede ser consentido”, aseveró el senador.

El consejero Alberto Lugones recogió el guante y le contestó. “No tiene por qué saberlo el doctor Juez porque tiene muchas cosas que hacer y no tiene por qué enterarse de las cosas que hicimos acá”, expresó, y enumeró los casos que él mismo había impulsado: el juez Gemignani, el juez Guerrero de El Dorado, donde había “media docena o diez personas con licencia psiquiátrica por los maltratos que hacía”. En el caso de Papa, consideró que las pruebas no alcanzaban para el 30%, pero sí para una sanción de apercibimiento. “Yo no me abstengo, pongo lo que hay que poner sobre la mesa, en este caso el dictamen, y propongo esa sanción. Algunos querrán más, yo creo que esa sería suficiente”, cerró. Votó en solitario por su propia propuesta.

La jueza Provítola, que votó por la multa en su condición de afiliada a la UEJN, advirtió una deuda pendiente del organismo: revisar las reglas que determinan hasta qué momento se puede investigar este tipo de casos y actuar “con mayor fluidez y rapidez para evitar que estemos cercanos a una caducidad de instancia”. “Nos debemos un debate en el próximo Plenario”, concluyó.

El expediente había tramitado previamente por la Comisión de Acusación -donde los casos pueden derivar en remoción- pero fue remitido a la Comisión de Disciplina, que entiende en episodios de menor gravedad y aplica sanciones administrativas y económicas.

Ahora será el Plenario el que resuelva de manera definitiva, con los tres dictámenes sobre la mesa.

Novedades en la Comisión de Selección de Magistrados

Antes de la sesión disciplinaria, había sesionado la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, presidida por María Fernanda Vázquez, donde entre los temas tratados quedó consignado el orden de mérito provisorio del Concurso N° 521, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Santa Fe. Al tope de ese ranking figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del propio Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. El orden del día trató, al respecto, el informe del consejero Diego Barroetaveña, integrante de la subcomisión B, con el análisis de las impugnaciones en ese concurso.

La vacante en cuestión se originó el 1° de diciembre de 2024, cuando el entonces titular del juzgado, Reinaldo Rubén Rodríguez, presentó su renuncia, aceptada mediante decreto firmado por el presidente Javier Milei y el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Apenas días después, el Consejo sorteó el jurado y el 18 de diciembre dictó la resolución que llamó formalmente a concurso. La prueba de oposición tuvo lugar en marzo de 2025.

Con la votación de este miércoles a la mañana sobre las impugnaciones al orden de mérito provisorio, el concurso avanza hacia su etapa final. Lo que resta es la realización de exámenes psicológicos y psicotécnicos a los primeros postulantes del ranking, seguida de entrevistas personales ante la Comisión, instancia pública en la que se evalúan idoneidad, perspectiva de género y valores éticos.

Luego la subcomisión encargada de ese proceso elabora un dictamen con la terna, que pasa al Plenario del Consejo para su aprobación en audiencia pública, y finalmente se remite al Poder Ejecutivo, que elige a uno de los tres candidatos y somete el nombramiento al acuerdo del Senado.