La defensa de Roberto Baratta interpuso un recurso de casación para insistir con la recusación de dos integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones, Pablo Daniel Bertuzzi y Mariano Llorens. Busca evitar que se ocupen de revisar su apelación al procesamiento por enriquecimiento ilícito, porque entiende que fue dictado en base a una pericia que ellos habían convalidado en decisiones previas.
El abogado Rodolfo Miguel Iglesias planteó que “la lesión recusatoria consiste en que los mismos jueces que convalidaron esas condiciones deberán revisar ahora su eficacia concreta para sostener el auto apelado”.
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Agregó que la pericia cuestionada no funcionó como una comprobación técnica independiente, porque según su opinión el análisis partió de operaciones, montos y atribuciones fijados previamente por el juzgado, pese a que esos elementos debían ser verificados.
También objetó que no se hubiera examinado de forma integral la situación patrimonial de fuentes familiares que podían ofrecer otra explicación sobre el origen de los fondos.
Para la defensa del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, el problema se agravó porque el estudio incluyó una valuación de una propiedad en el country Mapuche que no habría sido reconstruida con documentación primaria suficiente.
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En esa línea, criticó que el cálculo se hizo sin comprobar de manera técnica el costo histórico, los pagos, las fuentes de financiamiento ni la atribución económica del bien.
En definitiva, Iglesias pidió que se anule la resolución cuestionada, se haga lugar a la recusación y se designe una integración diferente para resolver la apelación del procesamiento.
El caso
El juez federal Julián Ercolini procesó a Baratta por presunto enriquecimiento ilícito, sin prisión preventiva, y trabó un embargo de $ 1.500 millones. La resolución consideró que había elementos para sostener un desfasaje entre los ingresos legítimos declarados y los gastos o bienes detectados.
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La pesquisa examinó bienes inmuebles, vehículos y dinero en efectivo, con especial atención a una propiedad de 380 metros cuadrados en el Mapuche Country Club de Pilar.
El lote fue adquirido en 2012 por USD 70.000 y registrado a nombre de la madre del exfuncionario. Según la acusación, ella habría actuado como persona interpuesta, aunque la defensa sostiene que la vivienda era un proyecto familiar financiado por sus padres.
Baratta apeló el procesamiento y solicitó que la Cámara Federal revoque la medida y dicte su falta de mérito. Además, reclamó la producción de una nueva pericia y otras medidas de prueba —como informes bancarios, laborales, previsionales, fiscales, notariales y sucesorios— para determinar el origen de los fondos y los pagos asociados a los bienes investigados.
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Luego recusó a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal que deben revisar el recurso, porque ya habían intervenido sobre la pericia patrimonial.
La Cámara rechazó in limine ese planteo, al considerar que los argumentos de la defensa no demostraban un motivo objetivo de parcialidad. Con esa decisión, Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola quedaron habilitados para continuar con el análisis de la apelación.
El tribunal deberá resolver ahora si confirma el procesamiento y el embargo, o si revoca esas medidas y dicta la falta de mérito solicitada por Baratta.
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