El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar las llamadas de Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública y amigo de Manuel Adorni que viajó en avión privado junto al jefe de Gabinete a Punta del Este. La medida judicial se da en el marco de la causa por posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
El magistrado a cargo del expediente le encomendó la tarea a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), y también alcanzará a Horacio Silva, presidente de ImHouse, la productora de Grandio que logró contratos con el Estado en la gestión libertaria.
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Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la DAJuDeCo -un organismo de la Corte Suprema- revisará todas las comunicaciones de Grandio y Silva desde enero de 2023, con la misión de detectar si hay interlocutores frecuentes que puedan ser de relevancia para la causa.
En el Juzgado Federal N° 4 y en la Fiscalía de Gerardo Pollicita ya hay un listado con todas las llamadas entrantes y salientes de las autoridades de la productora, y en base a ese material es que trabajará la DAJuDeCo.
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Esos datos serán cruzados con fechas relevantes en la cronología de los hechos, como aquellas en las que se firmaron los contratos entre ImHouse y el Estado. La pregunta que subyace es si Manuel Adorni u otros funcionarios tuvieron alguna influencia irregular sobre estas contrataciones.
La productora consiguió seis acuerdos de coproducción con RTA: cinco con la TV Pública y uno con Radio Nacional. Las propuestas audiovisuales incluyeron ciclos de entrevistas conducidos por Grandio, programas de streaming y radio.
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El primer proyecto acordado fue el radial, que se firmó cuatro meses después de la llegada de Adorni al poder. Se trató de un programa emitido por AM 870 y repetidoras de FM.
El 27 de agosto de 2024 se firmó el segundo contrato, para poner al aire el ciclo “Giros en Línea Recta”, conducido por Grandio, por diez capítulos. El costo total de producción fue fijado en $5.883.995 más IVA. ImHouse percibiría los ingresos publicitarios hasta cubrir ese monto y, una vez alcanzado, el resto se repartiría en partes iguales con RTA.
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En marzo de 2025 se extendió el ciclo por otros diez episodios más, a razón de $900.000 más IVA por capítulo; y en septiembre renovaron el contrato para tener otras 16 emisiones, bajo las mismas condiciones contractuales, por $1.097.500 más IVA por capítulo.
El quinto contrato bajo investigación consistió en la producción del programa de streaming “Enredados”, por 20 capítulos, a emitirse en las plataformas digitales de la TV Pública —Twitch, YouTube, Facebook e Instagram—, también con un costo de $900.000 más IVA por capítulo y siempre bajo el mismo cuadro de reparto publicitario.
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El sexto contrato data del 13 de octubre último, para lanzar el programa de streaming “La Sala”, con 50 capítulos. El costo de producción se fijó en $950.000 más IVA por programa.
El jefe de Gabinete viajó junto a su familia y al periodista de la TV Pública Marcelo Grandío
La empresa de medios estatales tenía a cargo la puesta en el aire, estudios, maquillaje, vestuario, escenografía, equipo de producción, personal técnico y seguridad, mientras que ImHouse asumió la organización integral de los contenidos, el equipamiento técnico, el personal, los aranceles a entidades como Argentores, SADAIC y SADEM, y eventuales costos derivados de reclamos judiciales o extrajudiciales, según consta en la causa.
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Detrás de las averiguaciones sobre los contratos entre ImHouse y el Estado hay un posible delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En tanto, por el viaje entre Grandio y la familia Adorni a Punta del Este para el último feriado de Carnaval, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que puede haber sido una dádiva.
Cabe recordar que, según la documentación que aportaron distintos testigos en Comodoro Py, se pagaron 4.830 dólares por la ida -facturada a ImHouse- y otros 3.000 dólares por el regreso -pago en efectivo por Grandio- en avión privado.
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Fuentes en tribunales confirmaron a Infobae que, a la fecha, el jefe de Gabinete no presentó ningún comprobante para demostrar que pagó su parte de los vuelos.
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