Ejército de República Dominicana intercepta camión que transportaba haitianos indocumentados y detienen a un dominicano

El Ejército de República Dominicana (ERD) ha consolidado en las últimas horas una ofensiva estratégica contra las redes de tráfico ilícito de personas en la región noroeste del país.

A través de operativos de inteligencia y patrullaje terrestre, las autoridades lograron desarticular un intento de traslado de indocumentados en la provincia Valverde y desmantelar un centro de acopio masivo en Dajabón, reafirmando la política de “tolerancia cero” ante la migración irregular.

En el operativo más reciente realizado en el municipio de Mao, provincia Valverde, efectivos militares interceptaron un camión marca Daihatsu, modelo Delta, de color blanco, mientras transitaba por la calle Duarte, en las proximidades del puente San Rafael.

El vehículo era conducido por el ciudadano dominicano Terlin de Jesús Peña Pérez, quien, al percatarse de la presencia de las unidades del ERD, intentó realizar maniobras de evasión para escapar del cerco militar. Tras una rápida intervención, los soldados lograron detener la unidad, encontrando en su interior a siete nacionales haitianos (cinco hombres, una mujer y un menor de edad) que no portaban documentación legal para permanecer en territorio dominicano.

Tanto el conductor como los extranjeros fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde se iniciaron los procesos de rigor para el sometimiento a la justicia del ciudadano dominicano por presunta violación a las leyes de tráfico de personas, mientras que los extranjeros fueron entregados a las autoridades migratorias.

Antecedentes inmediatos: El centro de acopio en Dajabón

Este golpe al tráfico humano se suma a una exitosa operación realizada apenas unos días antes, el pasado 27 de abril, en la provincia fronteriza de Dajabón. En dicha ocasión, el Ejército utilizó tecnología de vanguardia, incluyendo el despliegue de drones del 10mo. Batallón de Infantería, para localizar una finca que funcionaba como centro de acopio.

Cifras de la operación en Dajabón:

• Total de detenidos: 49 nacionales haitianos.
• Composición: 33 hombres, 7 mujeres y 9 menores de edad.
• Estatus de la propiedad: Perteneciente a un ciudadano ausente del país, utilizada por mafias locales para ocultar extranjeros antes de distribuirlos hacia las grandes urbes.

Durante esa intervención, los responsables del inmueble lograron huir hacia zonas boscosas al detectar el sobrevuelo de los drones, dejando a los extranjeros abandonados a su suerte. Este hallazgo subraya una modalidad delictiva creciente: el uso de propiedades rurales como “puntos de espera” para evadir los controles en las carreteras principales.

Marco Legal: ¿Por qué ley se rigen estas capturas?

Las detenciones de nacionales extranjeros en condición irregular y de los ciudadanos que facilitan su transporte o albergue no son acciones arbitrarias, sino que descansan sobre un robusto andamiaje legal diseñado para proteger la soberanía y el orden público.

1. Ley General de Migración No. 285-04

Es la pieza jurídica fundamental que regula la entrada, permanencia y salida de extranjeros en la República Dominicana.

• Control de Permanencia: El Artículo 121 faculta a la Dirección General de Migración (DGM), con apoyo de la fuerza pública (Ejército), a detener y deportar a cualquier extranjero que no pueda acreditar su estatus legal.
• Sanciones Administrativas: Establece los protocolos para la repatriación digna, asegurando que se respeten los derechos fundamentales, pero garantizando la salida del territorio nacional.

1. Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas

Esta ley es la que se aplica directamente contra conductores como Peña Pérez o los dueños de fincas que sirven de centros de acopio.

• Penalización del Tráfico: El Artículo 2 tipifica como delito el facilitar la entrada o el transporte de personas sin los requisitos legales para obtener un beneficio económico.
• Penas: Las condenas por tráfico ilícito de migrantes pueden oscilar entre 10 y 15 años de reclusión y multas de hasta 250 salarios mínimos.