El empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como “jefe paraestatal” de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se negó a declarar este miércoles en el marco de la causa de corrupción donde se investiga el desvío de 75 mil millones de pesos durante la primera gestión libertaria del organismo.
Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, Calvete se conectó por Zoom a una audiencia virtual para cumplir con lo ordenado por el juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardi.
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Su comparecencia fue remota debido a que está preso en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza, con algunos problemas de salud. Calvete estuvo acompañado por su abogado Juan Ignacio Pascual, quien tampoco presentó algún descargo escrito.
La Justicia citó para hoy a las 11 a otro empresario, Andrés Horacio Arnaudo, vinculado a Droguería Génesis, una de las más beneficiadas por la ANDIS.
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Estas declaraciones se dan en el marco de una nueva tanda de indagatorias en la causa, a partir de nuevos hechos de corrupción detectados por la investigación del fiscal Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
El martes, los primeros en presentarse fueron Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia, y su segundo, Daniel María Garbellini. Ambos guardaron silencio ante el juez y el fiscal. Todos están procesados, a partir del capítulo inicial de la causa.
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El rol de Calvete
Antes de verse cercado por la Justicia, Miguel Ángel Calvete gozó de cierta exposición a partir de los distintos cargos que ocupó: concejal de Cambiemos en La Matanza, vocero de una agrupación de supermercados chinos y presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, entre otros.
Al menos desde fines de 2023, según consta en la causa, el empresario se convirtió en la puerta de entrada a la ANDIS para aquellas droguerías y proveedoras que querían venderle al Estado.
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A cambio de garantizar esos contratos millonarios a “empresas amigas”, Miguel Ángel Calvete les habría cobrado a cada una entre un 12% y 20% de las sumas adjudicadas, de acuerdo a la acusación fiscal.
Es por esto que el fiscal Picardi lo ubica como uno de los líderes de la asociación ilícita, al entender que habría direccionado las adjudicaciones de la ANDIS y se benefició de coimas derivadas de las contrataciones, impartiendo órdenes directas para orientar decisiones y administrando recursos del Estado sin tener cargo alguno.
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Esta presunta manipulación de procesos de contratación pública ocurrió puntualmente con medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA. Las irregularidades aparecen en compras de las categorías: amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.
Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
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Desde que estalló el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, el lobista permanece detenido por una condena anterior, por proxenetismo. Tiene en trámite un pedido para que le otorguen la prisión domiciliaria. Además, cabe recordar que es el padre de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, también procesada.
En total, 35 imputados desfilarán por Comodoro Py durante este mes y el siguiente para ser indagados en el segundo tramo de la causa.
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