Más de 500 empleados estatales, en su mayoría policías, habrían sido asesinados por la MS-13 entre 2012 y 2022 en El Salvador

Al menos 525 empleados de instituciones estatales habrían sido asesinados en una década, con el máximo registrado en 2015, la mayoría de las víctimas fueron policías.

Así lo revelaron nuevos datos expuestos durante la quinta jornada de la audiencia única abierta en contra de 486 cabecillas de la pandilla MS-13. Según el perito, estos ataques respondían a muertes de pandilleros en enfrentamientos con la policía; la ranfla en libertad solicitaba permiso a la ranfla histórica para ejecutar represalias, incluso contra agentes fuera de servicio o en sus propios hogares.

Durante la audiencia, la Fiscalía inició la reproducción de audios que documentan cómo los líderes de la MS-13 instruían a sus subordinados para ejecutar homicidios, tanto de civiles como de agentes de la Policía Nacional Civil. Uno de estos registros, de aproximadamente una hora y media, evidenció la coordinación para la “apertura de válvulas”.

La reproducción de 125 audios en la sala judicial constituye una de las pruebas centrales del caso. La Fiscalía afirma que estos registros prueban el nivel de coordinación interna y la capacidad de decisión de la cúpula sobre actos de violencia y homicidio.

La investigación judicial también evidenció dos modalidades principales de asesinato autorizadas por los altos mandos de la MS-13. El método conocido como “H1” consistía en desaparecer y sepultar a las víctimas, mientras que la modalidad “asolear” implicaba dejar los cuerpos en la vía pública tras el homicidio, enviando así un mensaje de control y amenaza sobre la comunidad.

El perito detalló la existencia de 103 reglas internas o “testamento” que regulaban la vida dentro de la organización. Estas normas incluían castigos severos por faltas de respeto a los líderes, la pena de muerte para miembros implicados en violaciones no autorizadas, golpizas o ejecuciones por desobedecer órdenes y la prohibición de agredir a familiares de integrantes. Toda acción contra informantes, rivales o policías debía ser consultada previamente.

La MS-13 funcionaba como un “estado paralelo”, ejerciendo dominio sobre aspectos cotidianos en las comunidades bajo su control. Imponían reglas sobre el uso de parqueos, restringían el ingreso de personas ajenas, limitaban la cantidad de vehículos por familia, monopolizaban la distribución de productos básicos y realizaban conexiones ilegales de servicios de agua, energía e internet, además de usurpar viviendas.

En el vocabulario interno, la expresión “válvulas abiertas” hacía referencia a órdenes de asesinatos indiscriminados. Entre 2011 y 2022, se identificaron 25 episodios bajo esa modalidad según testigos y 21 adicionales a partir de otras fuentes, con un pico en 2017. Las víctimas podían ser tanto objetivos específicos como personas sin vínculo con la organización.

El perito convocado por la acusación fundamentó sus conclusiones en entrevistas, informes de investigación y datos extraídos de teléfonos móviles, aportando una visión detallada de la estructura y funcionamiento de la pandilla.

El análisis presentado en la audiencia destacó que hasta 2022 la MS-13 mantenía 34 programas territoriales en El Salvador y el extranjero, agrupando unas 230 clicas bajo un sistema jerárquico encabezado por los ranfleros históricos, seguidos de mandos en libertad, corredores de programa y clicas, homeboys y otros niveles inferiores.

La audiencia continuará con la valoración de pruebas documentales y periciales, así como la reproducción de los audios que la Fiscalía considera clave para demostrar la estructura y los crímenes coordinados por la cúpula de la MS-13.